María Jesús Montero se aferra a los 2.000M de recaudación del SMI argumentando que 1.184€ ya son un "sueldo digno"

Sin embargo, la clave de bóveda del asunto está en las arcas públicas. O más bien en los miles de millones de euros que perderán dichas arcas si el Gobierno perdona impuestos a los trabajadores que cobran el SMI.

Este viernes la propia Montero cifraba en hasta 2.000 millones de euros lo que la Agencia Tributaria podría perder de recaudación si se eleva el mínimo exento del IRPF en la misma medida que el SMI, hasta los 16.576 euros anuales (un 4,4% más), tal y como le exigen la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los sindicatos CCOO y UGT y formaciones de la oposición como el Partido Popular.

Carlos Luján / Europa Press

Hacienda necesita el IRPF del SMI para cuadrar cuentas ante un horizonte vacío de PGE y tras una reforma fiscal a medias

La ministra recordaba que muchos de los salarios que quedarían beneficiados por esta iniciativa ya tributaban en 2024. Por tanto, "en todo caso, lo que el Gobierno quiere impedir es que se deje de recaudar. Que no haya una merma en las arcas públicas".

Una merma que estaría entre los "1.700 y 2.000 millones de euros. No proceden sólo del SMI, sino de la estructura del IRPF, que arrastra a otros salarios. Y el que no entienda esto es que no ha estudiado tributario. Primero que se informen y luego hablen".

Montero lo deja claro: el Gobierno no se puede permitir perder más ingresos. Cabe recordar que la reforma fiscal de finales del año pasado quedó a medias y varios de los objetivos no se cumplieron. Entre ellos, dar forma definitiva a un impuesto permanente a las empresas energéticas. Y sin él el Gobierno se tiene que despedir de unos 1.100 millones de ingresos anuales.

A esto hay que sumar la subida fiscal al diésel. Pese a que el Gobierno ya ha manifestado su voluntad de volver a tramitar esta medida en el Congreso (es una de las condiciones que la Comisión Europea ha puesto para dar a España el quinto pago de fondos vinculados al Plan de Recuperación en su totalidad), los aliados de PSOE y Sumar no están por la labor de apoyar un impopular incremento tributario de los combustibles que impactaría sobre todo a los trabajadores.

Efe

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Así, sin unos Presupuestos en el horizonte que permitan la aplicación de otras medidas tributarias, el escenario para cumplir con las reglas fiscales europeas en 2025 se antoja complicado. De ahí que María Jesús Montero se resista a perder hasta 2.000 millones de euros en IRPF por elevar el mínimo exento.

Un IRPF, por cierto, cada vez más básico para las arcas públicas: los ingresos que genera han aumentado un 46% desde 2018 y supone cerca de la mitad de la recaudación total, sobre todo por las rentas del trabajo. 

En este escenario, la vicepresidenta primera alude a que el SMI ya no es "un salario de subsistencia, sino acorde con las necesidades básicas que tienen las familias. Entenderán que esto significa tener derechos y tener deberes". Concretamente fiscales.

Unos deberes que sí se cumplen en otros países europeos. "Alemania y Francia tributan su SMI y eso no es casualidad", añade Montero, que advierte que "todos" deben contribuir al "sostenimiento" del Estado del bienestar.

OIT

Sin embargo... ¿Suponen los 1.184 euros al mes del SMI español un "sueldo digno", como dice la ministra de Hacienda? Lo cierto es que, tomando como referencia la definición que hace la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto, no. O no exactamente.

La OIT no pone cifras respecto a cuánto debe suponer un salario digno (aunque aclara que debe garantizar un nivel de vida decente a las familias), pero sí avisa de que no debería coincidir con el mínimo legal de un país y que debería ser voluntario.

Con todo, el SMI español sí que cumple determinadas condiciones de un salario digno, como reflejar los cambios en los costos de la vida y fijarse tras consultar a sindicatos y patronales.

Cabe recordar, por otro lado, que la tributación del SMI afectaría al 20% de los perceptores de este mínimo salarial. El 80% restante quedaría exento por circunstancias personales o familiares.

En cualquier caso, el Congreso podría darle la vuelta a esta situación. Sumar ha presentado una proposición de ley para que la mayoría de la Cámara Baja rectifique la decisión de Hacienda, a pesar de que cuenta con el apoyo de La Moncloa.

Por ello, desde el propio PSOE no descartan movimientos "creativos" por parte del Gobierno para solventar esta situación. Veremos si esto no va en contra de la "pedagogía fiscal" que propone Montero para sostener su postura.