La pandemia de Covid-19 puso fin a seis años de fuerte crecimiento económico y a una fase dinámica de creación de empleo. Entre 2013 y 2019, el PIB español aumentó un 17% y se crearon 2,7 millones de empleos tras el trauma de la crisis de deuda. Un ciclo virtuoso que acabó de forma abrupta en 2020, cuando España experimentó la mayor contracción del PIB de toda la UE (-10,8%).

Un desplome sin precedentes que Bruselas explica por las repercusiones económicas del confinamiento, que se vieron ampliadas por algunas características específicas de la economía española. En particular, su dependencia del turismo y de otros servicios intensivos en contactos interpersonales, una estructura empresarial con predominio de las pymes y las debilidades estructurales del mercado laboral.

Al mismo tiempo, tras el choque inicial de la pandemia, la resiliencia del mercado laboral está apuntalando la recuperación. La economía española creció un 5,1% en 2021, aunque todavía se situaba un 3,8% por debajo del nivel anterior a la pandemia a finales del año pasado. En cambio, España recuperó el nivel de empleo previo a la crisis en el último trimestre de 2021 gracias a medidas como los ERTE, aunque el número de horas trabajadas era inferior. En contraste, durante la crisis de 2008-2013 la caída del número de empleos (-15,8%) casi duplicó la caída del PIB (-8,5%).

El impacto económico de la guerra de Rusia contra Ucrania volverá a retrasar la recuperación plena de la crisis de la Covid-19. A pesar de la limitada exposición directa de la economía española, muy inferior a la de otros países de la UE, la actividad se verá afectada a través de diferentes canales, en particular los precios de la energía y la inflación general. Bruselas acaba de rebajar su previsión de crecimiento hasta el 4% este año y sitúa a España a la cola de la recuperación en la UE: no alcanzará su nivel del PIB previo a la pandemia hasta medidados de 2023.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario espera que los desequilibrios que aquejan a la economía española se corrijan gradualmente gracias a la expansión económica. Y sobre todo gracias a la puesta en práctica de las reformas estructurales incluidas en el plan de recuperación que la UE exige a Sánchez a cambio de los fondos NextGenerationEU. Estos son los problemas más importantes recogidos en el informe de Bruselas.

1. La dependencia energética

España apenas compra a Rusia el 10% del gas y el 2% del petróleo. Unas cifras que están muy por debajo de la media de la UE (44% y 26%, respectivamente). Pese a contar con un conjunto muy diversificado de proveedores de combustibles fósiles, la economía española tiene un alto grado de dependencia respecto de la energía importada, lo que la hace "particularmente sensible a las variaciones de los precios en los mercados mundiales".

La principal demanda de petróleo procede de las actividades de transporte y de la industria (químicos y productos minerales no metálicos). Por su parte, el gas se usa para generar electricidad o con fines energéticos en empresas, comercio y hogares. Los precios de la energía empezaron a dispararse a mediados de 2021 y han subido todavía más desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Un aumento que ha mermado el poder adquisitivo de los consumidores -en particular de los hogares de baja renta- y que golpea también a las empresas, especialmente aquellas que realizan actividades intensivas en electricidad, como las industrias del hierro y del acero. La solución a este problema de dependencia es acelerar el despliegue de renovables, sostiene el informe.

2. El descontrol de la inflación

Los altos precios de la energía y su contagio a otros productos mantendrán elevada la inflación a lo largo de 2022. El nivel de precios se moderará durante la segunda mitad del año -a lo que contribuirán las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno, tales como los descuentos sobre los combusibles y la limitación de los precios mayoristas del gas-, aunque se mantendrá en un nivel elevado.

Así, se espera que la inflación anual alcance el 6,3% en 2022, frente al 3% registrado en 2021. Para 2023 se prevé que los precios de la energía sigan moderándose, lo que reduciría la inflación anual al 1,8%. Pese a estas presiones inflacionistas, Bruselas todavía cree que la economía española mejorará su competividad durante la recuperación: su hipótesis de trabajo es que "el aumento de los salarios sea inferior a las subidas de los precios".

No obstante, el informe incluye una mención especial al salario mínimo, que ha aumentado "de forma acusada" desde 2019 (36% en términos nominales). El Gobierno de Sánchez prevé nuevas subidas para alcanzar el 60% del salario medio de aquí a 2023.

Cualquier aumento extra, sostiene Bruselas, debe basarse en una evaluación previa y tener en cuenta "los múltiples efectos sobre el empleo neto, la cohesión social, la competitividad y la demanda interna, entre otros aspectos". En este sentido, la Comisión recuerda el informe del Banco de España según el cual la subida de 2019 tuvo un impacto limitado sobre el empleo general, pero un efecto negativo sobre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados.

3. El alto nivel de déficit y deuda

Las medidas extraordinarias adoptadas para afrontar la crisis de la Covid-19 han llevado a un deterioro significativo de las finanzas públicas. Antes de la pandemia, la deuda había bajado del 100,7% en 2014 al 95,5% en 2019, mientras que el déficit se situó por debajo del límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, la combinación de la caída de la actividad y las ayudas públicas a empresas y hogares dispararon el déficit hasta un máximo del 10,3% en 2020. 

El desfase presupuestario empezó a corregirse el año pasado hasta situarse en el 6,9%. Bruselas todavía prevé que siga bajando al 4,9% en 2022 y el 4,4% en 2023, mientras que la deuda disminuirá del 115,1% del PIB en 2021 al 113,7% en 2023. Pero las cuentas podrían volver a descuadrarse por el impacto de la guerra en Ucrania, justo cuando el BCE se dispone a aprobar en julio la primera subida de tipos de interés en 11 años.

"Es necesaria una estrategia presupuestaria que establezca una senda de consolidación creíble y ancle las expectativas", reclama el Ejecutivo comunitario al Gobierno de Sánchez. Los costes derivados del envejecimiento de la población, en particular las pensiones y el gasto sanitario, suponen un riesgo adicional para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. 

4. El riesgo de morosidad

El sistema bancario español ha capeado bien la pandemia, pero la posibilidad de efectos de segunda ronda tras la guerra de Ucrania exige redoblar la vigilancia. Las moratorias a los créditos y los sistemas de garantías públicas introducidos desde 2020 han aliviado el impacto de la crisis en los deudores y en los balances bancarios y han evitado hasta la fecha problemas de liquidez generalizados. El Gobierno ha ampliado recientemente estas medidas en seis meses adicionales para los sectores más afectados por el alza de los costes de la energía.

La tasa de morosidad descendió al 4,35% a finales de septiembre de 2021. No obstante, la calidad de los activos podría deteriorarse una vez que las medidas de apoyo público se eliminen por completo y el impacto del conflicto se haga más visible. Además, el nivel excesivo de deuda puede afectar a la productividad de las empresas al reducir su capacidad de invertir en capital, innovación o cualificaciones, avisa el informe.

5. El paro y la precariedad laboral

España sigue siendo líder de la UE en paro (con una tasa del 13,5% en marzo) y en desempleo juvenil (29,6%). Además, la precariedad laboral supera ampliamente la media comunitaria. En enero de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, casi uno de cada cuatro contratos y prácticamente el 85% de los recientemente firmados eran de duración determinada. Estas cifras ascendían al 67% y el 88%, respectivamente, entre los jóvenes.

La segmentación del mercado laboral, denuncia la Comisión, se ha traducido en un déficit de inversión en recursos humanos y en una baja productividad. Debido a su duración limitada, los contratos laborales a corto plazo limitan los incentivos para invertir en recursos humanos, ya que no permiten aprovechar los beneficios potenciales a largo plazo. La precariedad laboral dificulta además el acceso a una vivienda asequible, especialmente a los jóvenes de las zonas urbanas.

Bruselas está examinando ahora el impacto de la reforma laboral promovida por la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que forma parte de las condiciones para acceder al tercer tramo de 12.000 millones de fondos NextGeneration. El Gobierno de Sánchez presentó la solicitud de pago a principios de mayo y el Ejecutivo comunitario tiene dos meses de plazo para responder.

6. Las deficiencias en formación

La tasa de abandono escolar en España marcó en 2021 su nivel más bajo (13,3%) desde que se dispone de esta cifra, pero sigue estando entre las peores de la UE. El 78,8% de la población entre 20 y 24 años ha adquirido un nivel de educación secundaria o superior, porcentaje que todavía se mantiene por debajo de la media de la UE (84,3%).

Pero el principal problema, según el Ejecutivo comunitario, es que las opciones de estudio en la educación superior no están bien adaptadas a las necesidades del mercado laboral. Pese a que el porcentaje de titulados universitarios en España se encuentra entre los más elevados de la UE, la tasa de empleo entre los recién graduados es inferior a la media comunitaria.

Al mismo tiempo, falta mano de obra cualificada para cubrir los puestos de trabajo necesarios en la doble transición digital y verde. Entre las deficiencias existentes, Bruselas destaca la escasez de titulados en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación.

7. El riesgo de pobreza y la desigualdad

La crisis de la Covid-19 agravó los problemas de cohesión social en España. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo uno de los más altos de la UE (27% en 2020 frente al 21,9% en la UE), especialmente en el caso de los niños (31,8% en 2020 frente al 24,2% en la UE). Otros grupos en especial situación de riesgo son los migrantes y las personas con discapacidad. 

En cuanto a la pobreza energética, el porcentaje de la población incapaz de mantener sus hogares completamente caldeados se mantuvo estable entre 2015 y 2020, en el 10,9%, por encima de la media de la UE (8,2%).

Bruselas denuncia que el gasto social en nuestro país se orienta más bien hacia las generaciones de mayor edad. Las transferencias sociales, excluidas las pensiones, tienen escaso efecto en la reducción de la pobreza infantil. La ayuda a la renta de los menores en España (una de las más bajas de la UE) se apoya en gran medida en la reducción de la carga fiscal, lo que supone una ventaja limitada para las familias de bajos ingresos.

Por su parte, la ayuda al desempleo está actualmente fragmentada en múltiples regímenes, lo que disminuye tanto su cobertura como su eficacia. Los trabajadores temporales, en particular, tienen un acceso efectivo limitado a la cobertura permanente debido a las estrictas condiciones de admisibilidad. El Ingreso Mínimo Vital, que la Comisión considera una herramienta útil, tiene una cobertura incompleta. Además, las comunidades autónomas no han hecho los ajustes necesarios para complementarlo con sus propios regímenes.

8. La baja inversión en I+D

España es uno de los países de la UE con menor proporción de inversión en I+D (1,4% del PIB en 2020, frente al 2,2% de la UE). La financiación insuficiente afecta tanto al sector público como al privado, frenando el incremento de la productividad y la capacidad de innovación de la economía.

La intensidad privada de I+D sigue siendo comparativamente baja, con un valor cercano a la mitad de la media de la UE. El resultado es un escaso número de patentes, vínculos débiles entre los ámbitos empresarial y científico y una modesta proporción del empleo en empresas innovadoras. Todo ello ha obstaculizado la transformación económica de España hacia sectores de mayor productividad.

9. Las carencias de la Administración

De forma global, la eficacia de la Administración Pública en España es inferior a la media de la UE y ha ido disminuyendo desde 2017. Aunque ha avanzado en materia de digitalización, la calidad de la legislación se ve debilitada por la fragmentación de la normativa, la limitada evaluación ex post de las políticas y el frecuente recurso a procedimientos legislativos de urgencia.

El mantenimiento de la capacidad administrativa resulta, además, problemático debido a la gran proporción de funcionarios que tiene más de 55 años (se espera que el 56,3% del personal de la Administración Central se jubile de aquí a 2030) y al elevado número de contratos temporales, avisa la Comisión.

También el sistema judicial español tiene problemas de eficiencia. En particular, los plazos de resolución de los asuntos civiles y mercantiles ante el Tribunal Supremo siguen siendo muy dilatados (888 días en 2020 frente a 681 días en 2018). No obstante, la calidad del sistema judicial es, en términos generales, buena. Por lo que se refiere a la independencia judicial, no se han notificado deficiencias sistémicas.

10. Las disparidades regionales

En España persisten disparidades regionales, y también entre las zonas urbanas y las zonas rurales. La pandemia ha tenido consecuencias asimétricas sobre las comunidades autónomas españolas, afectando más a aquellas cuya economía depende del turismo.

Algunos indicadores socioeconómicos, tales como los relativos al desempleo, la pobreza o la competitividad, muestran diferencias territoriales significativas. En 2019, el PIB de Madrid equivalía al 124% de la media de la UE, casi el doble que el de Extremadura y Andalucía. Una brecha que pone en riesgo la cohesión territorial en España.