El Gobierno insiste en su reforma fiscal. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avisado de que no variará los principales pilares de su futuro planteamiento tributario, que son aumentar la imposición a las grandes empresas e incrementar la progresividad del IRPF, es decir, que tributen más las rentas altas.

Concretamente, Sánchez ha apostado este jueves por una "mayor justicia fiscal" subiendo tributos "a los que más tienen, las grandes corporaciones y grandes patrimonios, no a las pymes". 

Estas ideas están reflejadas en el programa de Gobierno que acordaron el PSOE y Unidas Podemos a finales del año pasado… y parece ser que serán de las que sobrevivan a la crisis del coronavirus y se retomen en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno tiene que tramitar para 2021.

¿Cuál será su impacto? Pobre y escaso, teniendo en cuenta que España afronta una pérdida de recaudación pública que podria llegar a ser de 46.000 millones de euros (cerca de un 4% de PIB) en 2020 por la debacle económica, según ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Para paliarlo, se apuesta por medidas como subir el IRPF en las clases altas. Concretamente, el alza será de dos puntos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las que excendan de 300.000 euros.

Según los cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la medida tocaría los impuestos de 121.550 personas. Entre ellas estarían los 8.400 contribuyentes con mayores rentas del país, que aumentarían su tributación a través del IRPF en unos 28.000 euros cada uno de ellos.

Incremento recaudatorio

Según el Gobierno, en los cálculos que envió a la Comisión Europea el año pasado (estaba previsto que esta subida tributaria entrara en los Presupuestos de 2019), la aspiración es que con la subida del IRPF se logren unos 328 millones de euros anuales adicionales, aunque Gestha eleva esta cantidad a 524 millones.

Aunque Sánchez no lo ha mencionado explícitamente, la subida del IRPF iría acompañada también de un incremento del tipo sobre las rentas de capital de 4 puntos porcentuales para las rentas superiores a 140.000 euros.

El Ejecutivo no proporciona los ingresos previstos por esta mayor tributación del ahorro, aunque en Gestha la valoran en unos 338 millones.

Así mismo, aunque por lo pronto la posibilidad de aprobar un impuesto específico para grandes fortunas como ha pedido Unidas Podemos se ha desvanecido, el Ministerio de Hacienda se guarda bajo la manga utilizar los impuestos autonómicos para incrementar la tributación de estos colectivos. Así, apuesta por una armonización fiscal que permita subir figuras como Sucesiones y Patrimonio. 

De hecho, el Impuesto sobre el Patrimonio lleva en el foco del Gobierno desde el principio del mandato de Sánchez. Ya se había planteado subirlo para hacer tributar más a las clases altas españolas. Sin embargo, si no se reforma y armoniza a nivel estatal, no serviría de nada incrementar su fiscalidad: las comunidades autónomas lo pueden bonificar hasta prácticamente anularlo, algo que ya ocurre en Madrid. 

Respecto a las grandes empresas, el Gobierno quiere ejecutar su plan a través del Impuesto de Sociedades. Por un lado, generando un tipo mínimo del 15% no deducible, una apuesta con escaso impacto según los fiscalistas porque los grandes conglomerados presentes en España ya pagarían por encima de este tipo fiscal.

Más efectivo, en términos recaudatorios, es la limitación que se prevé para la exención de la repatriación de dividendos obtenidos en el extranjero, que pasaría de un 100% al 95%.

Sin embargo, los técnicos de Hacienda avisan de que hacer predicciones en el caso de Sociedades es virtualmente imposible. La constante variabilidad del escenario de la crisis económica impide hacer pronósticos fiables. Algo que, avisan, también puede suceder en el caso del IRPF.

Otras fórmulas

Aunque el incremento de impuestos a grandes empresas y rentas altas son las fórmulas tributarias más recientes confirmadas por Sánchez, el Gobierno maneja otras iniciativas paralelas.

Entre ellas están las tasas Google y Tobin. El Ministerio de Hacienda está tratando de acelerar por todos los medios la tramitación parlamentaria (incluso ha pedido ampliar el periodo de apertura del Congreso) de los nuevos impuestos a ciertas operaciones digitales -que tiene como fin hacer pasar por caja a gigantes como Google, Facebook o Amazon- y a las transacciones financieras.

También entra en liza la nueva fiscalidad verde. En este campo estaría la subida de los impuestos del diésel (para equipararlo con la gasolina) y el tributo ya planteado para plásticos de un solo uso.

Así mismo, el Gobierno recortará los beneficios fiscales que hoy están activos. Y es que, a día de hoy, nuestro país deja de recaudar unos 31.800 millones por esta vía, de los que unos 22.000 se ‘pierden’ a través del impuestos sobre el valor añadido (IVA) y los Especiales. Para ello, la AIReF está elaborando un estudio que se espera que se conozca a lo largo de este mes de junio.

Cabe recordar que, en el marco de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, el PSOE se había comprometido con Ciudadanos a que cualquier tipo de medida para incrementar los ingresos fiscales debería realizarse "sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas".

Socialistas y 'naranjas' habían firmado la paz en los últimos tiempos con varios pactos para sacar adelante el estado de alarma, y de hecho se había planteado la posibilidad de que los de Inés Arrimadas pudieran entrar en los acuerdos para sacar los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, esto sería inviable si hubiese subidas tributarias desmesuradas. Veremos cuántas de las citadas pasan este 'corte'. 

Además, cabe recordar que también hay varias iniciativas en marcha para aumentar la eficiencia del gasto público y reducir la evasión fiscal. En este sentido, Gestha, avisa de que la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80%. Por ello, los técnicos piden desplazar la investigación a grandes fortunas y multinacionales y una "ambiciosa" Ley de Lucha contra el Fraude para recaudar 34.500 millones de euros adicionales al año.