Sin embargo, los países frugales nórdicos desconfían de que el Gobierno de Pedro Sánchez sea capaz de poner en marcha a tiempo las reformas prometidas, en particular en pensiones, mercado laboral y sistema tributario, que deben completarse de aquí a 2023. Y avisan de que examinarán "de forma meticulosa" el cumplimiento de todos los hitos y objetivos acordados antes de autorizar cualquier nuevo pago. Una advertencia preocupante porque todos ellos disponen de poder de veto para bloquear futuros desembolsos gracias al 'freno de emergencia' que se acordó en la cumbre de julio del año pasado.

En realidad, la aprobación del plan español en el Ecofin ya se daba por descontada porque ha recibido una nota alta por parte la Comisión de Ursula von der Leyen (10 sobresalientes y un aprobado). Todos los Estados miembros han decidido fiarse de la evaluación que ha realizado el Ejecutivo comunitario, pese a que está siendo igual de benevolente con el resto de países. 

De hecho, el Ecofin del martes dará también luz verde a los planes de otros 11 países que llegaron a Bruselas antes del 30 de abril, la fecha de corte inicial. Se trata de Italia, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia.

"La Comisión ha hecho su trabajo, ha negociado los planes durante meses con los Estados miembros. Además, hemos discutido extensamente los planes en los grupos de trabajo y a nivel de embajadores y no hay grandes obstáculos pendientes", relata un diplomático europeo. El Parlamento sueco ha levantado este viernes la reserva general que tenía sobre todos los planes y está previsto que el holandés haga lo propio este lunes. Así que la hipótesis más probable es que la aprobación sea unánime. 

¿Cuáles son las dudas que ha generado el plan de Sánchez entre sus socios europeos durante los debates previos al Ecofin? En primer lugar, el hecho de que las grandes reformas no aparezcan definidas en detalle. La reforma laboral y la de las pensiones se supedita al acuerdo entre los interlocutores sociales, mientras que la reforma tributaria dependerá de las conclusiones del comité de sabios que ha creado el Gobierno.

El equipo de Von der Leyen resta importancia a esta falta de concreción e insiste en que las "líneas rojas" de estas reformas sí se han fijado de forma clara y serán vinculantes para España. Pero al menos un Estado miembro ha reclamado que las reformas de Sánchez vuelvan a discutirse más adelante en la UE para supervisar su ejecución, según las fuentes consultadas.

Los socios europeos también han preguntado a España sobre su intención de poner en marcha la mayor parte de reformas e inversiones durante los primeros años del plan de recuperación, es decir, entre 2021 y 2023. La respuesta del Gobierno de Sánchez es que su objetivo es utilizar los fondos europeos no sólo para transformar la economía y hacerla más equilibrada y resiliente, sino sobre todo para hacer frente al golpe sin precedentes de la pandemia.

Una estrategia que requiere que las ayudas comunitarias empiecen a desplegar sus efectos cuanto antes, desde ya mismo. De hecho, la vicepresidenta Nadia Calviño lleva meses pidiendo a sus socios y a las instituciones de la UE que desbloqueen los pagos de forma urgente. España es, junto con Italia, el país más gopeado de la crisis y el que recibirá más ayudas de la UE. "Tanto las instituciones como los países lo han entendido perfectamente y alaban la ambición", aseguran fuentes del ministerio de Economía. 

Sin embargo, esta promesa de Sánchez de acelerar al máximo las reformas provoca suspicacias, especialmente entre el club de los frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca). "El Gobierno (holandés) está de acuerdo con los hitos y los objetivos marcados, pero tiene dudas sobre si es posible una ejecución tan rápida de las inversiones y reformas como se pretende. Si la ejecución se retrasa, esto tendrá un impacto en el ritmo al que la Comisión puede aprobar los pagos", señala el dictamen sobre el plan español que ha elaborado el Ejecutivo de Mark Rutte y ha remitido a su parlamento para discusión.

En todo caso, La Haya está plenamente satisfecha con los contenidos del plan español. "El plan muestra ambición y aborda vulnerabilidades arraigadas, como la sostenibilidad del sistema de pensiones, la dicotomía en el mercado laboral y los niveles educativos. Hasta qué punto España tenga éxito en ello dependerá del diseño concreto, que en áreas importantes está supeditado en parte a la discusión con los agentes sociales", prosigue el dictamen.

"En la fase de aplicación y de los pagos asociados, Países Bajos pedirá a la Comisión que juzgue las reformas en las áreas de fiscalidad, pensiones y mercado laboral según su contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad", anuncia el Gobierno holandés.

Tras el anticipo de 9.000 millones de euros, Sánchez espera recibir un segundo tramo de ayudas por valor de 10.000 millones a finales de año. Para ello, tendrá que cumplir un total de 50 hitos antes del fin de septiembre. El truco es que la mayoría de las reformas exigidas en esta entrega ya se han llevado a cabo. El reglamento de Next Generation permite incluir todas las medidas adoptadas desde febrero de 2020, como el impuesto sobre los servicios digitales, la tasa a las transacciones financieras o el ingreso mínimo vital. Entre los primeros hitos está también la ley para reducir el número de interinos en la administración pública.

La primera gran prueba de fuego llegará a finales de año, plazo en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido con la UE a aprobar todos los componentes de la reforma laboral. Si fracasa en su empeño, España podría perder los 12.000 millones del tercer tramo. Y los países frugales ya han dado señales de que serán muy estrictos en su evaluación y tampoco tolerarán que Von der Leyen se muestre indulgente.