Los anuncios de viviendas sin licencia son su talón de Aquiles. Y la presión desde lo público se intensifica. Las tecnológicas Airbnb y Homeaway deberán pagar 60.000 euros por publicitar inmuebles que no cuentan con su número de registro. Es la primera multa destacada en esta particular ‘batalla’ que la administración local catalana inició hace meses contra estas plataformas.

En noviembre, EL ESPAÑOL publicaba una radiografía a fondo de la compañía. Su base era el análisis de los datos publicados por la web Airbnb. Y la conclusión: el 64% de la oferta de pisos en Barcelona no publicaba su número de licencia (la causa por la que ha recibido la sanción del Ayuntamiento).

Ya en julio de 2014, el Gobierno catalán impuso una sanción también de 30.000 euros a la compañía estadounidense. Aunque la pagó, anunció que recurriría la decisión. En aquel momento, la administración regional abrió la puerta a cerrar el acceso a su web en caso de que no los retirara.

El seguimiento de Barcelona

Ahora, el Consistorio intensifica la presión. Ha anunciado este lunes los cuatro expedientes abiertos tanto a Airbnb como a su competidor, Homeaway (vendida por 3.600 millones de euros a Expedia y dueña de la española Toprural). En la comunicación oficial, señala que hay que enmarcarlos en su cruzada contra las viviendas ilegales. “Y dentro de las medidas del Ayuntamiento para reducir el impacto negativo del turismo”, añaden.

Los 60.000 euros de sanción a cada una de las empresas es el resultado de dos expedientes. Uno es por publicitar viviendas que no cumplen con la normativa. El segundo es por no responder a los requerimientos de la administración para que aporte información sobre propietarios. Es la multa “máxima” prevista en la normativa, “por la posición dominante en el mercado” de las dos empresas estadounidenses.

¿Cómo ha descubierto la administración estos incumplimientos? A través de un programa informático ha rastreado y extraído la información de los anuncios en las dos principales plataformas. El fin último es descubrir cuántos de ellos no cuentan con el número de registro. Han analizado casi 4.000 de Homeaway y 1.900 en Airbnb. “Se ha podido comprobar que siguen publicitando muchos sin hacer constar el número”, reconoce el consistorio.

“El Ayuntamiento de Barcelona se mantiene firme en explorar todas las vías para combatir los anuncios ilegales”, advierte la administración.

Posición de Airbnb

Desde la filial española se han limitado este lunes a enviar una escueta comunicación oficial en la que ni confirman ni desmienten la existencia de esos anuncios que no cumplen con la legislación. En esa declaración oficial, además de señalar su “total desacuerdo” y su intención de apelar, defiende que Barcelona “debería apoyar a aquellas personas que comparten su casa y no ir en contra de ellas”.

En cuanto al futuro, aseguran que seguirán trabajando con el objetivo de “convencer a las autoridades” para hacer cambios en la normativa, tal y como han hecho otras ciudades europeas. “Una normativa simple y clara para compartir el propio hogar, lo que también permite apoyar a los ciudadanos y fomentar la innovación”.

Tal y como defendían directivos de la compañía en una entrevista para EL ESPAÑOL de cara al reportaje publicado hace ahora un mes, su objetivo es hacer una distinción entre la regulación de la actividad de profesionales y de particulares. “Estamos muy acostumbrados a que quien nos presta un servicio sea una empresa, pero la economía colaborativa, peer to peer, lo que hace es cambiar ese paradigma”, aseguraba a este periódico Arnaldo Muñoz, máximo responsable de Airbnb para España y Portugal.

Lo que ocurre, según él, es que los marcos jurídicos “no responden a la misma velocidad con la que responden los usuarios”. Para él, el objetivo es lograr una legislación similar a ciudades como París “que establece que son las personas que habitan es esa vivienda, y no necesariamente el propietario, quienes deciden lo que hacen con esa vivienda: desde meter a amigos en ella hasta poner algunas de esas habitaciones dentro de Airbnb”.

Al margen de esas nuevas ‘reglas del juego’ reclamadas, fuentes de la compañía sí indican que a cada uno de los propietarios le recuerdan que han de cumplir con las normativas locales.

Y mientras, en la matriz estadounidense…

Pese a todo, la compañía matriz en Estados Unidos es consciente de que tiene un problema con los alquileres y hoteles ilegales. Y así lo hacía constar en un comunicado que publicó el 11 de noviembre: “Nos oponemos fuertemente a grandes especuladores que convierten docenas de apartamentos en habitaciones de hotel ilegales”, recordaron.

A eso unió también la importancia de tratar a cada ciudad de manera personalizada. “Y ayudar a asegurar que nuestra comunidad paga la parte justa de impuestos”, explicó. Y fue más allá: “Vamos a trabajar con las ciudades para ayudar a asegurar la recaudación eficaz de los impuestos”.

Puerta abierta a más sanciones

Puede que este sea el principio de nuevas sanciones impuestas por el consistorio. Ha llevado a cabo 22 requerimientos a plataformas digitales, entre las que se encuentran las sancionadas. Pero, además, está haciendo seguimiento al resto “que podría derivar en las próximas semanas en expedientes sancionadores”.

Entre enero de 2011 y octubre de 2015, el Ayuntamiento ha abierto 986 expedientes a 779 titulares de viviendas en Barcelona por la explotación turística de viviendas sin licencia. Estas cifras se han entregado a la Agencia Tributaria.