El Tribunal de Cuentas advierte de que la Seguridad Social adolece de un problema "estructural" de sostenibilidad financiera, con unos recursos contributivos insuficientes para satisfacer el nivel de prestaciones, sobre todo pensiones, por lo que de no acometerse de manera "urgente" las reformas necesarias sobre su configuración en el ámbito de la financiación y en la protección, peligrarían la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema.

Así se desprende del último informe de fiscalización sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018, en el que constata que la Seguridad Social adolece de un problema de sostenibilidad financiera de "carácter estructural", ocasionado por la actual configuración de su modalidad de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y socio-económica que ha tenido lugar en España.

Dado que los recursos contributivos obtenidos "no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas, fundamentalmente, pensiones" de igual naturaleza, avisa de que si no se acomete de manera "urgente" las reformas necesarias sobre su actual configuración, en el ámbito de la financiación y/o en el de la protección, "peligrarían la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema".

Desfases significativos

La causa de que los resultados económico-patrimoniales sean negativos en el periodo analizado y, en consecuencia, de que también lo sea el patrimonio neto en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son los "desfases significativos" entre los gastos y los ingresos de naturaleza contributiva, provocados principalmente por el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista (incremento del 18,73% en este periodo) respecto al del ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28%, en el mismo periodo).

En el primer caso, el incremento se debe a que las nuevas incorporaciones llevan asociadas pensiones más elevadas, y también al aumento neto del número de pensionistas, a lo cual ha contribuido sin duda el alargamiento de la esperanza media de vida de estas personas; mientras que la minoración de ingresos se debe a la recesión que afectó a la economía española y su efecto sobre el empleo y los salarios.

Estos desfases entre ingresos y gastos, además de ocasionar desequilibrios económico-financieros, han provocado también desequilibrios presupuestarios y desfases de tesorería. El patrimonio neto negativo que presenta el balance de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2018, por 37.933 millones de euros, es consecuencia, fundamentalmente, de que los resultados económico-patrimoniales negativos acumulados del periodo 2010 a 2018, por 115.022 millones, han sido superiores a los resultados positivos acumulados del periodo 2007 a 2009, por 32.983 millones y al saldo del Fondo de Estabilización, por 31.624 millones.

Reforma en el Pacto de Toledo

Ante este panorama, el Tribunal de cuentas recuerda que el Pacto de Toledo, en su recomendación decimoquinta, relativa al análisis y seguimiento de la evolución del sistema, propuso que el Congreso de los Diputados constituyera cada cinco años una ponencia que estudiase el presente y futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo.

Sin embargo, a pesar de la "importancia y gravedad del problema de sostenibilidad financiera estructural que actualmente aqueja al sistema", indica que no se ha aprobado ningún informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo con posterioridad al aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011.

Entre tanto, señala que la insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva ha sido solventada con vías de financiación adicionales a las obtenidas de la actividad de gestión ordinaria de la Seguridad Social, por importe total de 112.804 millones de euros, procedentes de las utilizaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de las disposiciones, con carácter teóricamente transitorio, de los fondos depositados en la cuenta especial en el Banco de España del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, de la concesión de préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de una transferencia corriente estatal.

Sin embargo, el organismo apunta que aunque estas vías de financiación adicional han permitido una "recuperación temporal" de la tesorería del sistema y han proporcionado, además, cobertura presupuestaria a las obligaciones de la Seguridad Social, repercutiendo positivamente en el resultado presupuestario a nivel global, son medidas "transitorias" que" si bien han permitido actuar al sistema en momentos de crisis, no resuelven el problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural que le aqueja actualmente".

Sobre el endeudamiento total del sistema, que figura en el balance a 31 de diciembre de 2018, alcanza un total de 79.222 millones de euros, lo que supone el 6,56% del PIB del mismo ejercicio, "habiendo incluso aumentado en 2019".

Financiación

De esta forma, propone al Congreso que de "manera urgente", proceda a estudiar la actual configuración del sistema de Seguridad Social al objeto de proponer "las medidas legales, o de cualquier otra índole, que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario del mismo", en el marco del Pacto de Toledo.

Teniendo en cuenta que lo que se pretende es hacer frente a un problema estructural, las medidas que, en todo caso, se adopten considera que "deberían tener idéntico carácter, huyendo de soluciones transitorias que no han impedido que el patrimonio neto del sistema siga siendo negativo cada vez en mayor medida".

Hasta que se desarrollen estas reformas propone a las Cortes Generales que regulen en una norma con rango de ley la necesidad de que los déficits financieros y presupuestarios que haya de soportar la Seguridad Social se cubran, como hasta ahora, con financiación estatal, pero a través de transferencias corrientes y no de préstamos.

También recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en la recomendación primera del Pacto de Toledo.

Para ello, señala que deberán cuantificarse los gastos no contributivos asumidos por el sistema y, en el marco de esta liquidación, incluir la cancelación de la deuda con el Estado por los préstamos.