Bruselas pide reconocer por ley el derecho a indemnización para víctimas de discriminación salarial

"Por un mismo trabajo, la remuneración ha de ser la misma". Es una de las prioridades que se ha marcado en su programa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres europeas ganan de media un 14,1% menos que los hombres. Para tratar de atajar esta brecha salarial, el Ejecutivo comunitario ha propuesto este jueves una nueva directiva de transparencia retributiva, en la que se reconoce el derecho a indemnización para víctimas de discriminación salarial.

Para entrar en vigor, la norma debe ser aprobada tanto por los Gobiernos de los Veintisiete como por la Eurocámara. Un camino que no se antoja nada fácil si se observa el precedente de la directiva para aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas, que lleva ocho años bloqueada. Pese a ello, Bruselas ha optado por esta solución porque ni las recomendaciones no vinculantes ni la autorregulación han funcionado. Al ritmo actual, acabar con la brecha salarial costaría "décadas".

El Ejecutivo comunitario sostiene que la falta de transparencia salarial es uno de los principales obstáculos para hacer cumplir el derecho a la igualdad de retribución entre hombres y mujeres. Impide al personal comparar su retribución, por término medio, con la de sus colegas del otro sexo que realizan un mismo trabajo. Eso crea un "zona gris que favorece la perpetuación del sesgo de género en la fijación de los salarios".

Por ello, la principal novedad de la directiva es que obliga a todas las empresas a dar información a los trabajadores que lo soliciten sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo y categorías de empleados que efectúen un mismo trabajo.

La retribución no abarca únicamente el salario, sino también los complementos: primas, horas extra o ayudas al transporte o la vivienda. Los empleadores tendrán que informar del salario inicial en su oferta de empleo o antes de la entrevista y no podrán preguntar a los aspirantes por su historial salarial.

La transparencia en materia retributiva "permitirá a los trabajadores hacer valer su derecho a la igualad salarial al darles acceso a la información necesaria sobre la remuneración, de modo que puedan valorar si son objeto o no de discriminación con respecto a sus colegas del otro sexo que realizan el miso trabajo o un trabajo de igual valor", sostiene Bruselas.

Carga para las empresas

En el caso de las plantillas de más de 250 personas, las empresas estarán obligadas a publicar información sobre la brecha salarial en el seno de la organización. Si los datos revelan una diferencia injustificada entre hombres y mujeres de al menos el 5%, la dirección tendrá que hacer una evaluación retributiva en colaboración con los sindicatos o representantes del personal.

El Ejecutivo comunitario alega que estas obligaciones no suponen una carga desproporcionada para las empresas. El coste adicional de responder a una petición individual de información asciende a 20 euros, mientras que el coste anual de publicar informes sobre la brecha de género (exigencia limitada a las compañías más grandes) se sitúa entre 379 y 890 euros, según el análisis de impacto realizado por Bruselas.

La directiva garantiza un mejor acceso a la justicia para las víctimas de discriminación retributiva por razón de género. Así, reconoce el derecho a indemización por el daño causado, que debe ser disuasoria y proporcionada. Esto incluye la recuperación de todos los atrasos, así como de las primas y pagos en especie, así como compensación por las oportunidades perdidas y el daño moral. La norma prohíbe fijar un tope máximo a estas compensaciones.

Además, la carga de la prueba recaerá en las empresas. Serán los empleadores, y no los trabajadores, los que tendrán que demostrar la ausencia de discriminación retributiva. La directiva exige también a los Estados miembros que establezcan sanciones específicas, por ejemplo multas, para las compañías incumplidoras. 

Finalmente, los organismos de igualdad y los representantes de los trabajadores podrán intervenir en procesos judiciales o administrativos en nombre de los trabajadores, así como en las demandas colectivas para la igualdad de retribución.