El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Ministerio de Hacienda llevará este miércoles al Congreso incluye algún tipo de guiño directo para más de 13,5 millones de votantes que dependen del sector público.

Pensionistas, funcionarios y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, entre otros, serán premiados con algún tipo de beneficio directo si se aprueban estas cuentas que garantizarían la legislatura a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

A cambio, incorporarán un 'sablazo fiscal' directo para 36.194 contribuyentes que ganan más de 200.000 euros al año y para 1.739 empresas del sector privado.

El proyecto de PGE también contempla redoblar la presión sobre quienes tengan un patrimonio superior a 10 millones de euros. Entre esos contribuyentes figuran buena parte de los afectados por la subida del IRPF a las rentas más altas. Sin embargo, dado que las comunidades autónomas incorporan bonificaciones a este tributo el efecto recaudatorio será menor de lo que parece.

Siendo el impacto recaudatorio de esas subidas impositivas muy limitado, el Gobierno contempla otros tributos indirectos que afectarán a las clases medias y trabajadoras que tengan un coche diésel para uso no profesional o que compren bebidas azucaradas en supermercados. Nuevos impuestos que se añadirán a otros en su mayoría relacionados con el impacto medioambiental. El resto se fía a la lucha contra el fraude y la recuperación económica.

Pese a que desde la Comisión Europea se van a seguir muy de cerca todas las decisiones en materia de gasto que tome España, el Gobierno no ha querido esconder esta estrategia de aumento de gasto para premiar a colectivos. Probablemente lo ha hecho pensando en conseguir el máximo apoyo parlamentario para los que podrían ser los primeros Presupuestos aprobados por el Congreso desde 2018.

De hecho, a primera hora de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias hicieron gala del aumento del "gasto social". Y a medio día, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró ese mensaje durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hasta el punto de que recopiló en una diapositiva todas las mejoras que incorpora su proyecto de Presupuestos pactado con Unidas Podemos para distintos colectivos. 

El Gobierno quiere revalorizar las pensiones un 0,9% en un año en el que la inflación rondará el 0%. Una medida que mejorará el poder adquisitivo de los jubilados y que beneficia a 9,76 millones de pensionistas, según los datos que ofreció la ministra portavoz y de Hacienda.

Más aún subirán las pensiones no contributivas, con un aumento del 1,8%. Un incremento que afectará a 450.000 pensionistas.

El proyecto de PGE también incorpora una revalorización del 0,9% del sueldo de 2,5 millones de funcionarios. Además, aprobará una oferta de empleo público de 28.055 plazas, de las que 8.996 serán de promoción interna.

Pese a la dureza con la que la pandemia ha golpeado a la economía, el Gobierno también ha incorporado en estas cuentas otras promesas que hizo cuando se formó su coalición antes de la llegada de la Covid-19 a España. Entre ellas, la ampliación de los permisos de paternidad hasta 16 semanas con una medida que beneficiará a 236.000 familias.

Si se suman esas familias que tengan niños en 2021 a las subidas salariales de pensionistas y funcionarios o al IMV, el Gobierno ha incorporado guiños para cerca de 14 millones de votantes en las cuentas. Para ello, presume de haber incluido en ellas el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros.

Y es que a las partidas descritas se añaden otras dos. Una para dependencia que va a recibir la mayor financiación de la historia con 1,1 millones de beneficiarios (muchos de ellos pensionistas) y un aumento del gasto del 59% contra la pobreza infantil que llegará a 1.140.000 niños.

Miedo entre los empresarios

Mientras Montero hablaba de "justicia fiscal" en la rueda de prensa en la que presentó las líneas maestras del proyecto de los Presupuestos, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, intentaba tranquilizar a las empresas en el marco del XXIII Congreso de la Empresa Familiar.

Los empresarios que participaron en este foro mostraron su inquietud a la vicepresidenta al preguntarle por las nuevas figuras impositivas que el Ejecutivo ha incorporado en unas cuentas públicas que entrarán en vigor en un año en el que la recuperación todavía será muy frágil o no habrá llegado para sectores como el turismo o la hostelería.

Calviño aclaró algunas de ellas y prometió a las empresas familiares que habrá consolidación fiscal a partir del próximo año. El Gobierno prevé reducir el déficit en 2021 desde el 11,3% previsto para este año hasta el 7,7%.

También reiteró que acometerá una reforma fiscal en esta legislatura que se basará en las recomendaciones de un grupo de expertos de prestigio.

Además, Calviño subrayó que el Gobierno recaudará más con la ley de fraude y economía sumergida. Una normativa que, según dijo, que es "clave para terminar con la injusticia" de que mientras algunas empresas pagan impuestos, otras no están reguladas. 

La vicepresidenta hizo estas declaraciones un día después de que el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, presentara un informe en el que se concluye que España es uno de los países de la OCDE que más presión ejerce sobre las empresas y que más castiga a los patrimonios.

Un punto de partida que preocupa a los empresarios por las claras intenciones de este Gobierno de seguir aumentando la presión fiscal sobre el sector privado para sostener un sector público que cada vez tiene más coste.

Hay que tener en cuenta que los PGE que elevarán el gasto con subidas salariales para pensionistas y funcionarios entrarían en vigor en 2021, un año en el que todo indica que muchos empleados de las empresas privadas seguirán teniendo miedo de perder su empleo.