El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno.
El Gobierno gasta seis veces más en reducir los impuestos de electricidad y gas que en rebajar el IVA de los alimentos
Un informe del Banco de España indica que si los recortes fiscales se suplieran por cheques a hogares vulnerables el Gobierno ahorraría fondos.
23 febrero, 2023 03:58La crisis de precios disparada por la guerra en Ucrania ha llevado al Gobierno a poner en marcha un importante arsenal de medidas contra ella y cuyo impacto presupuestario en 2021 y 2025 llegaría a los 40.000 millones de euros. De esta cantidad, unos 17.800 millones son para medidas fiscales. O más bien: impuestos que el Ejecutivo está dejando de cobrar para paliar el impacto de la inflación en las familias españolas.
En estos momentos, según un informe del Banco de España que analiza la aplicación de las medidas, la mayor parte de los esfuerzos fiscales se están haciendo en el lado energético. La reducción temporal de los tipos del IVA de la electricidad y del gas y del Impuesto Especial Eléctrico está suponiendo un coste para la Agencia Tributaria de unos 4.300 millones de euros en este 2023.
Por contra, el ente dirigido por Pablo Hernández de Cos prevé que la rebaja del IVA de los aceites vegetales y las pastas y su práctica supresión en los alimentos básicos se quede en un coste de solo 700 millones de euros. Es decir, seis veces menos pese a que la inflación de la cesta de la compra de la alimentación sigue disparada.
Más allá de las cantidades, el informe del Banco de España se muestra crítico con este tipo de medidas, así como con la bonificación de los carburantes que se aplicó el año pasado. El texto insiste, como han hecho otros análisis, que son medidas con carácter "eminentemente generalizado en lugar de estar focalizadas en los hogares o las empresas más vulnerables".
De hecho, alerta de que la aplicación de estas medidas de forma generalizada lleva a que los hogares que más consumo hacen, normalmente, los de renta alta, se queden con el mayor beneficio bruto de estas rebajas fiscales.
Con todo, el Banco de España también indica que la rebaja del IVA tanto de la electricidad como del gas y de los alimentos habría generado un mayor ahorro de gasto a los hogares vulnerables, en términos porcentuales, que a los que tienen más ingresos. En cambio, la bonificación de los carburantes ha favorecido mucho más a las clases altas.
Contra estas iniciativas, el Banco de España propone desplegar ayudas directas solo a hogares vulnerables en función de su renta, lo cual permitiría niveles de protección similares a los alcanzados con las medidas ya desplegadas, pero con un menor coste presupuestario y evitando distorsiones en las señales de precios" como las provoca tocar el IVA.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Según los cálculos del ente, el beneficio medio de los hogares más vulnerables (entendidos como aquellos con una renta menor al 60% de la renta mediana de los hogares españoles) por estas rebajas fiscales estaría en los 375 euros.
El Banco de España admite que si a las familias más empobrecidas se les entrega solo un cheque con esta cantidad habría varias que perderían parte de los beneficios que tienen ahora, debido al "efecto heterogéneo" que tienen las rebajas fiscales.
En cambio, si la transferencia directa a los hogares vulnerables se eleva a los 860 euros solo un 4% de los hogares vulnerables resultarían perjudicados. Con esta formulación de ayudas directas, la entidad asegura que las arcas públicas ahorrarían hasta 4.790 millones de euros.
Lo cierto es que la propuesta del ente va en la misma dirección que las reclamaciones que, al respecto, ha hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI). El órgano dirigido por Kristalina Georgieva ha pedido a los países que sus medidas se concentren, en todo caso, en proteger exclusivamente a los más vulnerables.
De esta manera, el Banco de España propone que se dé cumplimiento a esta petición. E insiste: "Entre un 80% y un 85% del impacto presupuestario de las medidas desplegadas para hacer frente a la crisis energética y al repunte de la inflación presenta un carácter generalizado, en lugar de estar focalizado en los colectivos más vulnerables".
