De hecho, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, el anteproyecto de ley está preparado para ser aprobada por el Consejo de Ministros antes de que acabe enero de 2022. Así lo indica el propio texto, al que solo le resta incluir un día concreto, puesto que ya adjunta un mes (enero) y un año (2022) para su visto bueno.

Al Ministerio que dirige José Luis Escrivá no le quedan muchas fechas para que se se apruebe el documento antes de febrero. De hecho, solo queda un Consejo de Ministros ordinario este enero: el del próximo martes 25. 

Más allá de que pueda cumplir sus propias previsiones, Seguridad Social ya ha trasladado a los agentes sociales sus urgencias por cerrar una negociación que según indican fuentes tanto de la patronal como de los sindicatos está lejos de terminar. 

Aún así, el Ministerio les habría comunicado la intención de poder llevar el documento, como se ha mencionado antes, al próximo Consejo de Ministros, que es el último ordinario del mes. 

Prisas

Las prisas del Gobierno son lógicas. El desarrollo del fondo público de pensiones y el impulso de los de empleo forman parte de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para recibir los fondos 'Next Generation'. Concretamente, estas medidas tienen que estar aprobadas antes de que termine junio de 2022.    

La cuenta atrás ha comenzado: el plazo medio para tener aprobado un proyecto legislativo en el Congreso (si no se lleva a la Cámara Baja como real decreto-ley) es de unos seis meses. Y, en estos momentos, el texto ni siquiera ha pasado la puerta de entrada del Parlamento nacional. 

Pero la negociación, según los agentes sociales, todavía está en una fase cenital, a pesar de las urgencias. En la nueva versión que se les ha entregado el Ejecutivo ha incluido algunas de sus propuestas, pero desde sindicatos y patronal denuncian que los cambios introducidos son mínimos. 

Con todo, el Ejecutivo se plega a las demandas de las asociaciones de empresarios y trabajadores para que en la comisión supervisora de estos vehículos, que contará con 11 miembros y no con 17 como estaba previsto inicialmente, sean patronales y sindicatos quienes tengan la mayoría frente a los subordinados de Seguridad Social.

Mayorías

Tal y como queda redactado el documento, la segunda de las comisiones que se crean en la reforma de los planes de pensiones colectivos, la Comisión de Control Especial, estará compuesta por 11 miembros nombrados por la Comisión Promotora y de Seguimiento. De ellos, “tres serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, tres por las organizaciones empresariales más representativas y cinco serán designados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, departamento dirigido por José Luis Escrivá.

De esta forma, no solo se reduce el número de miembros de la comisión supervisora, sino que se le da un vuelco a su reparto de poder. Con todo, fuentes del sector consultadas por este periódico aseguran que Seguridad Social conserva su capacidad de veto. 

Con este asunto entre manos, se le acumulan los deberes al ministro Escrivá que, en paralelo, está sacando adelante otro de los proyectos clave de su mandato: un nuevo modelo de cotizaciones para autónomos basado en ingresos reales.

Aunque los tramos propuestos incluyen cifras más elevadas que las propuestas en 2021, desde Seguridad aseguran que dos tercios de los trabajadores por cuenta propia (los que tienen ingresos más bajos) pagarán las mismas cuotas o más bajas que a día de hoy.