Este cambio obedece a la decisión de Pedro Sánchez de integrar las competencias en materia de Comercio dentro el Ministerio de Economía en un momento en el que varios inversores han mostrado su interés en entrar en el capital de empresas españolas y están en marcha distintas operaciones corporativas con fondos extranjeros como protagonistas.

A la espera de conocer en detalle en los próximos días las competencias exactas que tendrá el Ministerio de Calviño, todo indica que, al asumir Comercio, lo lógico sería que también se encargará de todas aquellas tareas que llevó a cabo esta Secretaria de Estado durante la pasada legislatura.

[Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresas]

Y entre ellas se encuentra el control de la inversión extranjera directa en compañías consideradas estratégicas para el país. Un aspecto que está regulado por el Decreto de Inversiones Extranjeras en España aprobado el pasado mes de julio en Consejo de Ministros y que tenía objetivo desarrollar y mejorar el conocido como 'escudo antiopas' desplegado durante la pandemia de la Covid-19. 

En consecuencia, Economía será a partir de ahora el Ministerio encargado de elevar al Consejo de Ministros las propuestas para autorizar o denegar inversiones que procedan de fuera de la Unión Europea (UE) en empresas españolas cuya labor afecte a la salud, la seguridad o el orden público en España y que sean iguales o superiores al 10% del capital social de dichas compañías.

Además, será el encargado de supervisar la autorización administrativa previa de inversiones extranjeras directas en infraestructuras y tecnologías críticas, el suministro de insumos fundamentales o los medios de comunicación. También cuando el inversor esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales.

Por lo tanto, es probable que Economía sea quien vaya a tener en un futuro la última palabra en operaciones actualmente en marcha como, por ejemplo, la compra de Vodafone España por parte de Zegona, el control de Celsa por parte de varios fondos de inversión o, incluso, en el aumento de la participación directa de STC en Telefónica en caso de que el grupo saudí así lo solicite. 

Integración

En el traspaso de carteras celebrado este martes, Calviño ha destacado precisamente las "sinergias claras" que se generan en todo lo relativo a las inversiones extranjeras al integrar las competencias de Comercio dentro del Ministerio de Economía en un "tiempo de grandes cambios" en el entorno internacional. 

La vicepresidenta ha recalcado que, gracias a las inversiones y las reformas puestas en marcha en gran medida a los fondos europeos Next Generation, España está atrayendo inversiones en sectores estratégicos y, además, con un mayor peso de la inversión directa, que es "más estable y más productiva". "Y esto está teniendo un impacto estructural positivo sobre nuestro crecimiento futuro", ha añadido.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, durante el acto de entrega de la cartera de Comercio. Alberto Ortega Europa Press

En este contexto, ha asegurado que la integración de Comercio en Economía va a permitir "articular mejor la política de atracción de inversiones exteriores", que se gestiona desde el Tesoro y las Secretarías de Estado de economía y de Comercio. Y se hará "en muy buena coordinación con Moncloa", como se ha hecho durante los últimos cinco años y medio.

A este respecto, Calviño ha adelantado que desde su Ministerio se desarrollará el proyecto para establecer "una ventanilla única" que se encargue de la gestión de las inversiones en proyectos o sectores estratégicos para nuestro país.

Empresas

Con las competencias de Comercio, el Ministerio de Economía pasa también a aglutinar prácticamente todas las competencias relacionadas con las empresas. Particularmente en lo relativo a un sector con tanto peso en España como es el comercial y de retail.

La absorción de Comercio permitirá a Calviño (o a quién le suceda al frente de Economía, si finalmente es designada para dirigir el BEI) disponer de algunos de los principales instrumentos de ayuda y financiación para las empresas del Estado, a los cuales ha citado en su discurso de este martes.

[Cofides creará un fondo de 2.000M para coinvertir junto a multinacionales en proyectos españoles del NextGenEU]

Por un lado, está la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, más conocida como Cofides. Esta empresa pública, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, se encarga de prestar servicios financieros. En estos momentos, tiene una cartera de 1.727 millones de euros invertida en diferentes proyectos.

A esto se suma que, en breve, va a pasar a gestionar un fondo de más de 1.000 millones de euros en préstamos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente, a su adenda.

Por el otro lado está Cesce, una aseguradora que supone el segundo grupo en España en crédito y caución, y del que es propietario el Gobierno en más de un 50%. Esta empresa facturó casi 95 millones de euros el año pasado y es clave, instrumentalmente, para el Estado.

Un ejemplo bien reciente es el caso de Siemens Gamesa. A falta de saber cómo se resuelve el futuro de esta empresa, como anunció EL ESPAÑOL-Crónica Vasca, el Gobierno está trabajando en una línea de avales bancarios, con la cobertura de Cesce por cuenta del Estado, para nuevos contratos de esta compañía en el exterior.

Desacuerdos por las hipotecas

Calviño tendrá también la oportunidad de estrechar lazos con el sector bancario, aunque el inicio de esta legislatura ya llega con desacuerdos. El motivo, la ampliación del umbral de renta máximo para acceder a las ayudas del plan de rescate hipotecar hasta unos 38.000 euros (4,5 veces el IPREM), pactado por PSOE y Sumar y anunciado por Sánchez en el Debate de Investidura.

Los banqueros no están muy por la labor de ampliar las medidas, más que nada porque consideran que, gracias a la buena evolución de la economía, su uso está siendo, al menos de momento, limitado. Su opinión es importante, dado que los bancos deberán aceptar la nueva medida, para lo cual Calviño reunirá al sector, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

[El nuevo Gobierno reunirá a la banca para que acepte subir a 38.000 euros el umbral para las ayudas hipotecarias]

Según datos del Banco de España, son los titulares de apenas 42.000 hipotecas los que han pedido a los bancos acogerse a estas medidas. De ese total de solicitudes, tan sólo el 10% ha sido aprobado por el momento, mientras que el 50% está en revisión. El 40% restante han sido rechazadas, mayoritariamente por no cumplir con los requisitos que incluye el programa. 

La opinión del Banco de España respecto a ampliar las medidas es similar a la del sector. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, afirmó el lunes que en la institución no ven "necesidad en este momento de hacer una modificación del Código de Buenas Prácticas", aunque seguirán monitorizando periódicamente la evolución de las familias y del sector bancario.

Fricciones con la banca

Otro punto en el que habrá tiranteces entre Calviño y la banca será la prórroga del impuesto extraordinario al sector, algo que también pactaron el PSOE y Sumar para consolidar la coalición. La intención de ambos grupos es prolongar este tributo, que fue diseñado inicialmente como un gravamen extraordinario para los ejercicios 2022 y 2023.

Los banqueros ya se han mostrado en contra. De hecho, han advertido de que mantenerlo en momentos que no sean tan favorables para el sector como el actual -por la subida de los tipos de interés- podría tener efectos muy negativos sobre la concesión de crédito.

Pese a estos puntos de fricción, que lo han sido también durante la pasada legislatura, la relación entre la banca y el Gobierno no es del todo mala. Más bien ha tenido altibajos. Y es que a estos desacuerdos hay que sumar negociaciones que han acabado en acuerdo, como las medidas para la inclusión financiera de los habitantes de poblaciones rurales y para los mayores y otras personas con problemas para seguir el ritmo de la digitalización del sector, entre otros.