El Gobierno tiene que sacar dinero de debajo de la mesa para cumplir con las exigencias de Bruselas. Finalmente, la Comisión Europea no ha congelado fondos al Ejecutivo de Rajoy, ni ha sancionado el incumplimiento del déficit. A cambio, tiene que poner en marcha un severo plan de contención. La CE ya le ha pedido que envíe unos Presupuestos de 2017 que incluyan ajustes por valor de más de 7.000 millones de euros. Y sólo tiene unas semanas por delante para comunicar a la capital comunitaria cómo va a conseguirlo.

Una de las bazas es hacerlo con una herramienta que ya ha usado en el pasado: poner en manos privadas empresas controladas por el Estado. Y la opción más factible es Aena, el gestor de aeropuertos, que ya está parcialmente privatizado. Un 51% de su capital permanece en manos públicas (a través de Enaire) tras la colocación realizada en marzo de 2015. Si llega a colocar el 20% del que se habla, a los actuales precios de Aena en bolsa, el Estado podría recibir alrededor de 3.700 millones de euros. Si rebaja ese porcentaje al 10% llegaría a los 1.890 millones.

El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha reconocido sin ambages que lo está estudiando. “Todavía no tengo una opinión formada y hay que analizar todas las posibilidades”, reconoció en una entrevista radiofónica en la cadena Cope. Aseguró que el gestor de aeropuertos ha pisado el acelerador en sus resultados porque “ha pasado de los número rojos a ser una de las empresas más solventes” y que tiene que “seguir mejorando esa posición”.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna junto al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Chema Moya Efe

El problema de Aena para crecer es que, dado que el Estado tiene las manos atadas en cuanto a acelerar la inversión porque tiene que cumplir con el déficit, no hay opción de tirar de chequera. Hoy, Aena no puede plantearse comprar más aeropuertos fuera de España. “Sin un mayor grado de privatización puede ser difícil competir en el exterior”, indicó el ministro.

Ahora, Aena está presente en 16 aeropuertos más allá de la fronteras españolas. El más representativo está en Londres. Tiene el 51% del aeródromo de Luton. También es responsable de la gestión de dos aeropuertos en Colombia (en Cali y Cartagena), otro en Jamaica y una docena en México a través de la sociedad Aeropuertos Mexicanos del Pacífico. Así que si Aena quiere crecer tiene que conseguir nuevos fondos y esos podrían venir de un nuevo accionista.

La complicada salida a bolsa

La colocación en bolsa de Aena en 2015 no fue una tarea sin sobresaltos. Por un lado, tuvo que retrasarla varios meses porque el Gobierno no siguió el procedimiento adecuado a la hora de contratar a la firma de auditoría responsable de revisar sus estados financieros antes de la colocación. Por otro, no consiguió que accionistas de referencia españoles se convirtieran en accionistas de referencia. Dos familias de renombre, los Del Pino (Ferrovial) y los March (Corporación financiera Alba) se quedaron fuera. Ahora podría tener una nueva oportunidad.

Al margen del Estado, los principales accionistas de Aena son firmas de inversión como TCI Fund Management o BlackRock. Son los principales beneficiados de la evolución de Aena desde que salió a cotizar. Aena saltó al parqué a 58 euros por acción. Ese precio reportó al Estado más de 4.200 millones por la venta del 49% de su accionariado. Sus acciones se han revalorizado más de un 117% desde febrero de 2015 y cada una vale 126,15 euros.

En cuanto a las pérdidas del pasado de las que habló el ministro De la Serna, los últimos números rojos de la sociedad fueron en 2012. Ese año, Aena perdió 38,6 millones de euros. En el último ejercicio completo, el de 2015, el gestor de aeropuertos ganó 839 millones, con un volumen de ingresos total de 3.450 millones de euros.

Aligerar la SEPI

Al margen de qué pasará con Aena, otra opción sobre la mesa del Gobierno es dar salida a algunas de las participaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda. Ahí tiene opciones como Indra, Airbus, Ebro Foods, o IAG (Iberia).

Fernando ABril-Martorell, presidente de Indra. Archivo / Efe

En la tecnológica Indra, por ejemplo, la SEPI tiene una participación del 20%. Su colocación,  a precios actuales en bolsa, reportaría al Estado alrededor de 322 millones de euros. En cuanto a otras cotizadas, el 2,46% de IAG sería bastante más rentable en caso de venta, supondría más de 276 millones de euros. O el 10,36% del grupo de alimentación Ebro Foods, que equivaldría a otros 303 millones. Sólo dejando el accionariado de estas tres sociedades, llegarían a las arcas públicas otros 1.000 millones de euros.

Otra opción de desinversión, pero bastante diferente, es la salida de las dos entidades financieras nacionalizadas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el FROB) ya está estudiando qué hacer con Bankia y BMN, incluida una posible fusión, para facilitar la salida del Estado y tratar de recuperar los más de 22.000 millones de ayudas públicas que se inyectaron en Bankia; y los 1.600 de BMN.

Para ver qué hace, el FROB ha contratado a la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). Esta firma tendrá que “valorar si la fusión es la vía más ventajosa de cara a la desinversión posterior frente a otras posibles alternativas analizadas”, es decir, si es mejor vender el todo o las partes por separado. Hoy, Bankia vale en Bolsa 9.812 millones de euros.