Las ayudas de 140.000 millones del fondo antiCovid de la UE (Next Generation) que el Gobierno de Pedro Sánchez espera con carácter urgente para reflotar la economía podrían retrasarse de nuevo. El Tribunal Constitucional de Alemania, con sede en Karlsruhe, ha paralizado este viernes de forma temporal la ratificación de la norma que permitirá a Bruselas ir a endeudarse a los mercados para captar esta financiación.

La norma en cuestión había sido aprobada sin problemas esta semana por el Parlamento alemán con el apoyo de democristianos, socialdemócartas y parte de liberales y verdes. Pero el Constitucional ha emitido una orden provisional en la que prohíbe al presidente, Frank-Walter Steinmeier, firmar la ley a la espera de que se resuelva un recurso contra ella. La orden no detalla los argumentos que sustentan esta paralización ni tampoco los plazos en que podría haber sentencia.

Las medidas cautelares han sido reclamadas por una asociación de activistas euroescépticos denominada Bündnis Bürgenwille (Alianza de la Voluntad Ciudadana). Su principal argumento es que Alemania no debe asumir las deudas de países más débiles que no puedan hacerse cargo de la parte que les corresponde a la hora de devolver los 750.000 millones de euros del fondo antiCovid.

El recurso sostiene que la autorización para que la UE se endeude de forma conjunta vulnera los Tratados, en particular el principio de que los Estados miembros deben llevar a cabo una política fiscal independiente y no responder mutuamente de sus responsabilidades. El endeudamiento por parte de Bruselas significa crear una Unión Fiscal por la puerta de atrás y que el Bundestag pierda el control de la política presupuestaria. Alemania podría acabar teniendo que pagar en solitario íntegramente los 750.000 millones en el caso más extremo, argumentan los demandantes.

El Constitucional alemán ya ha intervenido en múltiples ocasiones para examinar decisiones que suponen la transferencia de nuevas competencias a la UE. Por ejemplo, se ha pronunciado sobre la ratificación del Tratado de Lisboa o sobre varios de los programas de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE). Hasta ahora, nunca ha tumbado ninguna norma de la UE, pero sí ha puesto límites.

A la espera de su fallo esta vez, la consecuencia más inmediata de la maniobra de Karlsruhe podría ser un nuevo retraso en el desembolso de las ayudas de Next Generation. El último calendario que manejaba la Comisión Europea contemplaba realizar el primer pago (un anticipo del 13%, que en el caso de España equivaldría a 10.000 millones de euros) en julio.

Planes de reformas

Pero cada vez hay más dudas de que puedan cumplirse estos plazos. Para empezar, Alemania no es el único país que no ha ratificado la decisión que permitirá al Ejecutivo comunitario ir a los mercados a captar financiación. De los 27 Estados miembros, sólo 16 han completado los trámites parlamentarios: Bulgaria, República Checa, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal, Eslovenia, Letonia, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica y Grecia. Para que pueda entrar en vigor, se necesita la ratificación de todos los países.

Pero además, también van muy retrasados los planes nacionales de reformas e inversión que la UE exige como contrapartida al rescate. El plazo para presentarlos se abrió el pasado 19 de febrero, pero hasta ahora ningún Estado miembro se ha atrevido a enviar el suyo a Bruselas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que España lo hará en las próximas semanas, sin poner tampoco fecha.

El problema es que la negociación de estos planes entre cada Gobierno y la Comisión ha sido mucho más complicada de lo esperado. En primer lugar, por la resistencia de la mayoría de Estados miembros a comprometerse a las reformas exigidas por la UE. Pero también por la complejidad burocrática prevista en la normativa del fondo Next Generation, así como por la obligación de incluir calendario y objetivos concretos, que se tienen que usar como referencia para los sucesivos desembolsos.

El bloqueo del Tribunal Constitucional de Alemania amenaza con demorar todavía más el primer pago, lo que unido a la lentitud de la campaña de vacunación en la UE podría retrasar la recuperación económica más allá de la segunda mitad del año.