La guerra de Vladimir Putin contra Ucrania lo ha cambiado todo. Aunque nadie en la UE habla aún de una recaída en recesión, el conflicto plantea "riesgos significativos" para el crecimiento. Al mismo tiempo, la inflación se ha desbocado hasta máximos nunca vistos desde la creación del euro, lo que impide al Banco Central Europeo (BCE) salir al rescate -a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia- porque su tarea principal es garantizar la estabilidad de precios. A falta de una respuesta europea, son los Gobiernos nacionales los que deben asumir la primera línea de defensa en esta nueva crisis.

En este contexto de economía de guerra, la Unión Europea sopesa prorrogar también en 2023 -por cuarto año consecutivo- la suspensión del Pacto de Estabilidad. Así lo pide España y los países del sur con el fin de seguir teniendo margen para habilitar ayudas públicas a los sectores más afectados y compensar la subida de luz y carburantes. "Nos inclinamos por la suspensión de las reglas fiscales o al menos por una redefinición de las mismas", dijo la ministra de Hacienda María Jesús Montero, el pasado 31 de marzo.

"El Gobierno de España entiende que no es el momento de hacer una política de recortes ni una política de ajustes. No es el modelo que nosotros practicamos, aunque sí una política de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas", alega Montero. España redujo el déficit público desde el 11% en 2020 al 6,9% en 2021, por debajo de la cifra comprometida con Bruselas (8,4%). Pero el Eurogrupo ya ha avisado de que, si se vuelven a aplicar las reglas, los países con alta deuda como el nuestro tendrían que acelerar el ajuste prespuestario en 2023.

La gran novedad es que también Holanda, que lidera el club de los países frugales abanderados de la disciplina fiscal, defiende mantener activada la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad el año que viene. "Cabe esperar que la Comisión opte por extender la cláusula de escape y creo que las actuales circunstancias lo justificarían. No me parece que esto vaya a provocar un gran debate", dijo el pasado lunes la ministra de Finanzas holandesa, Sigrid Kaag, dando por hecho que todos los Estados miembros apoyarán esta medida.

Por su parte, Alemania no se pronuncia sobre otra prórroga de la cláusula de escape y apuesta por esperar a las previsiones económicas de primavera de la Comisión, que se publicarán el 16 de mayo, explican a este periódico fuentes diplomáticas. "Vamos a reevaluar la situación basándonos en la evolución de la crisis en las próximas semanas", ha anunciado el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. La decisión final sobre si el Pacto de Estabilidad se suspenderá también en 2023 se adoptará a finales de mayo o principios de junio.

Pero todos los datos hacen pensar que tampoco el año que viene se aplicarán las reglas que obligan a reducir el déficit y la deuda. La guerra en Ucrania ya está frenando la actividad económica en Europa a través de múltiples canales. No sólo por la subida de los precios de la energía y las materias primas, sino también por el deterioro de la confianza de los consumidores y los mercados y nuevos problemas en las cadenas de suministro globales. "El impacto económico es difícil de cuantificar, pero está claro que el crecimiento del 4% que habíamos previsto para la eurozona para este año es ya inalcalzable", admite Gentiloni.

Tanto la Comisión como el Eurogrupo han acogido muy positivamente el acuerdo alcanzado por España y Holanda sobre la reforma del Pacto de Estabilidad, por ser un puente entre las posiciones antagónicas del sur y los frugales. El documento conjunto, que se presentó el lunes, deja intactos los límites previstos en el Pacto de Estabilidad, que fija la obligación de reducir el déficit por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60%. Pero propone una serie de mecanismos para relajar estas exigencias.

En particular, se da por enterrada la regla que obliga a reducir cada año una veinteava parte de la deuda pública por encima del umbral del 60%. Como la pandemia ha disparado el endeudamiento de la mayoría de Estados miembros a niveles sin precedentes, aplicar esta norma en países como España o Italia asfixiaría de inmediato el crecimiento. En su lugar, España y Holanda proponen itinerarios de reducción de la deuda individualizados y ajustados a la situación de cada Estado miembro.

Deben ser los propios Gobiernos nacionales los que tengan más margen para definir sus sendas de ajuste presupuestario, en vez de tener objetivos de déficit fijados desde Bruselas. Como contrapartida, Holanda exige (y España ha aceptado) más garantías de que habrá sanciones para los incumplidores. 

"Es un signo alentador de los esfuerzos que están haciendo los colegas para encontrar puntos de coincidencia en temas difíciles", ha dicho el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, a modo de elogio de la iniciativa hispano-holandesa. "Es muy bueno que esta iniciativa esté firmada por dos países como España y Holanda, que en nuestra clasificación normal están en posiciones muy diferentes sobre estos temas", coincide Gentiloni.

Sin embargo, esta propuesta es un borrador al que todavía le falta mucha concreción. Y sobre todo aún no está claro que el resto de Estados miembros vayan a apoyarlo. Suecia, otro de los miembros más destacados del club de los frugales, ya ha expresado su escepticismo sobre las sendas presupuestarias individualizadas. La reforma del Pacto de Estabilidad todavía podría tardar muchos meses, de ahí que los Gobiernos quieran saber cuanto antes qué reglas se aplicarán en 2023 para poder elaborar sus presupuestos nacionales.