De acuerdo con los últimos datos de Elisa, la herramienta de seguimiento del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia (PRTR) del Ministerio de Economía, hasta el 30 de abril se habían resuelto convocatorias por valor de 37.703 millones de euros. En tanto que las convocatorias ya suman más de 65.000 millones, la tasa de resolución es del 57,9% (1,5 puntos más que en marzo).

Hace poco más de un mes, Carlos Cuerpo celebraba la velocidad de ejecución de los fondos europeos. "Va a velocidad de crucero", aseguró el ministro de Economía, una expresión que ya había utilizado antes su predecesora en el cargo, Nadia Calviño. Esa velocidad de crucero supone que cada mes se publican convocatorias por valor de 1.500 millones de euros y se adjudican 1.100 millones.

¿Es suficiente ese ritmo? Si el objetivo es agotar los 69.528 millones de euros que le corresponden a España, la respuesta es no. Si se mantiene esa velocidad de crucero, en los próximos 20 meses se ejecutarán unos 22.000 millones. Sumado a lo ya ejecutado, se traduce en que para el 31 de diciembre de 2026 se habrán gastado alrededor de 59.703 millones.

Es decir, que España perdería 9.825 millones de euros de los fondos vinculados al Plan de Recuperación. Se dejaría de gastar, por tanto, el 14% de lo presupuestado para el país.

Además, el plazo para cumplir con los hitos a los que se asocian los desembolsos del Plan de Recuperación termina incluso antes. El 31 de agosto de 2026 España debe haber culminado el conjunto de reformas a las que se ha comprometido con la Comisión Europea.

De hecho, el desembolso del cuarto pago, por valor de 10.000 millones de euros, sigue pendiente por el retraso en la aprobación del subsidio por desempleo.

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Ese plazo para completar las inversiones es muy exigente, ya que inicialmente se diseñó para una rápida implementación que combatiera las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, con la recuperación económica en marcha, el Gobierno busca cómo extender la ejecución más allá de 2026, redirigiendo recursos, ajustando objetivos y utilizando préstamos para llevar las inversiones más lejos.

De hecho, el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas sugiere que los fondos podrían gastarse más allá de 2026. En la práctica, algunos programas ya están diseñados con esto en mente. Los 4.000 millones de créditos ICO para vivienda o los proyectos estratégicos (PERTE) del vehículo eléctrico y el chip tienen plazos más largos.

"Tampoco pasa nada"

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), explica en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia que el retraso que pueda existir en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación responde a varios factores. Entre ellos, la urgencia del momento en el que se diseñaron o el recelo por las subvenciones.

"Nos autoobligamos a un despliegue de tres años que, con los ojos de hoy, vemos que es demasiado voluntarista", asegura Pich. El presidente del CGE también señala que, tras la pandemia, la crisis económica no fue tan "dramática" como en un principio se pensó. Es decir, la necesidad real ha sido inferior.

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Por su parte, continúa, la Unión Europea ha tardado en definir las reglas de juego de los fondos, lo que ha ralentizado su puesta en marcha. "Cualquier administración es conservadora por definición", indica Pich para explicar ese retraso en la tramitación, a lo que se suma la necesaria adaptación de la administración española a la gestión de dichos fondos.

Por último, el presidente del CGE señala que "hay muchas empresas que, por definición, no quieren ninguna subvención. No están para perder el tiempo en diseñar proyectos (con los que concurrir a las convocatorias) ni tienen ganas de pasar controles". Además, apunta, no es fácil gastar grandes cantidades de dinero

En cualquier caso, termina Valentín Pich, si no se llegan a ejecutar todos los fondos, será porque no es necesario. "Si el país no ha desembolsado todo porque no hay necesidad de hacerlo, tampoco pasa nada", zanja.