Tras una tramitación mucho más larga y accidentada de lo esperado, la fumata blanca para desbloquear el fondo anti-Covid de 750.000 millones y el presupuesto plurianual de la Unión Europea podría llegar definitivamente este jueves. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 celebran una cumbre presencial en Bruselas en la que -salvo accidente imprevisto de última hora- ratificarán el acuerdo alcanzado por la presidencia alemana con Polonia y Hungría, los dos países que vetaban el paquete de estímulo europeo. 

Budapest y Varsovia han acabado capitulando a la presión ejercida por la canciller alemana, Angela Merkel, que en su calidad de presidenta de turno de la Unión ha dirigido las negociaciones. Berlín amenazó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y a su colega polaco, Mateusz Morawiecki, con buscar una solución a 25 que les dejaría fuera de las ayudas europeas. Polonia y Hungría están entre los principales beneficiarios netos del fondo anti-Covid y no podían permitirse esta exclusión. Se rinden sin conseguir su objetivo, que era tumbar el reglamento que permite bloquear las ayudas de la UE a los países que vulneren el Estado de derecho.

El plan de la UE para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus -que sumando el fondo de reconstrucción y el presupuesto plurianual asciende a 1,8 millones de euros- se aprobó con gran fanfarria en una cumbre en julio tras cinco días y cuatro noches de acaloradas negociaciones. Su principal objetivo era salir al rescate de España e Italia, los países más golpeados desde el punto de vista económico y sanitario. 

Lo que en un primer momento se interpretó como una respuesta contundente y sin precedentes a la pandemia -por primera vez, Bruselas emitirá masivamente deuda común europea para ayudar a los Estados miembros más necesitados-, se ha ido desinflando por las dificultades para culminarla. Primero, la Eurocámara bloqueó el paquete con el fin de conseguir más fondos para programas comunitarios como Erasmus.

Alarma en el Gobierno de Sánchez

Después, Polonia y Hungría vetaron el acuerdo final por su oposición a la norma que condiciona los fondos al respeto del Estado de derecho, en cuestiones como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción o el respeto a la libertad de prensa. Alegan que se trata de un mecanismo arbitrario de control ideológico dirigido contra ellos, que ya están expedientados por la UE por su deriva autoritaria. Morawiecki y Orbán escenificaron un frente común de "democracias iliberales" con varias reuniones en Budapest y Varsovia, la última este mismo martes.

Los sucesivos retrasos (en total cinco meses) han disparado todas las alarmas en el Gobierno de Pedro Sánchez. En cada visita a Bruselas -presencial o virtual-, tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como el resto de ministros apelaban a la urgencia de aprobar el plan de rescate.

Sánchez aspira a recibir 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción y ya ha presupuestado 27.000 millones en las cuentas de 2021. Si el Consejo Europeo ratifica el acuerdo, el dinero empezaría a llegar a mediados del año que viene, tal y como estaba previsto, siempre que la coalición de PSOE y Podemos presente un plan de reformas que satisfaga a la UE.

Al final, Polonia y Hungría levantan su veto sin lograr su principal objetivo: acabar con el mecanismo de condicionalidad en materia de Estado de derecho. El reglamento en cuestión se mantiene tal como fue pactado entre la Eurocámara y los Gobiernos de la UE, sin cambiar ni una coma. Lo que ha ofrecido Berlín -y Orbán y Morawiecki han aceptado- es una declaración política que interpreta, pero no modifica el reglamento. Una solución similar a la que se ofreció a Sánchez el año pasado sobre la cuestión de Gibraltar. 

Ganar tiempo

La declaración destaca que el mecanismo se aplicará de forma "objetiva, justa, imparcial y factual, garantizando el procedimiento debido, la no discriminación y a igualdad de trato entre los Estados miembros". Su principal objetivo debe ser proteger el presupuesto de la UE "contra cualquier tipo de fraude, corrupción y conflicto de interés".

Lo único que consiguen Budapest y Varsovia es ganar algo de tiempo. El texto señala que la condicionalidad en materia de Estado de derecho sólo se aplicará a los fondos comprometidos a partir de 2021 y no a las ayudas que quedan por ejecutar del periodo anterior. Además, si Polonia o Hungría deciden presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el reglamento no se aplicará hasta que haya sentencia, es decir, que su puesta en marcha podría retrasarse hasta 2022. 

Tras el sí de Orbán y Morawiecki, la presidencia alemana ha convocado este miércoles una reunión extraordinaria de los embajadores de los 27 ante la UE para ratificar el compromiso. Todos han agradecido el trabajo de Berlín y han dado una acogida "mayoritariamente positiva" al acuerdo. Los más cautos han sido los miembros del club de los frugales, liderado por Holanda, que pusieron mucho énfasis en la cuestión del Estado de derecho y que han planteado numerosos interrogantes a los servicios jurídicos, explican fuentes diplomáticas.

La decisión definitiva, el "juicio final", se reserva para los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que se pronunciarán este jueves. Todo el mundo da por hecho que no habrá más objeciones y que el fondo de reconstrucción y el presupuesto plurianual recibirán el visto bueno definitivo. "Será un mensaje de cierto optimismo tras un año horrible como ha sido 2020", sostienen las fuentes consultadas.