De hecho, Comunidad Valenciana es la primera en protestar. La Generalitat que encabeza el socialista Ximo Puig no aceptará ninguna propuesta que no mejore la renta per cápita actual y pedirá que del ‘esqueleto’ presentado por Hacienda desaparezcan factores que desvíen o condicionen el concepto de población ajustada en el reparto, según confirman a este medio fuentes cercanas al Ejecutivo autonómico.

De esta manera, la redefinición del concepto de población ajustada será una de sus demandas. La Generalitat valenciana ha derivado al Comité de Personas Expertas, un órgano independiente creado en Valencia para cambiar el actual sistema de financiación autonómica, la elaboración de las contrapropuestas. Así lo decidió la comisión mixta Consell-Cortes valencianas para no romper la unidad política en torno a este asunto y garantizar que la respuesta al Ministerio sea lo más “aséptica y técnica posible”.

El comité da estos días las últimas pinceladas al documento, complejo y de perfil técnico, según diversas voces. En líneas generales, la Comunidad Valenciana pedirá volver a definir el concepto de población ajustada y que este sea el criterio principal de reparto.

Además, respecto a los costes fijos, se requerirá que si se incluyen, se apliquen a todas las comunidades autónomas, no solo las de menor tamaño, y se eliminen conceptos variables no poblaciones como puede ser el de localización geográfica o zonas despobladas.

Factores correctores

Cabe recordar que, entre otras cuestiones, el 'esqueleto' de financiación autonómica diseñado por el Ejecutivo central tiene incluye varios factores correctores a tener en cuenta más allá de la población ajustada.

Se reconoce el problema y el incremento de costes que supone prestar servicios públicos en regiones con muy baja densidad poblacional, como las 'dos Castillas', Aragón y Extremadura. Además, se hace hincapié en las necesidades que en estas autonomías y otras genera el reto demográfico, algo patente sobre todo en áreas de lo que se viene llamando la 'España vaciada'. 

Así, Comunidad Valenciana busca que el documento final responda a criterios “estrictamente poblaciones o demográficos”, como ya avanzó el consejero de Hacienda, Vicent Soler, y planteará que se eliminen los fondos alternativos.

A pesar de que en un principio la Generalitat levantina había mostrado su entusiasmo ante la propuesta del Gobierno central y pese a que los socialistas han puesto en valor estas semanas el desbloqueo del problema, se ha extendido una sensación de desconfianza y hartazgo tras comprobar que algunos aspectos planteados volverían a perjudicar a la Comunidad Valenciana.

Ultimando

Mientras, el resto de comunidades autónomas está ultimando sus alegaciones. Los representantes de las diferentes haciendas autonómicas aseguran que tendrán preparadas sus reclamaciones en fecha y hora. Es decir, antes del martes de la próxima semana. 

Se prevé que por el camino haya varios 'choques de trenes' autonómicos, como por ejemplo Andalucía y Madrid, que desde el principio han expuesto sus reservas ante el nuevo modelo de financiación. 

Además, la negociación de la financiación autonómica se va a producir en paralelo a otro asunto que también tiene que ver con las regiones: la reforma fiscal. Entre los contenidos que propondrá el grupo de expertos hay una 'armonización' fiscal para que las regiones tengan un suelo mínimo en determinados impuestos autonómicos, como Patrimonio, Donaciones y Sucesiones. 

La idea es contener lo que desde el Gobierno se ha venido a llamar el 'dumping fiscal' de Madrid. También se maneja la posibilidad de que estos límites se puedan establecer para el tramo de IRPF autonómico. Se trata de una medida que se da por hecho que se abordará sobre todo por las recientes dimisiones que se han producido en el grupo de expertos.

Se trata de las de Ignacio Zubiri y, sobre todo, Carlos Monasterio, quien en varias ocasiones se ha mostrado a favor de favorecer la competitividad fiscal entre las autonomías.  

Cabe recordar que la reforma fiscal también contendrá subidas fiscales en combustibles y otras medidas. Se espera que el trabajo teórico del cónclave fiscal reunido por Hacienda termine en breve y que el Ministerio de Hacienda estudie sus propuestas incluso antes de que se den a conocer a finales de febrero.