La crisis de Gobierno emprendida por Pedro Sánchez este sábado no solo ha tenido como consecuencia un importante número de altas y bajas entre los ministros, sino también cambios en la estructura del Ejecutivo. Además de la supresión de una vicepresidencia (la que pertenecía a Carmen Calvo), se ha decidido traspasar las competencias de Función Pública al Ministerio de Hacienda, bajo las órdenes de María Jesús Montero.

Se recupera así la estructura previa a la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, cuando Hacienda y Función Pública estaban integrados. Se trata de un movimiento que podría tener consecuencias para las tareas pendientes en las que estaba trabajando el departamento hasta ahora liderado por Miquel Iceta, nuevo ministro de Cultura y Deportes, como el diseño del nuevo modelo de oposiciones y la negociación del nuevo concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España (Muface). 

Por un lado, Iceta ya había presentado su plan para reformular las oposiciones al empleo público, dado que a lo largo de los próximos diez años se prevé que se jubilen más de 900.000 funcionarios. 

La propuesta de Iceta, incluida diagonalmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recoge medidas como la simplificación de las pruebas, la reducción de plazos y la 'multiplicación' de ubicaciones donde celebrar los exámenes en el caso de la Administración General del Estado. El ministro catalán también puso sobre la mesa un sistema de ayudas económicas para los opositores que se preparan para estas pruebas.

Todo ello con el fin de hacer ofertas públicas de empleo periódicas que cuenten con el suficiente atractivo para ganar candidatos de alto valor añadido.

La música gustó a los sindicatos de función pública. Pero la melodía se ha quedado a la mitad, puesto que no se cerró ningún acuerdo con ellos para la puesta en marcha de esta estrategia, que se quiere desarrollar de forma gradual hasta 2025. Esto queda en manos ahora del equipo de María Jesús Montero. 

Lo que sí ha quedado cerrado antes de la marcha de Iceta ha sido el acuerdo para limitar la temporalidad del sector público y bajarla del actual 30% al 8%. Todo ello mediante un real decreto-ley ya publicado en el que se obliga a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos a convocar 260.000 plazas 'para interinos'. 

El problema para los sindicatos está en que ya había logrado cierta concordia con el departamento de Función Pública de Iceta, como demostró el acuerdo para limitar la temporalidad. Sin embargo, esta situación no se ha dado con Hacienda. 

De hecho, fue el propio Ministerio de Hacienda, concretamente la Dirección General de Gestión de Personal, el que decidió no renovar a buena parte del personal interno del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Muface

Un importante enfrentamiento con los sindicatos y que también provocó choques con otros dos ministerios: el de Trabajo y, justamente, el de Función Pública, cuyas competencias pasa ahora a gestionar María Jesús Montero. 

Otra cuestión de calado que estaba negociando el departamento de Iceta es el nuevo concierto de Muface. Los servicios actuales solo están cerrados hasta finales de este 2021 y Función Pública ya estaba comenzando a dar forma a los nuevos pliegos que darán forma a las prestaciones y condiciones de esta mutua en 2022 y 2023. 

Hace mucho tiempo que las aseguradoras vinculadas al concurso público de Muface reclaman una subida de las primas de los mutualistas. Y las perspectivas no eran negativas en los primeros contactos mantenidos con el equipo de Iceta. 

Sin embargo, el traspaso de esta competencia a Hacienda vuelve a llevar el futuro convenio al terreno de la incógnita. ¿Querrá Montero reducir costes, en tiempos de pandemia, a través de Muface? En unos meses, habrá respuesta para esta pregunta.