La Unión Europea aprueba la ley para garantizar que el salario mínimo alcance un nivel suficiente

Los ministros de Trabajo de la UE han alcanzado este lunes un acuerdo político sobre la directiva que tiene como objetivo garantizar que el salario mínimo alcance un nivel suficiente para garantizar una vida digna a los trabajadores en todos los Estados miembros. No obstante, la norma no fija un SMI armonizado, ni contempla siquiera umbrales comunes obligatorios debido a las brutales diferencias entre los Estados miembros.

Pese a que se trata de un compromiso de mínimos, Alemania (porque el nuevo Gobierno no será nombrado hasta el miércoles) y Austria se han abstenido. Por su parte, Dinamarca y Hungría han votado en contra. El texto final todavía debe negociarse con el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva.

La directiva sobre salarios mínimos fue una de las promesas estrella de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para ganarse el apoyo de los socialistas europeos en su investidura en la Eurocámara. La propuesta de la Comisión se presentó en octubre de 2020 tras un largo proceso de consultas previas.

Durante las negociaciones, los Gobiernos han exigido que la directiva respete los límites establecidos por los Tratados, que salvaguardan las competencias de los Estados miembros para fijar salarios mínimos. Para los Estados miembros era fundamental que el texto final permitiera suficiente flexibilidad, teniendo en cuenta las diferencias en los modelos nacionales del mercado laboral y los sistemas de fijación de salarios.

En la actualidad, un total de 21 Estados miembros, entre ellos España, tienen un salario mínimo por ley. El nivel de salario mínimo oscila entre los 2.202 euros al mes de Luxemburgo y los 332 euros de Bulgaria. En los otros seis (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Austria y Chipre), el SMI se fija exclusivamente mediante la negociación colectiva.

Salario mínimo en los países de la UE

En España, el Gobierno de Pedro Sánchez subió en septiembre el salario mínimo a 965 euros al mes en 14 pagas (o 1.126 euros en 12 pagas, como se suele expresar en la UE). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido además una de las impulsoras en Bruselas de la directiva de salarios mínimos, que según ha dicho no exigirá cambios en la legislación española.

"Hemos venido actualizando el salario mínimo y vamos a seguir actualizándolo y vamos a cumplir además con la Carta Social Europea y el mandato de terminar la legislatura con el 60% del salario medio", ha explicado Díaz.

"Esta propuesta de directiva entiende, al fin, que una Europa de y con futuro es incompatible con salarios bajos y condiciones de vida precarias. Una Europa moderna es una Europa en donde la gente vive con dignidad gracias a trabajos decentes", ha señalado durante el debate público previo a la aprobación del texto.

No obstante, la vicepresidenta todavía espera mejoras durante la negociación con la Eurocámara. En particular, para fortalecer el papel de la negociación colectiva a nivel sectorial, fomentar el uso de indicadores comunes que permitan valorar la adecuación de los salarios y minimizar el número de exenciones que desvirtúen la "función protectora" del salario mínimo.

Los países con una gran cobertura de negociación colectiva tienden a tener una proporción menor de trabajadores con salarios bajos, menos desigualdad salarial y unos salarios mínimos más elevados. Por ello, la directiva pretende promover la negociación colectiva salarial en todos los Estados miembros: los países donde el nivel de cobertura sea inferior al 70% deberán elaborar un plan de acción para aumentarla.

Por lo demás, la directiva sólo obliga a los Estados miembros a establecer criterios claros y estables a la hora de fijar el SMI y a revisarlo de forma regular. También deben limitar al máximo las excepciones y variaciones del salario mínimo y garantizar un acceso eficaz de los trabajadores. Finalmente, los Gobiernos deberán enviar informes bianuales a Bruselas con los datos actualizados sobre el nivel de protección que ofrece el SMI. 

A los seis países que no tienen un salario mínimo fijado por ley, la nueva norma tampoco les fuerza a cambiar de sistema.