De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica de España, señala en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia que si las comunidades con mayor renta abandonan el régimen común para tener un sistema foral, "que en la práctica no contribuye casi nada al reparto territorial", el Estado perderá en esas regiones sus recursos tributarios.

Se convertiría así en un "Estado sin herramientas" para llevar a cabo tareas que tiene encomendadas, como son la cohesión social y territorial. La consecuencia, explica el director de Fedea, sería el "incremento de la desigualdad entre regiones en la prestación de servicios públicos".

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"Si se van los territorios ricos, desaparece el excedente" tributario que permite tener una política social "medianamente razonable", argumenta de la Fuente. Y es que, señala, "una de las cosas que hace razonablemente bien" el actual sistema de financiación autonómica es, precisamente, "redistribuir recursos de manera que las distintas CCAA presten servicios parecidos".

Además, el director ejecutivo de Fedea entiende que una media de este tipo supone, en última instancia, "ir desmontando el Estado", en tanto en cuanto la Administración central se quedaría sin recursos propios. Más todavía si otras comunidades ricas empiezan a exigir lo propio.

Diseño: Arte EE / EP EL ESPAÑOL-Invertia.

Este martes, Natàlia Mas, consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, presentó una propuesta que supone la cesión a Cataluña del 100% de la recaudación de los impuestos. Después, la administración autonómica transferiría un cupo al Estado, en una réplica del modelo foral de País Vasco y Navarra.

El Gobierno central no ha tardado en responder. María Jesús Montero, que entre sus retos para la legislatura señaló la reforma del sistema de financiación autonómica, aseguró este martes en los pasillos del Senado que el Ejecutivo pretende "impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña".

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Es decir, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda descarta que la citada región septentrional abandone el régimen común. "Las necesidades de Cataluña y del resto de territorio estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante", aseguró Montero en referencia a la reforma. Con todo, reconoce que necesita del consenso entre todas las CCAA y también el Partido Popular.

Horas antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo había señalado que "es clave que el sistema de financiación sirva para generar suficiencia" al conjunto de los territorios. Además, el titular de Economía indicó que la catalana no es la primera propuesta que recibe el Gobierno sobre cómo debe ser la reforma del sistema de financiación.

"Un golpe" a la igualdad

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado en su perfil de la red social X de que la cesión a Cataluña de toda la capacidad tributaria implicaría "un golpe a los principios de igualdad entre los españoles y los territorios, a la capacidad económica y a la justicia fiscal establecidos en la Constitución".

Para los inspectores de Hacienda, el fraccionamiento de la Agencia Tributaria supondría "un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario". Además, significaría la "conculcación" de los principios tributarios fundamentales sobre los que se asienta el actual sistema.

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La exigencia del Ejecutivo catalán viene de su conocido España nos roba. Es decir, de la teoría de que Cataluña aporta al conjunto del Estado más de lo que recibe de este. En septiembre, la Generalitat aseguró que la autonomía aporta a las arcas públicas casi 22.000 millones de euros más al año de lo que recibe. Sin embargo, se trataba de cálculos propios, en tanto en cuanto los datos para el cálculo de las balanzas fiscales no se volvieron a publicar -tras años sin hacerlo- hasta la pasada semana.

El Gobierno hizo públicos estos datos, actualizados al año 2021, como parte de su pacto alcanzado con Junts en enero, cuando necesitaron los votos de los independentistas para convalidar varios decretos. Con esos datos, instituciones y centros de estudios pueden, según Hacienda, realizar sus propios cálculos de la balanza fiscal. Sin embargo, la propia Generalitat criticó que los datos "no aportan ninguna novedad".

En cualquier caso, el Ejecutivo catalán ya tenía su propia cifra para esa balanza, esos 22.000 millones que, asegura, pierde por su relación con el Estado central. Y ahora, en el comienzo de una campaña electoral que dirimirá si el independentismo sigue gobernando en Cataluña, ERC busca endurecer su posición en su pugna con los de Puigdemont, después de haberse mostrado como un aliado más fiable de Sánchez que los exconvergentes.