El Partido Popular ha iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios para intentar echar abajo en el Congreso de los Diputados el decreto ley que da opción a que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Gobierno y puedan disponer de 5.000 millones de euros este año y el que viene para impulsar la recuperación económica.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, en la clausura de un acto de su partido en Marbella, en el que ha participado junto con el presidente provincial del PP de Málaga, Elías Bendodo, y la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz.

Terol ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abdique" de su intención de "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos, a través del real decreto ley aprobado tras el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un decreto que ve "discriminatorio" y que cree que supone establecer un "corralito" y "la incautación y robo" de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos.

En este sentido, el vicesecretario popular también ha acusado a la ministra de Hacienda, María José Montero, de decir "muchas mentiras" y ha asegurado que el PP sí que ha planteado alternativas a este acuerdo y ha mostrado la disposición de su partido a una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "de manera inmediata" a través del trámite de lectura única para permitir que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes.

Antonio González Terol ha anunciado igualmente que su el Partido Popular se sumará al manifiesto firmado por once alcaldes de ocho formaciones políticas distintas en contra de esta decreto "discriminatorio y expropiatorio" porque, aunque son partidos de diferente ideología, el PP mantiene con ellos "un profundo acuerdo en el desacuerdo" con la nueva normativa.

Esta iniciativa forma parte de una batería de medidas puestas en marcha por el PP contra el decreto aprobado por el Gobierno, que incluyen un recurso ante el Tribunal Constitucional y mociones en todos los ayuntamientos contra el acuerdo con la FEMP.