El descontrol de la nueva tasa de basuras: cuando el bolsillo del ciudadano paga las lagunas de la legislación

Arturo Delgado, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), aborda en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia los problemas estructurales que afectan al sistema de tributos locales en España. Según Delgado, esta área ha sido dejada de lado durante años, y la solución de estos problemas debería ser una prioridad en la agenda política.

Delgado sostiene que la Ley de Haciendas Locales, que regula los impuestos municipales, lleva arrastrando problemas desde su promulgación en 1988. Aunque ha sido reformada parcialmente (la última actualización data de 2004), sigue siendo insuficiente y genera inseguridad jurídica tanto para los ayuntamientos como para los contribuyentes. "Hay impuestos como el de construcciones o el de vehículos de tracción mecánica que presentan deficiencias normativas desde hace décadas", explica.

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Uno de los ejemplos más significativos es lo que ocurre con el impuesto sobre vehículos, conocido como impuesto de circulación. Empresas con grandes volúmenes de coches los matriculan en municipios con bajas tarifas para beneficiarse de ese menor coste, aunque sus operaciones reales se encuentren en ciudades más grandes. "Esto ocurre desde hace 20 años, y aunque se ha denunciado en diversas ocasiones, no se ha tomado ninguna medida efectiva para solucionarlo", indica Delgado.

Otro de los tributos que requieren una revisión urgente es la plusvalía municipal. Las sentencias judiciales han puesto en jaque a muchos ayuntamientos, que han tenido que devolver cantidades millonarias a los contribuyentes debido a la mala regulación del impuesto. "La ley ha sido insuficiente para definir correctamente los criterios de cálculo, lo que ha generado una cascada de litigios", lamenta Delgado.

El presidente de Anihpl también se refiere a la tasa de basuras, cuyo nuevo formato empezará a funcionar a partir de 2025. Esta tasa, en su opinión, ha sido mal regulada y va a generar una alta conflictividad judicial.

Se trata de la adaptación de una recomendación europea que el Gobierno decidió, a través de una ley de 2022, trasladar a los ayuntamientos y, además, en formato de "tasa no deficitaria". Sin embargo, la propia naturaleza de las tasas impide que su recaudación supere el coste del servicio por el que se abona (en este caso, la gestión de basuras).

Eduardo Parra / Europa Press

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Asimismo, Delgado resalta que, generalmente, las tasas no son una obligación, sino un tributo que los ayuntamientos deciden o no imponer.

¿En qué se traducirá todo esto? Lo primero, en dificultades para establecer el coste de dicha tasa, ya que los ayuntamientos tendrán que establecer una cuantía que no se quede ni por encima ni por debajo del coste del servicio. Si una vez terminado el ejercicio lo pagado supera el coste del servicio, los contribuyentes podrían reclamar al ayuntamiento.

Por otro lado, podrán darse notables diferencias entre localidades, de manera que la tasa de basuras sea sustancialmente diferente entre un municipio y otro. Dependerá tanto del cálculo que se hago como de las particularidades de la localidad.

Y por último, en una subida muy abultada de este tributo, puesto que hasta el momento la tasa no tenía esa condición de no ser deficitaria, la cual obligará a elevar la cuantía que abonan los contribuyentes. Además, se añade una dificultad extra, y es el "pago por generación", de manera que los municipios deberán establecer fórmulas para que pague más quien más residuos genere.

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"No debería ser que por con párrafo de la Ley 7/2022 se regule una figura tributaria que va a ser de las más fuertes en recaudación después del IBI", señala Delgado. "Además, va a generar lógicamente mucho conflicto, porque hay muchos aspectos no regulados", continúa, para añadir que "no debería trasladarse a los municipios la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones medioambientales europeas".

De esta manera, para el presidente de los Inspectores de la Hacienda Local, la reforma de los tributos locales es una asignatura pendiente en el contexto de la reforma fiscal más amplia que necesita España. En buena medida, dicha reforma debe pasar por aportar más claridad a los tributos locales, ya que muchas veces es la indefinición la que lleva a los problemas.

Aunque el foco suele estar en la fiscalidad estatal y autonómica, la realidad es que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos. "Cuando se genera una crisis en un impuesto local como el IBI o la plusvalía, la presión sobre los municipios es mucho mayor que en otros niveles administrativos", señaló.

Sin embargo, Delgado es optimista sobre el impacto que podría tener la presentación del Libro Blanco para la reforma de la tributación local que su asociación está preparando. El objetivo es que este documento sirva como una hoja de ruta para abordar los problemas de fondo de una vez por todas. "No pretendemos que se convierta en una balsa de aceite, pero sí que se resuelvan los problemas estructurales que generan inseguridad jurídica", afirmó.

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Los Inspectores de Hacienda Local plantearán una batería de medidas para reformar las haciendas locales en el Libro Blanco que presentarán en su Congreso Anual, que se celebrará en Granada los próximos 7 y 8 de noviembre.

"El sistema actual está obsoleto y necesita una modernización urgente para garantizar la justicia tributaria y la seguridad jurídica", concluye Arturo Delgado. Si bien el debate público se centra en las reformas fiscales a nivel estatal y autonómico, la mejora de los tributos locales es una tarea pendiente que afectará directamente a los ciudadanos y que, de no abordarse, seguirá siendo fuente de conflictos y litigios.