Hace unas semanas, el Gobierno aprobó un fondo de 7.000 millones de euros para empresas y autónomos. Sin embargo, unas 252.840 pequeñas y medianas empresas (pymes) que requieren de estos fondos para sobrevivir y que serían viables tras la crisis económica no podrán acceder que requieren de estos fondos para sobrevivir y que serían viables tras la crisis económica no podrá acceder a ellos por no cumplir los requisitos que requieren estas partidas. 

Así lo indican los datos del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos a los que ha tenido acceso Invertia. Según el último barómetro de este órgano, que corresponde al actual mes de abril, el 21% de las pymes españolas (unas 588.000 empresas) precisan acogerse a los 7.000 millones de euros en ayudas directas establecidos por el Gobierno.

Sin embargo, un 43% de dichas pymes no podrá hacerlo puesto que no cumplen una de las condiciones indispensables para acceder a estos fondos: no están al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social.

Según indican los gestores, este retraso en el pago de impuestos y cuotas sociales se debe a que las pymes han priorizado el pago de salarios o gastos fijos, como el alquiler, la luz o el agua. 

“Mires por donde mires, solo se observa una total falta de empatía y de conocimiento de cómo funciona nuestro tejido productivo”, afirma Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos. “¿Es que no logran entender nuestros dirigentes los graves problemas financieros que la crisis sanitaria está originando a los negocios? Y cuando eso ocurre, lo primero en dejar de pagar son las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y luego los préstamos, porque se busca mantener la actividad y pagar a los empleados, si es que hay algo de liquidez”.

ICO

Sin embargo, hay más problemas en el horizonte, según los gestores. Avisan de que el 23% de las pymes que cuentan con un ICO no podrán acogerse a las medidas de ampliación de la carencia o de la amortización que aprobó el Gobierno en noviembre.

Según indican los gestores, esto se debe a los impagos de más de 90 días que miles de empresas con ICO acumulan a las entidades financieras.

Para Santiago, "es increíble que no sean conscientes de que las pymes están sufriendo un calvario, les falta liquidez y, en consecuencia, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Por ello, precisan ayuda. Las que están al día necesitan las ayudas, las que no, las necesitan con más razón”.

Con todo, la última palabra sobre el reparto de las ayudas a las empresas todavía no está dicha. Nadia Calviño, vicepresidenta segunda de Economía, avanzó este jueves que los gobiernos autonómicos tendrán flexibilidad para decir a qué empresas se darán las ayudas.

En este sentido, se podrá responder a las especificidades de las empresas de cada comunidad. Ha puesto como ejemplo las empresas que pudieron tener pérdidas en 2019 por la quiebra de Thomas Cook, situación que afecta sobre todo a Baleares y Canarias, y que se va a incorporar a los convenios.

"Hemos tratado de asegurarnos de que el dinero llega a empresas viables, en los sectores más afectados, estableciendo unos criterios objetivos (...) A los ciudadanos les tiene que dar tranquilidad que los recursos se concentren en las empresas que de verdad lo necesitan", subrayó Calviño en declaraciones a la 'Cadena Ser'.