El secretario general de los socialistas no quiere limitarse al acuerdo alcanzado con los republicanos, sino que pretende avanzar en la descentralización de un Estado que, si bien no de iure, pero sí de facto, es federal. Como aseguró la vicepresidenta María Jesús Montero en el Senado, ya no se trata de reformar el régimen general y su sistema de financiación, sino de aplicar una "nueva mirada" basada en la bilateralidad.

Bilateralidad con Cataluña, pero también con el resto de comunidades autónomas, que llevan años esperando la reforma de un sistema que genera una insuficiencia de recursos crónica; y de ahí, en parte, la elevada deuda autonómica. Por eso, el presidente inició el curso con el anuncio de que tratará de reunirse con todos los presidentes autonómicos en encuentros individuales.

La primera piedra en el camino la han puesto los independentistas de Junts, que ya han anunciado que no facilitarán el "calimocho fiscal". Es decir, no quieren que la financiación singular de Cataluña se extienda a los demás territorios porque, entonces, ya no sería tan singular. También rechazan la aportación solidaria. Si el régimen común era "café para todos", la bilateralidad general es, para los de Puigdemont, "calimocho para todos".

La otra piedra también llega desde la derecha, aunque en este caso capitalina. Isabel Díaz Ayuso, la líder territorial con más poder dentro del PP, ha hecho un llamamiento al resto de barones populares para que rechacen esas reuniones con Sánchez hasta que no haya una Conferencia de Presidentes, en la que todos los líderes de los ejecutivos regionales se sientan con el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración del curso político. Europa Press

Tampoco termina de haber unidad dentro del propio Ejecutivo: Sánchez quiere un diálogo con los territorios, pero Montero aboga por negociar con la cúpula nacional de los populares "sin luz ni taquígrafos" para evitar, precisamente, tensiones territoriales.

Sánchez todavía tiene que encontrar la receta que consiga aunar todos los ingredientes de esa ecuación casi irresoluble. Lo primero será contentar a todas las regiones, tanto a las que ahora reciben menos como también a las mejor situadas, que no querrán ver mermados sus ingresos. El primer paso ya lo ha dado, ofreciendo doblar los recursos del fondo de suficiencia. Pero queda camino por recorrer.

De Cantabria a Murcia

La crítica al sistema de financiación autonómica viene de largo, ya que debería haberse renovado en 2014. Con una década de retraso, las inequidades derivadas de un sistema de reparto con el que casi nadie está contento, se ensanchan año a año. En términos de financiación por habitante, genera unas desigualdades que rozan los 1.000 euros anuales.

En 2023, Cantabria recibió 4.198 euros por habitante, casi 1.000 más de los 3.213 que recibió Murcia. Junto a esta región, la Comunidad Valenciana y Andalucía son las más perjudicadas, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En las comunidades de régimen común, es el Estado el que recauda los impuestos y luego reparte. Esa distribución sigue, a grandes rasgos, cuatro criterios: población, superficie, capacidad fiscal y esfuerzo fiscal. Sin embargo, pocas CCAA están contentas, pues consideran que no reciben suficiente en función de lo que se recauda en sus territorios o porque esto no sirve para cubrir todas sus necesidades.

El pasado año, la financiación media por habitante se situó en 3.496 euros. Por encima de esa media se situaron Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja. La siguiente tabla muestra la diferencia entre lo recibido y la media:

Los datos muestran que el actual modelo de financiación autonómica, vigente desde 2009 y desactualizado desde 2014, ha provocado desequilibrios entre las comunidades autónomas. Esto afecta directamente a su capacidad para financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, creando disparidades en la calidad de vida entre los ciudadanos de diferentes regiones.

Sin embargo, la propuesta de bilateralidad que llega desde Moncloa no termina de convencer a los más versados en la materia. Fiscalistas de Fedea o el Consejo General de Economistas (CGE) consideran inviable un régimen común que contemple singularidades, ya sea para una o para todas las regiones.

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Los especialistas en financiación autonómica sugieren una reforma profunda del sistema para alcanzar una distribución más justa y eficiente. Entre las medidas propuestas se encuentra la revisión de los criterios de reparto y la incorporación de factores como el envejecimiento poblacional o la productividad, de manera que queden mejor reflejadas las necesidades de cada territorio.

Sin embargo, existen opiniones divergentes. Algunos proponen una mayor autonomía fiscal para las comunidades, permitiéndoles establecer impuestos y tasas propios dentro de ciertos márgenes, mientras que otros abogan por una mayor armonización que evite que algunas regiones eliminen ciertos impuestos mediante bonificaciones.

Además, se plantea reforzar los mecanismos de solidaridad interterritorial —una de las promesas de España en el Plan de Recuperación— para garantizar que todas las comunidades tengan acceso a servicios públicos esenciales, independientemente de su capacidad fiscal. Algo que, en la práctica, podría lograrse a través de fondos de compensación o transferencias directas entre regiones.

No obstante, la actual fragmentación política y los intereses contrapuestos de las comunidades autónomas hacen difícil, e incluso arriesgado, abordar una reforma en este momento. Sin un amplio consenso, que necesariamente exige un acuerdo entre PP y PSOE, así como dentro de sus propias filas, cualquier cambio corre el riesgo de ser revertido a las primeras de cambio.