Tras semanas de especulación, la tarde del jueves el ministro de Finanzas luso, Mário Centeno, confirmó que Caixa Geral de Depósitos (CGD) el primer banco del país, se retirará próximamente del mercado financiero español. Actualmente sumido en un proceso de recapitalización de miles de millones de euros, el Grupo portugués, con presencia en 23 países, busca redimensionar sus operaciones en el extranjero y enfocarse en África.
La decisión afectará a Banco Caixa Geral (BCG), la entidad española del Grupo, que fue creada a principios de los años 90 con la adquisición del Banco Simeón, el Banco de Extremadura y el Chase Manhattan Bank / Banco Luso Español por parte de CDG. BCG tiene unos 500 empleados y 110 oficinas en España, repartidas en gran parte por provincias fronterizas con Portugal. Centeno se negó a entrar en detalles sobre el plan del Ejecutivo portugués en este respecto, por lo que se desconoce si se contempla la venta de BCG o el cierre de sus oficinas en España.
Fuentes financieras indican que el banco sería de poco interés para los grandes grupos españoles, pero si podría tener interesados entre entidades pequeñas y medianas buscando ampliar su presencia en el territorio nacional debido a una red de propiedades con poca probabilidad de duplicidad con otras ya existentes.
La retirada se produce en el marco de la recapitalización del banco, que ha perdido casi 2.000 millones de euros a lo largo de los últimos cinco años. Aunque el primer ministro portugués, António Costa, confirmó que el Estado tendría que rescatar el banco a finales de mayo, las autoridades lusas han evitado entrar en detalles sobre cuánto precisamente piensan invertir en la entidad. Cualquier ayuda deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea y necesariamente implicará despidos y el cierre de oficinas.
Opacidad gubernamental
El mes pasado fuentes del Ejecutivo indicaron que la recapitalización de CGD probablemente sería de unos 4.000 millones de euros, pero la mañana del jueves estalló la noticia de que el Ejecutivo ahora fijaba la recapitalización de CGD en cerca de 5.000 millones de euros, los cuales irían destinados a prevenir el impago de créditos concedidos y para aumentar la “almohada financiera” de la entidad. Según la radio pública Antena 1, la operación conllevaría la salida de unos 2.500 trabajadores del Grupo y el cierre de 300 oficinas, la mayor parte de ellas en el extranjero.
El Ejecutivo intentó salir al paso de la información con la convocatoria exprés de una rueda de prensa pocas horas después, pero las declaraciones vagas del ministro de Finanzas y el horario de la comparecencia –apenas una hora antes del crucial partido entre Portugal y Hungría, en el que la selección lusa se jugaba su futuro en la Eurocopa– hizo que muchos periodistas se quejaran de la opacidad del Gobierno en este ámbito.
Y es que, pese a la alarma que desató la información revelada durante la mañana, Centeno mantuvo su reticencia a dar detalles firmes relacionados con la recapitulación de CGD, alegando que todavía era muy temprano para compartir esa información y asegurando que era necesario mantener la “tranquilidad” ante un tema “tan sensible”.
“Los planes de negocio y de recapitalización del banco todavía están siendo negociados y ya os serán explicados detalladamente cuando sea oportuno,” afirmó Centeno, quien aseguró que no tendría sentido compartir datos al respecto antes de llegar a un consenso con las autoridades europeas en este sentido. Sin referirse a la cifra de los 5.000 millones, el ministro de Finanzas avisó que los números que se habían filtrados podrían ser finalmente inferiores ya que la Comisión Europea tenía la palabra final sobre la cantidad que el Estado puede investir en la recapitalización de CGD.
Firme en su decisión de no entrar en detalles, Centeno se dedicó a trazar las líneas generales del plan del Gobierno para el Grupo. Entre otros factores, el ministro aseguró que, sea cual sea la cantidad final de la inyección del Estado, CGD “tendrá que devolver ese capital en cuestión de cinco años, reducir sus gastos y aumentar sus beneficios bancarios”. De la misma manera, el ministro confirmó que se pondría en marcha un plan de prejubilaciones y el cierre de oficinas, aunque de nuevo rehusó entrar en detalles sobre el número de trabajadores y filiales que se verían afectadas por estas medidas, aplazando cualquier anuncio al respecto a la toma de posesión del nuevo consejo de administración de la entidad.
Centeno fue tajante en sólo dos asuntos: el futuro territorial del Grupo y la imposibilidad de integrar al fallido Novo Banco dentro de la entidad pública. En el escenario portugués, el ministro de Finanzas defendió la necesidad de que CGD permanezca como una fuerza “líder en el mercado doméstico”. Fuera de sus fronteras, Centeno aseguró que el futuro del Grupo estaba en África, territorio geográfico en el que la entidad se debe centrar. Además del BCG, queda en el aire el futuro del Banco Nacional Ultramarino, la filial del Grupo en la ex colonia lusa de Macau.
El ministro también descartó la teoría de la ex ministra de Finanzas, la conservadora Maria Luís Albuquerque, que sugirió recientemente que el Gobierno intentaría nacionalizar Novo Banco y posteriormente integrarlo dentro de CGD. “Esa posibilidad no entra dentro del plan del Gobierno”, sentenció Centeno.
El futuro de la entidad, y de sus posesiones en el exterior, previsiblemente será esclarecido a mediados de julio, cuando tome posesión el nuevo consejo de administración, encabezado por António Domingues, el hasta ahora vicepresidente del Banco Portugués de Inversiones. Entretanto, los trabajadores del Grupo en el extranjero se mantienen a la espera de saber el futuro que el Ejecutivo plantea para ellos.