Los Gobiernos de Polonia y Hungría capitulan y aceptan la última oferta de la canciller Angela Merkel para que levanten su veto al fondo anti-Covid de 750.000 millones y al presupuesto plurianual de la UE, según ha anunciado el vice primer ministro polaco, Jaroslaw Gowin. Los embajadores de los 27 han celebrado este miércoles una reunión extraordinaria en la que han dado una acogida "positiva" al acuerdo, pero han dejado la decisión final en manos de los líderes europeos en la cumbre que empieza este jueves en Bruselas.
Budapest y Varsovia llevan casi un mes bloqueando la ratificación del fondo de reconstrucción en protesta por el nuevo reglamento que permitirá bloquear los fondos a los países que no respetan el Estado de derecho, en cuestiones como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción o el respeto a la libertad de prensa. Alegan que se trata de un mecanismo arbitrario de control ideológico dirigido contra ellos, que ya están expedientados por la UE por su deriva autoritaria.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su colega polaco, Mateusz Morawiecki, han venido negociando las últimas semanas con Merkel una solución, hasta ahora sin éxito. De hecho, Berlín anunció el lunes un ultimátum de 24 horas: o rectificaban y levantaban su veto antes del miércoles, o el resto de líderes europeos empezarían a buscar una solución sin Polonia ni Hungría en la cumbre que empieza mañana en Bruselas. Los dos países se encuentran entre los principales beneficiarios de los fondos comunitarios.
Al final, Orbán y Morawiecki han dado su brazo a torcer. El reglamento de condicionalidad en materia de Estado de derecho se mantiene tal y como está, sin modificar ni una coma. Berlín les ha ofrecido una declaración interpretativa que completa pero no modifica, este mecanismo. Una solución similar a la que se ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado sobre la cuestión de Gibraltar.
La declaración destaca que el mecanismo se aplicará de forma "objetiva, justa, imparcial y factual, garantizando el debido procedimiento, la no discriminación y la igualdad de trato entre los Estados miembros". Su principal objetivo será proteger el presupuesto de la UE "contra cualquier tipo de fraude, corrupción y conflicto de interés".
El texto señala también que la condicionalidad en materia de Estado de derecho sólo se aplicará a los fondos a partir de 2021 y no a las ayudas que quedan por ejecutar del periodo anterior. Finalmente, si Polonia o Hungría deciden presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el reglamento no se aplicará hasta que haya sentencia, es decir, que su puesta en marcha podría retrasarse hasta 2022.
La presión de Berlín
La presión de Merkel ha acabado surtiendo efecto. Orbán y Morawiecki celebraron este martes por la noche una nueva reunión presencial en Varsovia para pactar una posición común. En la rueda de prensa posterior, el primer ministro húngaro ya anunció un acercamiento a la oferta de Alemania, pero no confirmó el levantamiento del veto.
En Bruselas se discutían ya tres alternativas para sortear el veto de Budapest y Varsovia. La primera sería un acuerdo intergubernamental, al margen de las instituciones de la UE, entre los otros 25 Estados miembros. El segundo escenario sería una "cooperación reforzada", es decir, un grupo de países -en este caso todos salvo Polonia y Hungría- que avanzan más rápido que el resto en el fondo anti-Covid.
La última opción es que, apelando a la situación de emergencia económica, los 25 presten avales adicionales al presupuesto de la UE. Así la Comisión podría acudir a los mercados a captar financiación para crear el fondo sin necesidad de contar con Orbán y Morawiecki.
Ahora son los jefes de Estado y de Gobierno los que tendrán la última palabra en la cumbre de este jueves. Si ratifican el acuerdo, la aprobación final del fondo anti-Covid y el presupuesto de la UE podría formalizarse este mismo viernes. Eso significa que las ayudas comunitarias empezarán a llegar a España y al resto de beneficiarios antes de verano de 2021.