Todo proyecto presupuestario tiene un principio, o más bien un prólogo. En el caso de España, dicho prólogo es un paso necesario e indispensable al que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Se trata de aprobar en el Consejo de Ministros y presentar en el Congreso el techo de gasto correspondiente, en este caso de 2021, que en esta ocasión tendrá que ir acompañado de nuevos objetivos de déficit y de deuda pública para los próximos años. Sin embargo, este movimiento no se hará hasta que las negociaciones para el reparto de los fondos europeos avancen.

Así lo indican fuentes del Ministerio de Hacienda, departamento ‘arquitecto’ del proyecto presupuestario, que avisan de que la nueva senda fiscal y de estabilidad no se conocerá en el corto plazo. Para su elaboración se consideran claves los acuerdos a los que lleguen los líderes europeos en las próximas semanas.

Cabe recordar que, a través de diferentes vías, la Comisión Europea plantea entregar a los estados miembro unos 750.000 millones de euros para poner coto a la crisis del Covid-19. Y España aspira a hacerse con 140.000 milllones.

De ahí que todavía no se puedan precisar ni los objetivos de déficit ni de deuda previstos para los próximos años, puesto que toda previsión ha quedado ‘arrasada’ por el impacto del Covid-19. Cabe recordar que el techo de déficit previsto para este año era del 1,8% del PIB, pero el impacto de la crisis económica ha obligado al Gobierno a subirlo al 10,7% del PIB. Un crecimiento geométrico importante.

Por ello, los objetivos de déficit de 2021 (1,5% de PIB), 2022 (1,2%) y 2023 (0,9%) ya pertenecen al ámbito de la ciencia-ficción. No son válidos. Lo mismo ocurre en el caso de la deuda pública, para la que se esperaban sucesivas bajadas en el futuro. Pero el impacto del coronavirus la llevará del 95% de PIB de enero al 115% cuando acabe el año.

Sin embargo, los objetivos de estabilidad citados para 2021, 2022 y 2023 son los legalmente vigentes a pesar de su irrealidad. El Gobierno tuvo tiempo, antes de la crisis del coronavirus, de someterlos al dictamen del Congreso y del Senado y de lograr su aprobación en ambas cámaras.

Por ello, el Ejecutivo tiene que presentar otros techos de déficit y de deuda, adecuados al impacto del Covid-19, para sustituirlos. Y lograr el visto bueno de las Cortes, por supuesto.

Plazos

Con todo, y a pesar de que el horizonte para que los líderes europeos cierren un pacto para el reparto de fondos ‘anticrisis’ es mediados de julio, en Hacienda sostienen que María Jesús Montero, la responsable del departamento, cumplirá su compromiso de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado “en tiempo y forma”.

Esto significa que se mantiene la intención de presentar el proyecto presupuestario al Congreso, como tarde, pasado septiembre. Y aún así, lo más probable es que los trámites para su aprobación no pudiesen finiquitarse hasta entrado 2021, a no ser que se aceleraran los trámites parlamentarios. 

Pocos proyectos presupuestarios arrojan tantos interrogantes como los próximos presupuestos. Serán los primeros de un Gobierno de coalición en España, y así mismo tendrán que estar diseñados para abordar la crisis del coronavirus, algo que va a depender de los millones que lleguen desde Bruselas (y la condicionalidad que puedan suponer).

En este sentido, el único flanco en el que el Ejecutivo ha mostrado sus cartas, y solo ligeramente, es el fiscal. Por lo pronto, tanto el PSOE como Unidas Podemos plantean la reforma fiscal que cimentaron en su acuerdo de gobierno. Es decir: subidas tributarias a las grandes empresas y las clases altas, revisión importante a los beneficios fiscales y aprobación de las tasas Google y Tobin (esto último, aparte de los Presupuestos).

Sin embargo, es posible que el ‘pack completo fiscal’ se tenga que moderar. El proyecto presupuestario se tendrá que negociar con un amplio espectro de partidos, entre ellos Ciudadanos. La relación de los ‘naranja’ con Moncloa pasa por una luna de miel política, pero su apoyo no será gratis.

Por ello hay tantas dudas sobre las líneas básicas de los próximos Presupuestos. De hecho, hasta que no se aclare el futuro de los fondos europeos, no quedará claro qué podrá hacer España en el campo social. Hace unos meses, la idea era incrementar los fondos en políticas como dependencia o subir el Iprem para permitir un mayor acceso a las ayudas públicas, pero en un contexto de crisis como actual estas políticas ya no parecen tan claras.

La única ‘nueva política’ que tiene su financiación asegurada en 2021 es el Ingreso Mínimo Vital, medida estructural aprobada en esta crisis y para la que se espera un coste de unos 3.000 millones al año. Así mismo, se espera un importante incremento de las partidas sanitarias para 'pertrechar' la sanidad española ante eventuales pandemias presentes y futuras. 

En el resto de los terrenos, y a falta de cifras concretas, solo hay interrogantes para unos Presupuestos cuyos cimientos requerirán los euros que lleguen de Bruselas.