El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor en el año 2023. Medida que no ha gustado en el campo andaluz que asegura que más de 80.000 familias del sector terminarán en “la ruina”.
En concreto, con este decreto, el Gobierno modificará la aplicación en España de la PAC en los años 2021 y 2022. “Es una horquilla de dos años entre la finalización del actual plan (2020) y la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023”, ha explicado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En esta etapa se continúa con la ampliación de la PAC, de manera que agricultores y ganaderos puedan percibir 7.200 millones. El próximo 1 de febrero se abrirá el periodo para presentar la solicitud única de ayudas de la campaña 2021.
En el caso de las ayudas directas, que suponen el principal apoyo público a la renta de los agricultores y ganaderos, en la campaña 2021 el reglamento transitorio publicado en diciembre fija que en este año se podrán abonar, a partir del 16 de octubre, un total de 4.860 millones de euros. Se estima que cerca de 680.000 productores presentarán su solicitud en los próximos meses. Esa cantidad se incrementará hasta casi 4.900 millones en el año 2027.
Asimismo, en dicha disposición se da especial relevancia a los agricultores y ganaderos jóvenes “para evitar migraciones del campo a las ciudades”, según el Gobierno. Pero esta transición entre los dos modelos de PAC está siendo muy discutida desde el campo.
Cabreo del campo
Antes incluso de su aprobación, las organizaciones agrarias de Andalucía se han mostrado contundentes ante lo que consideran una idea “inasumible” que “no puede hacer más daño”. En una carta dirigida al exconsejero andaluz de Agricultura, consideran que el Real Decreto plantea “una aceleración brusca de la convergencia con graves consecuencias sobre las rentas de los agricultores”.
Argumentan que la decisión es “unilateral” por parte del Ministerio de Agricultura y no cuenta con el consenso de agricultores y organizaciones agrarias. “Se salta los tiempos y no respeta las directrices planteadas por la Comisión Europea para este periodo de transición”, recoge la misiva que también firma la Junta de Andalucía.
Protesta de agricultores en una imagen de archivo
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias apuntan de forma conjunta que la medida de Planas adelanta la reforma de la PAC cuando “no toca”, al disponer de un periodo de transición de dos años. Con ello, han reclamado un mayor diálogo tanto con el sector como con el resto de las comunidades que aún negocian la futura reforma.
El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha sido el encargado de cifrar las consecuencias. El modelo andaluz, caracterizado por ser familiar y social, aporta el 40% de la producción nacional. De salir adelante la iniciativa del Ejecutivo central, López augura una pérdida de renta del 60% en dos años para las más de 80.000 familias andaluzas que viven del campo.
Protestas
La medida de Planas ha vuelto a encender las alarmas de protestas del campo. Esta vez los motivos no serán la reclamación de precios justos o las duras consecuencias de los aranceles impuestos por EEUU. Preguntado por el tema, el líder andaluz de COAG ha reconocido que el sector no ha salido a las calles por la situación de la Covid-19.
Subrayando que lo que debe primar es el interés general sanitario, ha asegurado que el ministro “no se va a ir de rositas”. “Que se prepare el ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, ha advertido López mientras ha lamentando que el titular de Agricultura no se reúna con las organizaciones agrarias.
En su lugar, el campo andaluz ha reclamado un modelo de simple transición con estudios que evalúen adecuadamente su impacto, extremo que “no se ha hecho”. Pide además que se cumplan con las directrices de Bruselas y pacte un sistema parcial y progresivo para una adaptación paulatina de las explotaciones, como se hizo en 2015.
El Gobierno andaluz se suma
Estas reivindicaciones han contado con el apoyo de la Junta de Andalucía. La consejera del ramo, Carmen Crespo, ha hecho un llamamiento al Ministerio para que “reflexione, modifique el Real Decreto y dialogue con las comunidades”. “Rompe el consenso”, coincide Crespo mientras pide a Planas que abandone la “actitud rígida e inflexible”.
Imagen de archivo de la firma de la Declaración Institucional sobre el futuro de la próxima PAC con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y representantes de las organizaciones agrarias.
Coincide en los duros efectos que tendrá para la industria agroalimentaria de la región que “está garantizando el suministro de alimentos de calidad en toda Europa durante la pandemia”. En su línea, ha defendido el modelo agrario andaluz como un referente en “innovación, en sostenibilidad social y medioambiental”.