En este sentido, Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la citada asociación, ha puesto como ejemplo la escasa seguridad que aporta al capital extranjero la normativa vigente en materia de inversión foránea en nuestro país. Una reglamentación "muy difícil" de concretar en los casos prácticos y que no termina de dejar claro cuando una inversión afecta a las infraestructuras esenciales del estado. 

La normativa, aprobada en 2020 con el fin de evitar la entrada de capital extranjero en compañías "estratégicas", fue actualizada en 2023. Desde entonces sólo ha tenido que ser utilizada en una ocasión. Se trata de una norma que muchos expertos consideran tediosa y contraproducente a la inversión extranjera en España. El Partido Popular, a diferencia del Gobierno y sus socios parlamentarios, se ha mostrado en contra de la misma. 

[Sánchez afirma que el Gobierno analizará la opa sobre Talgo para garantizar su estabilidad futura]

Desde el 2020, el Gobierno español ha evaluado un total de 264 solicitudes de operaciones sujetas al régimen de autorización previa de inversiones extranjeras. En 2020 fueron 29 solicitudes, en 2021 se llegó a 55, en 2022 se analizaron en total 83 y en 2023 llegó al máximo, al alcanzar las 97 transacciones. En los últimos meses, el caso más sonado ha sido el de la OPA que la húngara Magyar lanzó sobre Talgo. 

La presidenta de la Asociación Mundial de Abogados ha presentado este miércoles en Madrid un informe acerca del impacto socioeconómico de la defensa del Estado de derecho. Para este trabajo, la IBA ha contado con el apoyo de la empresa consultora Mckinsey.

Se trata de un documento en el que la abogacía internacional analiza las consecuencias económicas que tiene la erosión del Estado de derecho. En este sentido, pone deberes a España. 

Aunque nuestro país tiene un Estado de derecho fuerte, debe mejorar, además de en lo relacionado a la transparencia del Ejecutivo, en importantes materias como el cumplimiento normativo, la lentitud de la justicia, y la falta de control a la actividad del Gobierno.

La abogacía mundial, que ya se mostró crítica en el pasado con cuestiones como el acuerdo rubricado entre el Partido Socialista y Junts, alerta ahora de un leve retroceso del Estado de derecho en nuestro país en comparación con nuestro entorno. En este sentido, en la clasificación por países que acompaña al informe, España pasa a ocupar el puesto 24, mientras que antes ocupaba el 23.

Para realizar este ranking, se otorga a cada país una puntuación. Por cada punto que se pierde, el estudio estima que el Producto Interior Bruto (PIB) cae un 0,82%.

Un ranking liderado por los países nórdicos (Noruega, Finlandia y Suecia) y en el que España se ve superado por otras economías europeas como Alemania (5), Reino Unido (15) o Francia. A pesar de este retroceso, España se mantiene por encima de Estados Unidos (26).

La International Bar Association (IBA) es la mayor asociación mundial del sector legal, con más de 80.000 juristas y más de 190 colegios de abogados de 175 países. Almudena Arpón de Mendívil es la primera mujer presidenta de la IBA en los últimos 20 años.