España tendrá que devolver los 9.100 millones de euros que recibirá este verano como anticipo de los fondos europeos si no cumple con los hitos y reformas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a prometer este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando aterrice en Madrid.

Si no hay imprevistos de última hora, coincidiendo con esta visita oficial, el colegio de comisarios dará el visto bueno este miércoles al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España para acceder a los 70.000 millones de euros en transferencias a fondo perdido de Next Generation Europe (NGEU). 

Se trata del último paso antes de que este paquete de ayudas pueda ser aprobado de manera definitiva por el consejo en un plazo máximo de cuatro semanas. Esto significa que España podría recibir ya este verano, en aproximadamente un mes, el primer anticipo de estas ayudas con un importe del 13% de las transferencias asignadas, lo que suponen unos 9.100 millones de euros.

Se trata de un balón de oxígeno para el Gobierno español en términos financieros. Pero ese desembolso activará también un mecanismo de control desde Bruselas que exigirá al Ejecutivo cumplir con los hitos y el ambicioso paquete de reformas que ha incluido en el Plan de Recuperación.

Si su debilidad parlamentaria lo impide, se suspenderán las transferencias y en el peor escenario, España podría tener que llegar a devolver ese dinero.

"La Comisión Europea va a evaluar que se cumplan los hitos y las reformas que ha prometido el Gobierno de Pedro Sánchez en este Plan. Si no se cumplen, puede cancelar los desembolsos e incluso exigir la devolución del dinero que se entregue en las próximas semanas", advierten fuentes económicas del PP en Europa.

Esto significa que, tras siete meses de duro trabajo en solitario por el Ejecutivo español, ahora empieza una fase más delicada si cabe que la que se habrá cerrado cuando se apruebe el Plan: la de conseguir sacar adelante las reformas prometidas en esa hoja de ruta.

Para ello, necesitará el respaldo del Congreso y se pondrá de manifiesto, lo que en Bruselas se considera como una de las principales debilidades de un Plan que es ambicioso y está bien estructurado desde el punto de vista técnico: la falta del consenso necesario para avalar las difíciles reformas que se han prometido.

Desde el área económica del PP, se lamenta que el Gobierno no haya tendido la mano ni al principal partido de la oposición, ni a las comunidades autónomas, ni a los ayuntamientos para elaborar un Plan de Recuperación que debería ser de país y no de partido.

Reforma laboral y pensiones

Aunque comparten la necesidad de abordar reformas en campos difíciles como el mercado laboral, las pensiones o incluso, la fiscalidad, se señala que el Gobierno de Sánchez ha querido "gestionar esto en solitario" y está defraudando las expectativas que había generado su discurso de cogobernanza con las distintas regiones españolas.

"El Gobierno se ha comprometido a conseguir reformas con un impacto concreto. Es su responsabilidad conseguirlo. Los objetivos que se ha marcado España son muy ambiciosos, pero no se ha detallado cómo lo va a hacer", advierten esas fuentes, para explicar que no basta con publicar una reforma en el BOE, sino que hace falta demostrar que se está aplicando y se están cumpliendo una serie de hitos.

Bruselas garantizará así que los países utilicen bien los fondos de NGEU, unas ayudas que, como tiene muy presente la Comisión Europea, van a ser repartidas entre distintos países gracias a la financiación aportada por todos los ciudadanos europeos con la mutualización de la deuda que se comenzó a emitir este martes en los mercados con los eurobonos.

Transparencia y rendición

En este contexto, hay otro elemento que preocupa en Bruselas sobre el Plan que ha presentado España: los países deben garantizar libre concurrencia a los proyectos que se vayan a presentar, además de transparencia y rendición de cuentas. 

Como publicó este periódico, hay una seria preocupación entre las empresas que quieren concurrir a los proyectos con colaboración público privada por el bloqueo parlamentario que está sufriendo el Real Decreto Ley 36/2020 que establece el sistema de gobernanza de los fondos europeos.

Esa intranquilidad es compartida por el principal partido de la oposición, pero también por la Comisión Europea, ya que Bruselas ha advertido que falta concretar cómo se va a articular el mecanismo de reparto y hay dudas sobre la gobernanza de las ayudas.

La ejecución de los planes no será solo seguida por la Comisión, sino que el Parlamento Europeo también ejercerá un control bimensual, que se sumará a las reuniones que mantengan los grupos de trabajo establecidos para el seguimiento de NGEU.

En España, el PP ha articulado un mecanismo interno para que sus diputados controlen la información oficial de los proyectos porque considera que no hay garantías de un buen control parlamentario de la ejecución de las ayudas.

Gira de Von der Leyen

España no es el único país que está pendiente de lograr la aprobación del plan presentado para acceder a unas ayudas que acelerarán la recuperación y modernizarán el tejido productivo de las economías europeas.

Von der Leyen también visitará este miércoles Portugal y completará su agenda de esta semana con un viaje a Grecia, Dinamarca y Luxemburgo.

Con esta gira para intercambiar opiniones personalmente con los responsables de los Gobiernos, la Comisión Europea quiere escenificar la importancia de NGEU, un mecanismo fruto de la situación de emergencia que ha provocado la pandemia y que ha supuesto un paso de gigante en la construcción del proyecto europeo.