Durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena Gran Recesión, la subida de la prima de riesgo situó a España al borde del abismo. De ser una completa desconocida para los no iniciados, la prima de riesgo -es decir, el diferencial de interés entre el bono español a 10 años y el alemán del mismo plazo- se convirtió en fuente de inquietud diaria para políticos y ciudadanos de a pie.

Cuando Zapatero ganó sus segundas elecciones en marzo de 2008, la prima de riesgo estaba alrededor de 30 puntos; cuando dejó el poder en noviembre de 2011 se había disparado por encima de los 460 puntos, en el punto álgido de la crisis de deuda. De hecho, la convocatoria de elecciones anticipadas y su renuncia a ser candidato se debió en gran parte a la pérdida de confianza de los mercados que tuvo a la prima de riesgo como su mayor indicador.

En la crisis del coronavirus, España está de nuevo en el centro del huracán. Junto con Italia, es el país de la UE que sufrirá una recesión más grave (-9,4%) y donde aumentarán más el déficit (hasta el 10,1%) y la deuda (hasta el 115,6%). Por no hablar del paro, que ya duplicaba la media de la eurozona antes del Covid-19 y que ahora se disparará hasta el 18,9%, según las previsiones de la Comisión Europea.

Sin embargo, Pedro Sánchez no tiene que preocuparse ahora por la prima de riesgo: este jueves ha caído alrededor de 10 puntos básicos, hasta los 87 puntos, gracias a la intervención del Banco Central Europeo (BCE). Una prima de riesgo que blinda al presidente del Gobierno y que hace prever que al menos no caerá de la forma en la que lo hizo su antecesor socialista en Moncloa. También la prima de riesgo italiana ha descendido 18 puntos (hasta 172) y la griega 14 puntos (hasta 171).

Y es que el Consejo de Gobierno del BCE, presidido por Christine Lagarde, ha aprobado ampliar en 600.000 millones de euros el programa de emergencia de compra de deuda frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), que contará así con una dotación total de 1,35 billones de euros. Además, la francesa extiende la duración del plan hasta, al menos, junio de 2021 y se compromete a reinvertir la deuda que llegue a vencimiento hasta finales de 2022. 

Es una nueva ronda de estímulos más ambiciosa de lo esperado -los analistas preveían un incremento de medio billón y dudaban de si el BCE esperaría a julio- para salir al rescate de Italia y España, los países más golpeados por la pandemia y, a la vez, los que disponen de menos margen de maniobra presupuestario para reparar los daños.

El BCE hará todo lo necesario

El expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet, ya hizo un primer ensayo de comprar deuda emitida desde Madrid y Roma en agosto de 2011, cuando la prima de riesgo rondaba los 400 puntos, en zona de rescate. Lo ejecutó a regañadientes tras enviar una carta a ambas capitales en la que exigía reformas. Fue entonces cuando Zapatero pactó con Mariano Rajoy la reforma de la Constitución para limitar el déficit. El entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se desdijo de sus promesas y Trichet abandonó muy pronto el plan.

Durante los primeros meses de Rajoy en el Gobierno, la prima de riesgo siguió escalando alimentada por episodios como los graves problemas de Bankia. Al final, la Unión Europea (UE) tuvo que ofrecer a España un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros. Pero ni siquiera esta ayuda consiguió contener el diferencial de la deuda española, que rozó los 650 puntos a finales de julio de 2012.

La salvación de España -y también de la moneda única- llegó de la mano del sucesor de Trichet, Mario Draghi, con sus 'palabras mágicas' el 26 de julio de 2012 en Londres. "Dentro de nuestro mandato, el BCE hará todo lo que sea necesario para preservar al euro. Y créanme, será suficiente", proclamó el banquero italiano.

Desde entonces, el BCE ha ejercido de guardián plenipotenciario de la moneda única: sus planes de estímulo masivos sirvieron para apuntalar la recuperación y contrarrestan la incapacidad de actuar y el enfrentamiento entre los gobiernos de la UE. Gracias a Draghi, lo que era un organismo conservador modelado a imagen y semejanza del Bundesbank alemán y centrado en combatir la inflación, se transformó en una institución innovadora y potente, capaz de crear un arsenal anticrisis reforzado.

Durante un instante, la actual presidenta estuvo a punto de destruir este legado. Fue el pasado 12 de marzo, al principio de la crisis del coronavirus. "No estamos aquí para reducir las primas de riesgo", dijo Lagarde en una rueda de prensa. Aunque intentó desdecirse minutos después, los mercados ya se habían incendiado y las primas de riesgo de España e Italia subieron. 

Con el incremento en 600.000 millones de euros de su plan de estímulo, la francesa demuestra por la vía de los hechos que efectivamente hará todo lo necesario para evitar que el euro estalle. También deja claro que no se deja amilanar por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Alemán que cuestiona la compra de deuda. "El BCE está sujeto únicamente a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE", ha dicho.

Prestamista de último recurso

"La decisión de este jueves debería acallar cualquier especulación futura sobre si el BCE está dispuesto o no a jugar su papel de prestamista de último recurso para la eurozona", sostiene el economista jefe de ING, Carsten Brzeski. 

La intervención del BCE da aire al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que el grueso de las ayudas europeas para la reconstrucción todavía está por definir. Sin ellas, otra crisis de deuda sería inevitable. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, insiste en que España no acudirá al fondo de rescate de la UE (MEDE) por el 'efecto estigma' de la experiencia de 2012, aunque sí pedirá ayuda para los ERTE del nuevo instrumento SURE.

España podrá acceder hasta 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción que acaba de proponer la Comisión de Ursula von der Leyen. Eso sí, a cambio, Sánchez debe enviar a Bruselas antes del 15 de octubre un plan de reformas que contemple las prioridades de la UE, como la profundización de la reforma laboral o nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. 

En todo caso, el fondo de reconstrucción todavía tiene que aprobarse por unanimidad de los Estados miembros y ser ratificado por la Eurocámara. El autodenominado club de los frugales -Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca- mantienen su resistencia a este instrumento. Y pase lo que pase, el dinero no empezará a fluir hasta principios de 2021, por lo que España dependerá del BCE lo que queda del año.

Lagarde ha vuelto a avisar este jueves de que las perspectivas económicas son aterradoras: la eurozona sufrirá este año una contracción sin precedentes del 8,7%, que podría empeorar hasta el 12,6% si se producen rebrotes graves de la pandemia en los próximos meses. Los países que comparten la moneda única corren además el riesgo de caer en una espiral deflacionista. 

La mayoría de los analistas consideran que el BCE tendrá que volver a recargar su bazuca en otoño (al menos otro medio billón de euros) para ayudar a absorber las emisiones de deuda sin precedentes que están realizando los países de la eurozona para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus, rebajar sus costes de financiación y mantener bajo control las primas de riesgo de Italia y España.

"Consideramos que se producirá un incremento adicional de la dotación del PEPP antes de finales de año. Esto refleja la profunda recesión económica y la significativa desinflación que desencadenará en los próximos años. De hecho, el riesgo de un periodo sostenido de modesta deflación es ahora importante", avisa el economista jefe de ABN-AMRO, Nick Kounis.