Los españoles tendremos que trabajar más para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El objetivo es acercar la edad real de jubilación a la efectiva. Para ello es necesario reducir el número de personas que adelantan su retiro, pero también incentivar que los trabajadores opten por trabajar más allá de los 66 años. Para conseguirlo, el Gobierno quiere lanzar “campañas informativas que den a conocer los incentivos” que existen para llevar a cabo ese retraso voluntario, y cuantifica en millón y medio el coste de todas esas acciones. 

Así figura en la documentación remitida a Bruselas sobre la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno. En ella se explica que el objetivo es “mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello”. De lo que se trata es de reducir la jubilación voluntaria (que en 2020 alcanzó el 20%) y de lograr que cada vez más gente quiera mantenerse en activo durante algunos años más. 

Para ello, el Ministerio de Seguridad Social va a revisar “el sistema de penalización” para acceder a la jubilación antes de la edad legal. “El objetivo es asegurar la aplicación efectiva e íntegra de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión previstos legalmente”. 

Edad legal

En estos momentos la edad real de jubilación es de 64,6 años frente a los 63,8 años que había en 2010. Podría parecer un avance en el objetivo, pero lo cierto es que en este tiempo la edad legal de jubilación ha ido subiendo hasta alcanzar este año los 66. Así se contemplaba con los cambios introducidos en la última reforma de las pensiones elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy. De lo que se trata, en definitiva, es de incrementar el tiempo de cotización y, por tanto, reducir el coste que tiene que asumir la Seguridad Social. 

Ahora bien, el departamento que lidera José Luis Escrivá también le explica a Bruselas que estará vigilante para lograr que las jubilaciones anticipadas no se conviertan en una fórmula para aligerar las plantillas de las empresas. 

Más allá de la edad, la otra pata en la que la Seguridad Social quiere incidir es en incentivar que los trabajadores decidan seguir trabajando más allá de los 66 años. Para ello, se van a rediseñar los porcentajes adicionales de pensión por demora actualmente existentes, de modo que sus incentivos sean más comprensibles para los futuros pensionistas y estén más alineados con sus preferencias. 

¿Cómo se hace eso? Pues a través de “mejoras económicas de la pensión y fórmulas de compatibilidad con el trabajo”. Todo porque en España las bonificaciones por empleo demorado son inferiores a las de otros países europeos: entre un 2% y un 4% frente al 4%-12% de Portugal, del 6% en Alemania o del 10,4% del Reino Unido. 

Todas estas bondades se van a vender en las campañas institucionales que se pondrán en marcha. De hecho, el objetivo es explicar que trabajar más “beneficia a todas las partes al generar una pensión mayor para el trabajador, suponer un ahorro para el sistema de seguridad social pero también para el empresario por la reducción de cotizaciones durante el periodo trabajado más allá de la edad legal”.

Tanto es así que el documento recoge que se buscarán incentivos para que las empresas traten de retener y emplear a los trabajadores que se pasen de los 66 años.

Toda esa planificación de políticas se hará escuchando a los trabajadores. El departamento que lidera José Luis Escrivá enviará una encuesta de opinión a los de mayor edad para que expliquen cuáles son las debilidades y las fortalezas del sistema actual de acceso a la jubilación. 

La pelea política

El documento que ha enviado el Gobierno a Bruselas para pasar el examen y poder cobrar las ayudas para la reconstrucción económica es prolijo en números y cálculos, pero una de sus curiosidades es la argumentación política que hace para defender la reforma del sistema de pensiones. En él, Moncloa arremete de lleno contra el Partido Popular y su "fallida" y "fracasada" reforma del año 2013, que además tilda de carente de "legitimidad social y política".

Es más, tal como explica el informe, a cuyo borrador ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones" se conseguirá a través de medidas que contengan el gasto y, "en concreto, de la reversión de la reforma de 2013".

Según el texto, el cambio a fondo de todo el sistema de la Seguridad Social en España se aborda ahora, siete años después deuna regulación que hacía recaer "todo el impacto del aumento del gasto en pensiones" sobre "la población pensionista actual" y quienes adquirieron tal condición en los años siguientes.  

La Comisión Europea lo que busca en esta ficha son mecanismos de ahorro, nuevas vías de ingresos y proyecciones del balance "a corto, medio y largo plazo". Sin embargo, el texto arranca con una argumentación inicial que se repite en las explicaciones concretas de varias de las nueve acciones.

Según le explica Ejecutivo a los funcionarios de Bruselas, el PP impuso "una (semi) congelación [sic]" de las pensiones con el "planteamiento insostenible" de una "fórmula que no aplica a ningún otro país del ámbito europeo".

La reforma Rajoy 

El Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta pero afrontando lo más duro de la crisis financiera internacional, garantizó la subida anual de las pensiones por ley, incluso en años sin inflación. Si bien marcó el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) en un 0,25% automático. Según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esto habría supuesto "una pérdida de poder adquisitivo que se estima en un 37% acumulado en el tiempo de vida del pensionista".

Aun así, los técnicos de Escrivá admiten que vincular las pensiones a la evolución del IPC, como prometen, tendrá un "importante impacto a largo plazo". El documento lo cuantifica en "alrededor de tres puntos del PIB en 2050". Precisamente hasta el año en el que reconoce el documento que no empezará a decaer "la presión demográfica sobre el sistema" que hace necesaria esta reforma.