El Gobierno ya tiene decidido el esquema de distribución de los 11.000 millones de euros que contempla el plan de salvación a las pymes de los sectores más afectados por la crisis del Covid-19 que Pedro Sánchez anunció hace unos días en el Congreso.

Concretamente, se destinarán unos 5.000 millones de euros a ayudas directas, mientras que otros 1.000 millones serán utilizados para inyectar capital a las compañías más afectadas, según informa Reuters, que cita fuentes gubernamentales.

El resto, otros 5.000 millones de euros, irán a parar a la reestructuración de los créditos que el Estado ha avalado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Como explica la agencia, estas reestructuraciones no serán obligatorias para los bancos y se implantarán a través de un código de buenas prácticas al que las entidades podrán adherirse.

El sector financiero ha mantenido durante los últimos días tensas conversaciones con el Ministerio de Asuntos Económicos sobre el diseño de este plan de rescate para las pymes más afectadas por la crisis. El mayor punto de fricción se encontraba en la posibilidad de que el plan incluyera quitas de deuda, algo a lo que los bancos se oponían por las consecuencias que podría tener sobre la estabilidad financiera y la competencia entre las empresas.

Finalmente, la propuesta del Gobierno se ha suavizado y las reestructuraciones no serán obligatorias para las entidades, si bien fuentes conocedoras de las conversaciones consultadas por Invertia explican que en estos momentos el Ejecutivo sigue trabajando sobre los detalles, que podrían variar en el diseño final del plan. 

La idea inicial era que el Consejo de Ministros aprobara la distribución final de los fondos en su reunión de este martes, si bien estas fuentes añaden que podría aplazarse una semana más si fuera necesario.