La clave ha estado en dos sentencias judiciales dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Supremo, que marcan importantes cambios tributarios y que están obligando a Hacienda a rascarse el bolsillo en devoluciones. 

Por un lado, a principios de año, el Tribunal Constitucional tumbó la reforma del Impuesto de Sociedades que ejecutó en 2016 Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en tiempos de Rajoy, para elevar la recaudación a las grandes empresas. 

Dicha reforma recortó determinadas bonificaciones y deducciones fiscales. El Constitucional consideró que se aplicó de forma contraria a la legislación, con un real decreto-ley. Por ello, anuló la reforma y las empresas que establecieron las correspondientes reclamaciones administrativas en los últimos ocho años ya están cobrando las devoluciones de Hacienda.

Hasta junio, según el correspondiente informe de la Agencia Tributaria, estas devoluciones alcanzan los 707 millones de euros. Cabe recordar que hasta marzo Hacienda había devuelto unos 300 millones. 

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en 2013. Europa Press

La otra sentencia de peso en las devoluciones de Hacienda es del Supremo, que es de 2023. Dicha sentencia dicta las aportaciones que los trabajadores hicieron a las mutualidades laborales entre 1967 y 1978 no recibieron un trato fiscal justo. Tributaron por el 100% de estas aportaciones, pero deberían haberlo hecho por el 75%.

El Ministerio de Hacienda ha puesto varios canales en marcha para compensar los mutualistas (hoy muy mayoritariamente pensionistas) para que puedan hacer las correspondientes reclamaciones y que se hagan las devoluciones, que han llegado a la suma de 707 millones de euros. 

Así, las devoluciones por motivos judiciales han tenido un coste de 1.415 millones de euros. Una cifra que a buen seguro seguirá creciendo en los próximos meses.