El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversa con el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, durante el Eurogrupo de este lunes en Luxemburgo
La reforma fiscal, el gran escollo para el quinto pago de Next Gen que Cuerpo quiere solicitar en diciembre
- El Gobierno de Sánchez sólo quiere introducir cambios mínimos, pero Bruselas ve esencial la reforma para reducir déficit y deuda.
- Más información: El Tribunal de Cuentas de la UE alerta del retraso de España en la ejecución de los fondos Next Gen
Aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presume de que España es uno de los Estados miembros más adelantados en la ejecución de los fondos Next Generation, lo cierto es que nuestro país empieza a acumular retrasos crecientes en las reformas e inversiones exigidas por la UE a cambio de las ayudas. Cumplida la mitad del plazo, España sólo ha recibido 48.300 millones, apenas el 30% del total adjudicado. En contraste, Italia ya ha cobrado 113.460 millones de los 194.400 que le corresponden en el reparto (el 58% del total).
El último pago recibido (el cuarto, por valor de casi 10.000 millones) se desembolsó el pasado mes de julio, un año más tarde del calendario original pactado con Bruselas. El quinto pago (que incluye 7.000 millones de euros en subvenciones) estaba programado para diciembre de 2023, pero hasta ahora no había ninguna pista sobre cuando se acabaría cobrando. El plazo para ejecutar las reformas e inversiones y recibir los fondos Nex Gen expira en 2026.
Aprovechando la reunión del Ecofin celebrada en Luxemburgo, Cuerpo ha desvelado que aspira a enviar a Bruselas la solicitud de pago antes de fin de año, es decir, con un retraso de 12 meses. Además de los subsidios, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende pedir por primera vez una parte de los créditos blandos de Next Gen: 4.200 millones de euros. Pero la llegada del quinto pago (cuyo importe total asciende así a 11.900 millones) todavía podría naufragar porque se enfrenta a un escollo que ahora mismo parece insalvable: la reforma fiscal que la UE exige a España como condición fundamental para este desembolso.
Cuerpo ha explicado que todavía está negociando con el Ejecutivo comunitario el alcance exacto de esta reforma fiscal. El plan de recuperación que se aprobó en 2021 exigía una reforma profunda con el objetivo de aumentar los ingresos, apoyar la transición verde y hacer el sistema tributario más eficaz y moderno. Los cambios debían basarse en las recomendaciones del grupo de sabios creado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez pretende ahora limitar la reforma al mínimo imprescindible con el argumento de las que las circunstancias no son las mismas que hace tres años. "La situación presupuestaria y la situación macroeconómica han cambiado a mejor. Por lo tanto, el punto de partida en este diálogo con la Comisión es la actualización de estos números, y la actualización de la situación ahora mismo en términos presupuestarios y económicos, lo que nos da una visión realista de las necesidades y los esfuerzos necesarios hacia adelante", ha relatado Cuerpo.
El ministro de Economía sostiene que no se trata de "renegociar" con Bruselas la exigencia de una reforma fiscal, sino de justificar ante la Comisión que los objetivos perseguidos ya se cumplen. Cuerpo ha sugerido además que cualquier cambio tributario adicional que requiera el Ejecutivo comunitario se negociaría de aquí a fin de año en paralelo con los Presupuestos para 2025, que también van retrasados.
Pero lo cierto es que el Gobierno de Sánchez ni siquiera cuenta con una mayoría suficente para aprobar los cambios mínimos con los que pretende satisfacer a Bruselas, como la prórroga de los impuestos a la banca y a las energéticas, que caducan a fin de año. El Ejecutivo comunitario está a la espera de lo que decida Carles Puigdemont y por eso ha decidido aplazar la negociación a después del congreso de Junts previsto para finales de octubre.
El Ejecutivo comunitario no ha querido responder a las preguntas de este periódico sobre el estado de la negociación con Cuerpo sobre la reforma fiscal. Sin embargo, en sus recomendaciones de política económica para España aprobadas el pasado mes de julio julio, la UE insiste en que "las reformas tributarias deberán ser un elemento central de la estrategia de saneamiento de la política fiscal" de nuestro país. Unas reformas que deben incluir la subida del IVA y de las tasas verdes.
"España tendría margen para recaudar más ingresos tributarios relacionados con el medio ambiente (1,5 % del PIB en 2022 frente al 2,0 % del PIB para la UE), en particular reforzando la aplicación del principio de 'quien contamina paga'", reza el texto de las recomendaciones, presentadas por la Comisión de Ursula von der Leyen y respaldadas los ministros de Economía de los Veintisiete.
"La acción para cumplir los objetivos del plan de recuperación y resiliencia también podría incluir el aumento de los impuestos sobre el consumo, protegiendo al mismo tiempo a las personas vulnerables con medidas compensatorias específicas", aconseja el Ecofin. El Gobierno de Sánchez debe además aplicar de forma estricta las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público.
