Hace casi un año, los tractores se echaban a la calle para pedir precios más justos. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. A finales de febrero el Consejo de Ministros dio luz verde a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Y en noviembre completaba la reforma con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, del 2 de agosto. Pero lejos de contentar a todos los eslabones de la cadena, la norma llega al Congreso esta semana con el rechazo de una parte de los productores y agricultores y las críticas advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

El origen de la polémica está en el establecimiento del coste de producción como verdadero precio mínimo para ofertar sus productos. Esta obligación supone que no es posible colocar producto en el mercado a precio inferior al coste de producción. La medida a priori viene a defender al productor español, pero el problema está en que solo le afecta a él. 

¿Qué significa eso? La imposibilidad de competir con otros productos de terceros países. Por ejemplo, los productores de Marruecos podrán vender en España tomates a un precio inferior que los nacionales porque su producción no está afectada por esta ley y no tienen que cubrir los costes de producción. A esto se añade, además, que su mano de obra ya de por sí es más barata que la española. 

En este sentido, por ley los productores españoles no podrán vender hasta que el precio en el mercado esté por encima del coste de producción, “mientras que Marruecos venderá todo lo que el sector hortofrutícola nacional no pueda colocar por debajo de su coste de producción”, explica Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal).

Con lo que se corren dos riesgos. El primero es que mucho producto nacional se echará a perder y más teniendo en cuenta el corto tiempo de vida en fresco que tienen frutas y hortalizas. Y el segundo que, en opinión de la asociación, a corto plazo el mercado europeo de este tipo de productos estará en manos de Marruecos y Holanda (otro potencial competidor de España). 

Según el informe de la CNMC al que ha tenido acceso este medio, ya en septiembre este órgano alertó al Gobierno de la obligación de que los precios de los contratos alimentarios cubran los costes de producción, concepto que no se define con precisión en la norma. Para Competencia, esta condición puede provocar una mayor complejidad en los contratos por la necesidad de concretar el cálculo de costes, y favorecer la utilización de índices comunes como referencia sobre los costes, lo cual puede provocar alineamientos de precios. 

Además, la norma no aclara a quién corresponde la responsabilidad (comprador/vendedor) de verificar que se cumple con el coste efectivo de producción en la transacción comercial realizada, lo que puede afectar a la seguridad jurídica de las operaciones comerciales.

En este sentido, las voces en el sector son críticas. “El mercado no se puede regular así. Hay que atacar la promoción para vender, vigilar los productos de otros países y dar prevalencia a las directrices europeas”, afirma Jaime Martínez-Conradi Álamo, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 

Guerra de precios 

Otro efecto secundario de este proceso será la guerra de precios declarados a la baja por cada entidad para no verse fuera del mercado y poder colocar la mayor parte de su producción. Algo que se verá agravado por el carácter muy perecedero de las frutas y hortalizas y la presión derivada de una situación por unos almacenes llenos de productos deteriorándose. 

¿Quién se beneficiará de esta guerra de precios? El último eslabón: grandes superficies y comercios que venden al usuario final. “La cadena sigue desequilibrada. Las grandes superficies se beneficiarán y comprarán productos extranjeros por delante de los nacionales”, señalan desde Coexphal. 

Excepcionalidad de productos

Fuentes del sector agroalimentario no dudan de la buena fe del Gobierno a la hora de reformar esta ley para intentar proteger a los agricultores y productores, pero reclaman cambios en los artículos que afectan a los costes de producción.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, en declaraciones a este medio, asegura que esta reforma de la ley protege a los agricultores y productores "frente a la pérdida de valor de los productos” y se niega a modificarla. “Cambiarla para que puedan vender por debajo de los costes de producción sería ir contra el propio espíritu de la ley y contra ellos mismos, que quedarían desprotegidos frente a posibles operaciones de destrucción de valor”, apuntan. 

Sin embargo, hasta la CNMC defiende la efectividad de algunas prácticas desleales en el mercado. Así lo dice su informe. Advierte de que “muchas prácticas comerciales que pueden ser desleales no tienen 'per se' un efecto neto negativo sobre la eficiencia y la competencia, sino únicamente cuando concurren determinadas circunstancias de desequilibrio de poder negociador o falta de competencia”. Y en ausencia de tales circunstancias, aconseja evitar un exceso de intervención contra tales prácticas. 

Por eso desde el sector piden la excepcionalidad de algunos productos abocados a desaparecer si esta ley sigue adelante. Es el caso del Plátano de Canarias. “El Plátano de Canarias es una producción ultraperiférica que se enfrenta todos los días a multinacionales bananeras que no respetan las normas europeas. Exceptuar al plátano de Canarias de la ley es imprescindible para nuestra supervivencia”, reivindica Domingo Martín Ortega, presidente de Asprocan. 

En este sentido, y ante la negativa del Gobierno a cambiar la Ley de la Cadena, desde el ministerio de Luis Planas informan a Invertia que se está trabajando en Bruselas para solucionar, por otra vía, el problema de los precios con los que en ocasiones entran producciones de terceros países en la Unión Europea. 

“Somos conscientes de que no se puede permitir poner a los productores del continente en desventaja frente a otros exteriores, pero esa cuestión forma parte de los tratados de la UE con estos terceros países, que tienen que valorarse con cuidado y midiendo los efectos perversos que podrían tener para las producciones propias”, apuntan desde el departamento.

La venta a pérdidas

Con esta ley, al controlar los costes de producción también se pone fin a uno de los grandes problemas que tenía el sector: la venta a pérdidas. Esta última es la que se realiza por debajo del precio del coste de producción de un producto. Una práctica que, según los agricultores, es muy habitual entre las grandes superficies y que afecta sobre todo al aceite, los cítricos y los lácteos.

Según el informe de la CNMC la prohibición de venta a pérdida se aplica a todas las relaciones comerciales, y no solo a las que la ley considera desequilibradas.  Competencia recuerda que la Ley de cadena alimentaria no se aplica a las relaciones comerciales con consumidores finales (en ese caso sería aplicable la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista). 

En materia de venta a pérdida, ambos regímenes difieren: “según el artículo 12 ter de la Ley de Cadena Alimentaria, la venta a pérdida está prohibida exclusivamente para los operadores que realicen operaciones incluidas en la cadena alimentaria (desde la producción hasta la distribución). Por el contrario, la venta a pérdida a consumidores finales se permite salvo que concurra uno de los supuestos declarados como desleales”, según recoge el informe de la CNMC. 

Ni la Directiva (UE) 2019/633 ni la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, contemplan como práctica abusiva en cualquier circunstancia la realización de ventas a pérdida. Por lo que la ley española choca con la europea. 

Comisión de Agricultura

Así que con el rechazo de una parte del sector se celebra entre este martes y el jueves -tras aplazarse por Filomena- la Comisión de Agricultura, que acogerá las comparecencias de los expertos citados por el Congreso para informar sobre la reforma de la Ley de medidas para el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El objetivo es que puedan expresar sus opiniones acerca del proyecto normativo para modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de esta cadena. Y quién sabe, quizás se encuentre una solución para evitar que los productos nacionales compitan en desventaja con terceros países.