Hace más de un año que el Gobierno entregó una primera propuesta de la reforma de la financiación autonómica a las regiones. Y la contestación de las comunidades no fue positiva, dado que consideran que con este informe no se da cumplimiento a sus reclamaciones. 

A partir de ahí, el Gobierno se comprometió reelaborarlo, darle una vuelta y volvérselo a ofrecer a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, desde entonces han pasado más de 12 meses, razón por la que en varias consejerías de Hacienda dan por hecho que esta legislatura no va a ser la de la reforma de la financiación autonómica. 

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Pero desde Hacienda niegan este extremo. "A las comunidades autónomas ya se les presentó una propuesta. Su respuesta fue la de priorizar las variables que les benefician. La interlocución se mantiene con todas las regiones", indican fuentes oficiales del Ministerio. 

De hecho, esta interlocución se ha acelerado en las primeras semanas de 2023. Representantes de la Secretaría de Estado de Hacienda se han estado reuniendo con las autonomías, precisamente, para tratar de acordar una nueva propuesta de financiación. Y en estas reuniones nadie descarta que el asunto pueda cerrarse antes de que acabe el año. 

Esto supone un cambio importante respecto a la primera legislatura de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, al que llegó tras prosperar la moción de censura a Mariano Rajoy. Por entonces, el Ejecutivo descartaba abordar la reforma de la financiación autonómica precisamente debido a la cercanía de las elecciones autonómicas y generales, que se celebraron en 2019. 

Ahora este ingrediente no es un problema, según los mensajes que Hacienda hace llegar a las regiones. Pese a ello, ya hay varias, incluso de signo socialista, que consideran prácticamente imposible sacar adelante la reforma durante los próximos meses. 

Juan Manuel Moreno y Ximo Puig, presidentes de Andalucía y Comunidad Valenciana, tomando café al término del encuentro mantenido en Sevilla sobre financiación autonómica. E.E.

El problema, de base, es que las posturas están muy enfrentadas. La última reforma de la financiación autonómica data de 2009, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Desde entonces, no se ha tocado esta cuestión pese a los importantes cambios que ha sufrido nuestro país tanto a nivel económico como poblacional en los últimos 12 años. 

La última propuesta que envió el Ministerio de Hacienda a las autonomías (un informe de 250 páginas), Montero propuso que la financiación de las regiones dependiera de la población ajustada, estableciendo un mayor valor a la sanidad y a la educación.

En el borrador, el padrón sufría un bajón de importancia significativo a la hora de decidir el reparto de fondos regionales. Este no era el único guiño para las regiones más despobladas.

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El informe recogía la "la intención de reforzar la consideración de las singularidades de aquellas comunidades autónomas que, de una forma más directa, se enfrentan al reto demográfico".

En cambio, el texto desechaba la posibilidad de dar dichos apoyos extra a las regiones por tener áreas densamente pobladas o grandes ciudades. Es decir, el efecto conocido como capitalidad.

Con todo, ni las regiones de la conocida como España Vaciada ni las más pobladas (sobre todo Andalucía y Comunidad Valenciana) mostraron satisfacción alguna con la propuesta. ¿Será capaz de concitar consensos la nueva propuesta en la que trabaja Hacienda si la saca adelante antes de terminar la legislatura? Veremos.