El Gobierno promete deducciones a empresas que aumenten su plantilla mientras negocia la reducción de jornada

La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista introduce bonificaciones en el marco de la reserva de capitalización, un incentivo fiscal que permite a las empresas deducirse un porcentaje sobre el aumento de sus fondos propios. En este caso, la deducción puede incrementarse si la empresa aumenta su número de empleados en comparación con el año anterior.

El sistema de bonificación establece diferentes porcentajes de reducción según el número de trabajadores incorporados. Las empresas que logren incrementar su plantilla media en al menos un 2% (pero no más de un 5%) respecto al año anterior podrán acceder a una deducción en la base imponible del 23% del incremento de sus fondos propios. Si no se incrementa la plantilla, la deducción se queda en el 20%.

Eduardo Parra / Europa Press

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Para aquellas empresas que consigan aumentar su plantilla entre un 5% y un 10%, el porcentaje de deducción asciende al 26,5%. Finalmente, si la empresa supera el 10% de aumento en el número de empleados, la deducción podrá alcanzar el 30%.

Para acceder a estas bonificaciones, las empresas deberán mantener el incremento de plantilla durante un periodo mínimo de tres años. Esta condición es clave para obtener el beneficio, ya que el incumplimiento del mantenimiento de la plantilla provocaría la pérdida de la bonificación fiscal. Además, cabe destacar que el incentivo no sólo beneficia a las grandes empresas, sino que también está orientado a favorecer a las entidades de menor tamaño.

Reserva de capitalización

En última instancia, la enmienda refuerza la reserva de capitalización, un mecanismo que fomenta el crecimiento y saneamiento de las empresas. Mediante esta reserva, las empresas pueden incrementar su capital sin necesidad de acudir a financiamiento externo, fortaleciendo su patrimonio neto. En términos generales, se pasa de una deducción del 15% a otra del 20%.

Este cambio busca igualar el trato fiscal de la financiación propia respecto a la ajena, alentando a las empresas a depender menos de deuda externa y a capitalizarse. Además, favorece especialmente a las pymes, dado que estas suelen depender más de financiamiento externo que las grandes corporaciones.

Más rebajas

La anterior no es la única rebaja que el PSOE pretende incluir en el Impuesto de Sociedades. En otra enmienda, propone una reforma para disminuir la carga tributaria de las empresas con ingresos anuales menores a un millón de euros. Se trata de una reducción progresiva que beneficiará especialmente a las pequeñas empresas y microempresas.

Actualmente, las empresas tributan a un tipo general del 23%, independientemente de sus ingresos. Sin embargo, con la reforma planteada, el tipo impositivo aplicable se reducirá de forma gradual hasta alcanzar el 17% para los primeros 50.000 euros de base imponible, mientras que el resto —hasta el millón— se gravará al 20%.

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La enmienda plantea una disminución gradual de los tipos impositivos, distribuidos en varios años. Para el ejercicio fiscal que comenzará en 2025, pagarán un 21% por los primeros 50.000 euros de base imponible y el 22% por el resto; en 2026, el 19% y el 21%, respectivamente, y en 2027, el 17% y el 20%, respectivamente.

Asimismo, cabe destacar la enmienda que insta al Gobierno a impulsar la modificación del reglamento de las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda a corto plazo y satisfacer las necesidades habitacionales de las personas vulnerables a través de la figura de las nuevas viviendas asequibles incentivadas.

Pensión de invalidez

Por último, a través de otra enmienda el Gobierno pretende hacer incompatible la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez y un trabajo que suponga darse de alta en la Seguridad Social, en cuyo caso se suspendería el pago de la pensión y se reanudaría cuando se produzca el cese en el trabajo.

Hasta el momento, la Ley General de la Seguridad Social establecía que la pensión vitalicia por incapacidad permanente total es compatible "con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total".