Aunque el contenido fiscal de los próximos Presupuestos Generales del Estado sigue siendo una incógnita, ya es sabido que el Gobierno de coalición ha decidido no incluir el grueso de la reforma tributaria en él. De hecho, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha decidido 'renunciar' en gran medida a ella. 

Según el documento de 58 páginas que recoge el Plan de Recuperación que el Gobierno enviará a la Comisión Europea con directrices para vehicular los fondos europeos y al que ha tenido acceso Invertia, la futura reforma fiscal se dejará en manos de una comisión que decidirá su formulación.

"Con el fin de analizar las distintas opciones y elevar propuestas de reforma, se establecerá inmediatamente un grupo de expertos para la reforma fiscal", indica el texto, que precisa que "en tanto se desarrolla este trabajo" se abordarán acciones a corto plazo. 

Entre estas medidas, estarán la mejora de la fiscalidad medioambiental así como ajustes en "impuestos ya existentes para reforzar su eficacia, eliminar algunas disfunciones y adaptar los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo. Se trata de lanzar señales fiscales y de precio que orienten hacia inversiones y gestión dirigidas a la sostenibilidad", indica el documento. 

Además, precisa que se tendrán en cuenta los consejos para hacer más eficiente el gasto público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Particularmente se abordará la implementación de las "recomendaciones de la AIReF sobre deducciones fiscales", que incluían desincentivar los planes de pensiones individuales y suprimir los tipos reducidos de IVA, aunque esto solo se abordará cuando se supere la crisis. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Por otro lado, en el ámbito de las pensiones, el documento no se mueve de la hoja de ruta trazada por José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, y la que se espera que en breve apruebe el Pacto de Toledo. 

Es decir, incentivar el retraso de la edad de jubilación y desincentivar la jubilación anticipada, fomentar los sistemas de pensiones sociales o de empresa como alternativa a los planes de pensiones individuales y hacer converger los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía.

Para el Gobierno, la colaboración público-privada constituye un "principio director indispensable" del Plan de Recuperación y tiene el fin de "aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo".  

De esta manera, el Ejecutivo espera movilizar 4 euros privados por cada euro público. Así, los 140.000 millones de origen público podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado. "El uso de instrumentos financieros, como por ejemplo los fondos público-privados de inversión (para I+D, start-ups, o digitalización…), puede ser útil para articular esta imprescindible colaboración con el sector privado", indica el texto.

Transporte y agenda urbana

Dentro del Plan de Reconstrucción que prepara el Ejecutivo, se va a poner en marcha un gran plan de modernización y digitalización en el transporte, que junto con la agenda urbana, supondrá un mayor apoyo a fomentar ciudades saludables, gracias a la reducción de la contaminación atmosférica.

También se ha hecho una mención especial al autoconsumo. Tanto es así que el Gobierno prepara una Estrategia Nacional de Autoconsumo, que se integrará en la edificación. Esta nueva industria generará empleo local, reducirá costes energéticos para familias y empresas y desarrollará mayores potenciales para la digitalización y electrificación de consumos derivados de la movilidad y la climatización, entre otros.

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y Ministra de Transición Ecológica.

Otro de los sectores que potenciará el Gobierno es el gasista. En su plan incluye una hoja de ruta del biogás para favorecer la valorización de residuos para la generación eléctrica, usos térmicos y de movilidad.

Respecto a la economía 'azul', se desarrollarán programas de apoyo al desarrollo tecnológico al igual que actuaciones en nuevas tecnológicas de energías renovables en el ámbito marino, aprovechando las oportunidades de empleo y competitividad ligadas a este sector. Asimismo, se impulsarán las comunidades energéticas, las 'start-ups' y las iniciativas innovadoras.

Por último, el plan prevé el impulso al despliegue y la actualización tecnológica de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la gestión de la demanda, el desarrollo del agregador independiente y los recursos energéticos distribuidos.

Digitalización

En cuanto a la digitalización, el primero de los objetivos es un plan para favorecer la conectividad digital en todo el territorio. Con él, se pretende potenciar la velocidad de la red y la calidad en determinadas zonas rurales del territorio con una cobertura del 100% de fibra en 2025 y del 75% para la futura red 5G.

El plan pone especial atención en la seguridad de empresas, pymes y start-ups, para que puedan mantener su actividad en la era del teletrabajo. En este sentido, también se ponen sobre la mesa medidas destinadas a acelerar la transformación digital, siempre sobre la base de la colaboración público-privada.

La secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas Jesús Umbría

Se plantea además una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía, basada en la digitalización de los servicios y de su funcionamiento. Se pondrá en marcha además un plan de refuerzo y despliegue de ciberseguridad. 

También se activará un plan nacional de capacidades digitales (digital skills) del conjunto de la población. Se fomentará la digitalización de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (upskilling y reskilling) en el trabajo, con especial atención en recortar la brecha de género y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico.

Salvador Illa, ministro de Sanidad. Efe

Los millones de Bruselas también servirán para el desarrollo de planes específicos de impulso a la Ciencia e Innovación en "áreas prioritarias clave", principalmente sanitarias. Así, se priorizarán proyectos de biomedicina y potenciación de la innovación y la investigación en salud y vacunas. También en transición ecológica, industria aeronáutica y tecnologías de computación avanzada.

La estrategia de Moncloa también incluye la renovación y ampliación "de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS)". Para ello se rediseñará el propio sistema, apostando por la modernización tecnológica, la renovación de equipamientos y transformación digital. También se apuesta por la reserva estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos y el "impulso de un sector industrial acompasado con las necesidades sanitarias".

Empleo

En el documento, el Gobierno insiste en que las medidas que ha activado para hacer frente a la pandemia han ayudado a sostener el empleo, pero reconoce que no serán suficientes para recuperar los puestos de trabajo perdidos por la Covid.

Menciona en concreto los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que han servido para amortiguar la crisis y que quiere consolidar como una herramienta permanente para empresas ante shocks.

Además, recuerda que el alto desempleo es un problema estructural para España, junto con la precariedad laboral.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

Considera, así que los fondos europeos son una oportunidad para “crear empleo digno y de calidad”. También promete revisar sus políticas activas de empleo con estas ayudas. En concreto, destinará a estos fines el 5,7% de los fondos.

También hace una mención específica al impacto de las inversiones verdes y su impacto en el mercado laboral, aunque emplea un dato que ya manejaba antes de la Covid. Solo la ejecución del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) creará entre 250.000 y 360.000 empleos adicionales en los próximos 10 años y tendrá un impacto del 1,8% sobre el PIB en 2030.

140.000 millones

Como ha recordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, la financiación por hasta 140.000 millones de euros que España recibirá en forma de transferencias y créditos en los próximos seis años equivale a un 11% del PIB de 2019.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia afirma que el déficit público superará el 11% del PIB en 2020 y la deuda rondará el 118% del PIB, lo que implica una emisión de deuda pública adicional de 100.000 millones de euros.

Sin embargo, insiste en la promesa de una recuperación con forma de V asimétrica, en línea con los datos que presentó la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, este martes en su rebaja del cuadro macroeconómico.