Pese al revés de la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania, la Comisión de Ursula von der Leyen sigue siendo optimista. El alto tribunal alemán, con sede en Karlsruhe, ha paralizado de forma cautelar la ratificación del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros a la espera de resolver un recurso presentado por una asociación de activistas euroescépticos. El Ejecutivo comunitario confía en un fallo rápido que confirme la legalidad de las ayudas europeas a los países más golpeados por la pandemia, como España o Italia. 

El bloqueo del Constitucional alemán afecta a la norma que autoriza al Ejecutivo comunitario a endeudarse en los mercados para financiar las ayudas europeas. Para entrar en vigor, esta ley (denominada 'decisión sobre recursos propios') debe ser ratificada por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros. Hasta ahora, sólo 16 países han completado los trámites. La decisión de Karlsruhe pone en peligro el desembolso de las ayudas, que en el caso de España ascienden a 140.000 millones de euros.

"Cabe señalar que la validez de la decisión sobre recursos propios no ha sido cuestionada por el Constitucional alemán. La Comisión sigue confiando en que el Tribunal Constitucional de Alemania decidirá rápidamente sobre el caso de las medidas cautelares. El objetivo de la UE es garantizar que el proceso de aprobación se complete en todos los Estados miembros para finales del segundo semestre", ha dicho el portavoz de presupuestos del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari.

En su decisión del viernes, Karlsruhe se limitó a paralizar la ratificación del fondo antiCovid, pero no desveló los argumentos que sustentan su decisión ni los plazos para el fallo. Los recurrentes alegan que la autorización a Bruselas para endeudarse vulnera los Tratados y hace que el Bundestag pierda el control de la política presupuestaria. Alemania podría acabar teniendo que pagar en solitario íntegramente los 750.000 millones en el caso más extremo, sostiene el recurso.

"La Comisión está convencida de que la legalidad de la decisión sobre recursos propios está en orden", ha replicado el portavoz. "Es crucial que se apruebe rápidamente en todos los Estados miembros, en particular a la luz de los desafíos que plantea la pandemia de la Covid-19", ha insistido el portavoz.

El Ejecutivo comunitario espera que el primer tramo de las ayudas europeas (un anticipo del 13%, que en el caso de España ascendería a alrededor de 10.000 millones de euros) se desembolse durante el mes de julio. Para ello es imprescindible que los 27 países de la UE ratifiquen la decisión sobre recursos propios en junio y que la UE apruebe además los planes de inversión y reformas exigidos a los Gobiernos a cambio de los fondos antiCovid, que también van retrasados. 

Pese a todos los problemas, el equipo de Von der Leyen todavía confía en que puedan cumplirse estos plazos. "Confiamos en que el proceso de ratificación pueda culminarse antes del fin de junio. Mantenemos nuestra confianza y optimismo en que el calendario inicial pueda respetarse", ha dicho la portavoz de la presidenta, Dana Spinant.

De los 27 Estados miembros, sólo 16 han completado los trámites parlamentarios: Bulgaria, República Checa, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Malta, Portugal, Eslovenia, Letonia, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica y Grecia. Para que pueda entrar en vigor, se necesita la ratificación de todos los países.