Hacienda fracasa en su intento de subir impuestos al diésel y tendrá que fajarse para gravar a las eléctricas en Navidad

Se trata de una iniciativa que lleva en el portfolio de Montero desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió a la Moncloa. La medida consiste en igualar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, una equiparación que lleva exigiendo la Comisión Europea desde hace años. 

Sin embargo, la medida ha sido rechazado por el pleno del Congreso, con los votos en contra de una alianza inédita: Partido Popular, Vox... y Podemos. Más allá de que la subida fiscal tiene carácter medioambiental, lo cierto es que tendría un importante impacto en los conductores. 

Eduardo Parra / Europa Press.

Empresas del Ibex denuncian que la “lonja fiscal” de María Jesús Montero ahuyenta miles de millones en inversiones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordaba que alrededor del 52% de los vehículos en España usan este combustible y que la subida fiscal significaría 11 céntimos por litro más de gasóleo. 

También se han quedado fuera de la reforma fiscal la mayoría de las medidas pactadas entre PSOE y Sumar, aunque esto ya ocurrió en la votación del pasado lunes en la Comisión de Hacienda. Hablamos de medidas como la subida fiscal al seguro de salud o la supresión del régimen tributario de las socimi. 

El impuesto a las empresas energéticas no fue propuesto por el PSOE en su paquete inicial... pero todo parece indicar que el Gobierno tendrá que tramitarlo. Otra cosa es que salga adelante. 

Cabe recordar que, en un principio, el Gobierno descartó mantener el tributo a las energéticas por el rechazo de Junts. Sin embargo, finalmente, y tras cerrar los apoyos de ERC, EH-Bildu y (a última hora) Podemos a la reforma fiscal, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a lo contrario, a mantener el impuesto.

Eduardo Parra Europa Press

Hacienda elude concretar cómo gravará a las energéticas en 2025 para no perder los apoyos políticos al impuesto a la banca

Los socialistas cumplirán su promesa de la siguiente forma: pondrán en marcha una nueva proposición de ley para crear el impuesto, y para ello constituirá una comisión negociadora con todos los grupos parlamentarios "necesarios" para aprobarla, según indicaba Podemos en un comunicado. Una figura tributaria que no gravará "las inversiones que se comprometan con la descarbonización".

Pero estamos a finales de noviembre y todo parece indicar que no dará tiempo a hacerlo antes de que empiece 2025. Por ello, el Gobierno se ha comprometido a aprobar antes de enero un real decreto-ley que permita prorrogar el gravamen temporal a las energéticas un año más, a la espera de que el impuesto definitivo sea aprobado.

Pero los equilibrios parlamentarios para que todo esto funcione son muy precarios. Por un lado, si el gravamen se prorroga, no se cumplirán las condiciones que exigían Junts y PNV: bonificaciones para las inversiones verdes y que se pueda bonificar a través de los conciertos forales. 

De hecho, Junts, a través de Miriam Nogueras (su portavoz), ya ha dejado claro que no lo va a poner fácil. "Nosotros no vamos a participar en la demagogia. Y este impuesto que está encima de la mesa pone en riesgo las inversiones en Cataluña", indicó este jueves.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, conversando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

También añadió: "Nosotros no hemos negociado exención para nadie. Es decir, si se debe pagar un impuesto, que lo pague todo el mundo. Pero debe ser un impuesto hecho con rigor".

Nogueras se refiere a que el Ministerio de Hacienda sólo ha concretato que el impuesto a las energéticas no afectará a las inversiones en pro de la descarbonización. Se trata de algo que no parece encajar con la postura de los partidos de izquierdas soberanistas, que quieren endurecerlo.

Junts tumba el 'impuestazo' a las energéticas del Gobierno

Finalmente, la reforma fiscal (que en Hacienda consideran que cumple con lo prometido a la Comisión Europea para acceder a un nuevo pago de fondos Next Generation) se resume en el tipo mínimo global a multinacionales, las medidas contra el fraude en hidrocarburos y las reformulaciones en el Impuesto de Sociedades para adecuarse a la doctrina del Tribunal Constitucional (que permitirán no perder 5.000 millones en recaudación a grandes empresas). 

También ha prosperado el incremento del IRPF a las rentas del capital, el nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos y el aumento de la fiscalidad del tabaco. Como plato fuerte, finalmente, ha quedado el mantenimiento del impuesto a la banca, que tendrá un carácter progresivo con una escala que oscilará entre el 1% y el 7% en función del margen de intereses y comisiones ingresado.

La recaudación será para las comunidades autónomas, pero las haciendas forales los podrán gestionar. Esto es que, si lo deciden así, podrán bonificarlos en su territorio. 

El tributo será progresivo, así que gravará más a las entidades que más ingresen. CaixaBank, BBVA y Santander tendrán un tipo del 7% al registrar ingresos por encima de los 5.000 millones de euros, mientras que Sabadell estaría gravada por el tipo del 6% y Bankinter y Unicaja, estarían en el rango del 4,8%.

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El Gobierno acuerda con todos sus socios subir un punto el tramo más alto del impuesto a la banca

Ante este contexto, las patronales bancarias AEB y CECA denuncian la "inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos, que deberían incluirse en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad".

El sector avisa de los "graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía" que va a tener el impuesto  bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa". En concreto, el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas, calculan las patronales. 

"Este impuesto no tiene parangón en los países de la UE por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés". 

Hasta José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, expresó su preocupación por el tributo y sus efectos. Pidió que se evite penalizar "ciertos negocios" e informó que no se ha pedido opinión al ente supervisor sobre el diseño del impuesto.