La Seguridad Social ha cargado con la mayor parte del peso de las medidas del coronavirus, con más gasto por el incremento de las prestaciones y el número de las mismas, y menos ingresos, por la exoneración del pago de cuotas de la Seguridad Social a empresas y autónomos. Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado rescatar las cuentas de la Caja Única con más de 30.500 millones de euros.

Concretamente, el cónclave ministerial ha aprobado un crédito extra de 14.002 millones por un lado y por el otro un préstamo "máximo" de 16.500 millones para cubrir las prestaciones de desempleo que se están teniendo que pagar por los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) generados por el Covid-19 y que son a cuenta de la Seguridad Social. 

Esta es la segunda operación de 'rescate' que tiene que ejecutar el Estado en lo que va de crisis. A mediados de abril ya se aprobó un crédito de más de 13.800 millones para el pago de pensiones. 

Además, el Consejo de Ministros ha aproabado dos suplementos de crédito motivados por la doble prórroga presupuestaria de 99 y 272 millones de euros para completar prestaciones no contributivas y la prestación por hijo a cargo, respectivamente.

Impuestos

Estas medidas forman parte de un nuevo bloque de medidas económicas para paliar la crisis económica generada por el Covid-19, que el Consejo de Ministros ha aprobado con un real decreto-ley (RDL) y que la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha desvelado este martes.

En él también está incluida la ampliación del aplazamiento tributario para autónomos y pymes que el Gobierno aprobó en marzo, una iniciativa que se aplica tras el acuerdo del PSOE con Ciudadanos para lograr el apoyo de los 'naranjas' a la ampliación del estado de alarma. 

De esta manera, los colectivos citados pueden retrasar hasta cuatro meses, en vez de tres, el pago de hasta 30.000 euros en impuestos sin intereses. Según ha explicado la también ministra de Hacienda, se han registrado hasta 1,6 millones de peticiones de esta medida, de la que ya se han beneficiado 638.000 autónomos y pymes, retrasando el cobro de unos 3.031 millones de euros.

Además, se han ejecutado cambios para que las empresas puedan presentar el Impuesto de Sociedades aunque no hayan podido aprobar cuentas anuales por la situación generada por la Covid-19.

Así mismo, se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre las medidas extraordinarias del real decreto para la flexibilización del empleo agrario, que fue aprobado el pasado mes de abril y que permite a los trabajadores, entre otras cuestiones, combinar prestaciones públicas con recibir un salario. 

El RDL habilita además al Gobierno a participar en los "mecanismos creados a nivel europeo" para la crisis del coronavirus, concretamente el fondo para cubrir los ERTE (el SURE) y el Fondo Paneuropeo de Garantías del Banco Europeo de Inversiones. 

Fundaciones bancarias

El conjunto de medidas aprobado incluye también un año más de plazo para que las fundaciones bancarias constituyan su fondo de reserva, en lugar de sacar a bolsa a la entidad para reducir su participación en la misma, tal y como establece la normativa vigente, que indica que las participaciones de las fundaciones debían reducirse por debajo del 50% este mismo 2020.

Para cumplir con la regulación, existían dos opciones: salir a bolsa como eligió Ibercaja -operación que aún no se ha llevado a cabo y que ya cuenta con más plazo del fijado inicialmente- o constituir ese fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito participada en situaciones de dificultades, que fue el caso de Unicaja y de Kutxabank.

En el ámbito bancario, el Gobierno también ha aprobado un incentivo a la moratoria de las hipotecas y préstamos al consumo, que amplía a los beneficiarios de esta medida, además de adoptar la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) para que los bancos no paguen dividendos, al menos, hasta octubre de este año.