La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso se da de plazo el mes de agosto para que los distintos grupos realicen sus posicionamientos sobre las recomendaciones relativas al sistema de pensiones, con la intención de poder cerrarlas en septiembre, cuando se realizarán nuevas comparecencias.
En concreto, está previsto que acudan de nuevo a comparecer a la comisión parlamentaria el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, según han señalado a Europa Press en fuentes de la comisión. De hecho, ya se ha convocado a la mesa y portavoces de la comisión para el martes día 1, el miércoles día 2 y el jueves día 3 de septiembre.
Estos son los siguientes pasos previstos por el Pacto de Toledo tras la última reunión de la mesa y portavoces de la comisión el pasado martes, en la que concluyeron el repaso de las 20 recomendaciones.
En el último mes se han constatado "más coincidencias" y "ganas de trabajar" en la revisión de las recomendaciones para elaborar un documento final próximamente, tras trabajar en los últimos años desde hace dos legislaturas, según han señalado a Europa Pres fuentes parlamentarias.
En este sentido, las mismas fuentes subrayan que hay "voluntad" y creen que el Pacto de Toledo se mantiene al margen de lo sucedido en la Comisión de Reconstrucción, en el que no se ha logró un consenso sobre el documento social.
Recomendaciones
En un principio, podría lograrse el consenso sobre la recomendación segunda, que incluye como valor de referencia para la revalorización de las pensiones el IPC real, un punto sobre el que hubo discrepancias el ejercicio pasado y que se dejó fijado con acuerdo de todos los partidos, salvo ERC.
Una de las principales recomendaciones que estuvieron cerca del consenso el año pasado es la referida a poner fin al déficit de la Seguridad Social en el ejercicio 2025.
Otras propuestas pasan por elevar la dotación mínima del Fondo de Reserva del 5% al 7% del gasto anual en pensiones contributivas y supeditarlo a una regla de disponibilidad.
A su vez, otra opción es que el Estado pudiese compensar la falta de cotización de colectivos como el de las mujeres que de forma involuntaria hayan dejado de trabajar temporalmente para cuidar a hijos o personas dependientes vía Presupuestos.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha propuesto aproximar la edad efectiva de jubilación (actualmente por debajo de los 63 años) a la edad legal (67 años) incentivando la demora en la jubilación a través de la reordenación de los incentivos existentes. Según Escrivá, trabajando sobre estos incentivos positivos para abordar el problema de medio plazo del sistema se pueden conseguir resultados tangibles para que se visualice como "algo reconducible y manejable".
En cualquier caso, ha insistido en varias ocasiones en que las pensiones están "absolutamente aseguradas".