Los funcionarios que suspendan de forma reiterada las nuevas evaluaciones que quiere introducir el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrían llegar a perder el puesto logrado por concurso, pero no su plaza como trabajador público. Así lo determina el anteproyecto de la Ley de Función Pública al que el Consejo de Ministros dio luz verde el martes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En el mismo se contempla que será obligatorio "para todo el personal" someterse a pruebas de desempeño de su labor, algo que tendrá "efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas".

Y no solo eso, sino que el texto establece que obtener de forma continuada resultados negativos en estas pruebas de desempeño podrá tener como consecuencia la privación del cargo del funcionario. En esta evaluación se tendrán en cuenta determinados elementos, como la contribución del funcionario a los objetivos estratégicos o la adquisición de nuevas competencias profesionales.

Hacienda precisaba el martes tras la aprobación del anteproyecto de ley que este procedimiento servirá para valorar de manera periódica la conducta profesional, así como el rendimiento y los resultados de los trabajadores públicos.

Bien es cierto que el texto no fija concretamente cuál será el modelo de evaluación, aunque establece "unos principios y criterios orientadores", entre los que cita "la mejora continua y la revisión y seguimiento periódico de los objetivos de este modelo a través de un órgano colegiado creado al efecto que es la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño".

Los sindicatos, en contra

Unas intenciones que han despertado la furia de los sindicatos. UGT y CCOO consideran "gravísimo" que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan la evaluación por desempeño.

La secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, ha señalado este miércoles que esa evaluación por desempeño obligatoria, con la posibilidad de "remover de su puesto de trabajo" a aquellos que lo han obtenido por concurso, es "bastante grave", ya que "puede ser bastante subjetiva" y, además, no se ha negociado con los sindicatos.

Para Fernández, esta medida "clama al cielo" y reclama que esa evaluación sea "garantista y transparente", sujeta a "unos criterios objetivos". El secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, por su parte, ha añadido que se trata de una decisión "gravísima e inaceptable".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha anunciado que presentará alegaciones al anteproyecto de ley de Función Pública al considerar que "carece de concreción y de las debidas garantías".

Directivo público profesional

Por otra parte, la normativa también reconocerá la figura del directivo público profesional con funciones de desarrollo de políticas y programas públicos. Tendrán la consideración de directivo público profesional los titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen.

Hacienda precisa que se trata de un "perfil clave en la concepción de una Administración Pública moderna". La creación de esta figura pretende ofrecer garantías de la profesionalidad y reforzar la idoneidad, capacidad y orientación de estas personas con respecto a los resultados profesionales que obtengan.