Evolución positiva del sector de los asuntos públicos en España: una comparativa internacional

El sector de los asuntos públicos y el lobby ha experimentado una notable transformación y crecimiento en España en la última década, tanto en la base profesional como en los servicios de consultoría.

Esta línea de trabajo con su primer informe del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada (ICGEA) da un análisis comparativo del desarrollo de este sector en España, con las tendencias observadas en Europa y Estados Unidos.

Identificando patrones de calidad y áreas de oportunidad que puedan ser aplicadas en el contexto español para promover un crecimiento sólido y mayor, contextualizando la evolución a un creciente rol corporativo, donde la interacción entre las instituciones, autoridades, reguladores, administraciones y empresas; "no solo sea necesaria, sino positiva, al aportar conocimiento de sectores muy especializados, dar capilaridad a los instrumentos de ejecución de las políticas públicas y conocer su eficiencia y alcance, sobre los efectos propuestos y los realmente alcanzados", indica la entidad. 

Señala que el sector ha experimentado un crecimiento significativo debido a la complejidad creciente de la legislación europea, estatal, las multi autonómicas y locales; así como la necesidad de las empresas de interactuar eficazmente con el ecosistema político.

Así, ha visto un aumento interanual del 25% en la facturación durante los últimos cinco años. Firmas líderes como LLYC, Acento y Vinces han superado los 25 millones de euros en facturación, expandiendo sus equipos y servicios, informa Servimedia. 

Además, apunta que han surgido nuevas consultoras como Estrategos y BeBartlet, uniendo fuerzas con clásicas como Nitid, Political Intelligence y Reti; las agencias de comunicación siguen ampliando o incorporando los asuntos públicos a su oferta, como el caso de Kreab, Roman o Harmon.

El valor actual del sector se sitúa entre 40 y 50 millones de euros, y se espera un aumento significativo para 2030; sin incluir en estas ponderaciones al bloque de consultoría pública de las empresas de auditoría, especialmente las 4 big four.

Las posiciones corporativas de asuntos públicos están tomando independencia dentro de las empresas mediante la creación de equipos específicos, con una presencia casi completa en el Ibex-35; y entre las grandes filiales de multinacionales asentadas en nuestro país.

El total de profesionales se sitúa entre las 700 y 900 personas en este momento. Las previsiones de desarrollo profesional son muy positivas, y llegan a los 5.000 empleados en asuntos públicos en el 2030.

Pero añadie que el sector en España aún carece de formación cualificada relevante para soportar el crecimiento esperado. La Universidad de Deusto cuenta con un curso anual de 8 horas, la de Comillas con un postgrado, la Universidad Católica de Ávila con un máster online, y la Autónoma de Madrid con un curso de 10 sesiones.

Otra fuente de generación de profesionales muy importante son los políticos y altos cargos de la Administración que finalizan etapas de política activa y optan por aportar su conocimiento empírico al sector privado.

El Instituto cree que la demanda de asuntos públicos llevará a duplicar todos los valores representativos en España en el corto plazo; pero aún existirá una brecha importante con Europa. "Reino Unido, Alemania y Francia han registrado crecimientos robustos, y España aún tiene margen para crecer.

En Reino Unido, el sector generó más de 2,000 millones de euros el año pasado, con más de 4,000 profesionales. En Bruselas, epicentro de los asuntos públicos en Europa, se estima más de 10,000 profesionales directos, indica.

Eurostat reporta que el sector ha crecido un 16% anualmente en la UE. Sin embargo, a diferencia de España, en estos países, hay una mayor penetración de tecnologías digitales en la consultoría de asuntos públicos. La integración de herramientas analíticas avanzadas ha sido fundamental para el análisis de políticas y la toma de decisiones estratégicas.

En Estados Unidos, el sector está altamente desarrollado, con alrededor de 12.000 profesionales y un ingreso anual de 10.000 millones de dólares. La adopción de tecnologías avanzadas ha sido clave para su éxito, destacando la integración de big data y la inteligencia artificial en el análisis de políticas y la toma de decisiones estratégicas.

Ante esta situación concluye que el sector de consultoría de asuntos públicos en España está bien posicionado para seguir creciendo. "El modelo de registro de la Unión Europea es un caso de éxito internacional que puede y debe ser extrapolado por el Gobierno español. La implantación de multinacionales especializadas en España y las colaboraciones y acuerdos estratégicos con líderes en Bruselas o Washington puede ser importante para capacitar mejor a los operadores en España", explica.

Además, dice que "España tiene un déficit de tecnología aplicada al sector y de programas educativos relacionados con los asuntos públicos, en comparación con Reino Unido y Estados Unidos, que podrían lastrar el crecimiento. Surgirán proveedores que cubran ambas necesidades y en poco tiempo.

La economía española está preparada para duplicar el sector sin problemas, y cubrir la brecha con los principales países europeos en 2030, con una estimación de 5.000 profesionales y 200 millones de facturación anual de las firmas especializadas".

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, considera que “los asuntos públicos cada vez son más necesarios en la evolución política y empresarial de nuestro país, con una corresponsabilidad total entre ambos” y añade, “es positivo para la sociedad, para el estado y para la economía”.