Tras ser nombrado este lunes consejero en la junta de accionistas del Banco Popular, el exvicepresidente mundial de JPMorgan Chase, Emilio Saracho -madrileño de 61 años-, presidirá por la tarde su primer consejo de administración de la entidad poniendo punto y final a la etapa de 12 años de Ángel Ron.

Inversores, accionistas, el sistema financiero y, hasta el propio Gobierno, están ávidos de conocer los ejes por los que Saracho quiere transitar. Al final, todo se reduce a resolver dos grandes cuestiones planteadas.

O mantener la estrategia trazada por el equipo de Ron, tratando de que los supervisores otorguen un aumento del plazo para lograr reducir en 15.000 millones los activos tóxicos más allá de 2018, o capitalizar ya las alicaídas arcas del banco.

Alternativa esta que abriría la puerta a una nueva ampliación, por unos 3.000 millones de euros, a la apertura de un proceso corporativo, que acabaría con la entidad en manos de algún competidor.

Sea la que sea, se trata de una decisión que no se puede demorar. El tiempo apremia y el banco necesita con urgencia levantar el vuelo en bolsa, donde sigue cotizando cerca de mínimos -arriba y abajo de los 0,8 euros-, con una capitalización de 3.500 millones de euros.

De lo que se trata es ver cómo reacciona el mercado. Si se mantiene el proyecto Sunrise -piedra angular para reducir en 15.000 millones los activos tóxicos- y los inversores siguen dando la espalda al Popular, no quedaría otra que cambiar rápidamente para ir hacia otra ampliación, que, caso de no ser cubierta por los actuales accionistas, abriría las puertas de par en par a la toma de control por parte de un competidor.

A partir de aquí, Saracho y su equipo -en el que seguirá como consejero delegado Pedro Larena, que solo lleva siete meses en el cargo- afrontan una serie de retos, en función de que se opte por una u otra alternativa.

Seguir o no con el ‘proyecto Sunrise’

En el marco del plan estratégico que Ángel Ron había diseñado para convencer, en junio de 2016, a los accionistas de que aportasen 2.500 millones de euros, la creación de una sociedad para sacar del balance 6.000 millones de euros de activos tóxicos se convertía en elemento clave.

El conocido proyecto Sunrise para el que, incluso, se buscaron responsables: el exdirectivo del Banco Santander, Remigio Iglesias, y Roberto Rey, exconsejero delegado de Carbures, pero que, expuesto a los supervisores -dentro y fuera de España-, no ha logrado el respaldo por las dudas suscitadas sobre quién se haría cargo de las deudas -de unos 1.300 millones- ligadas a estos activos. Si, finalmente, los fondos cubren esta deuda subordinada y los bancos financian la compra, la operación podría salir adelante.

Venta de activos no estratégicos

Si Sunrise queda definitivamente aparcado, el Popular podría evitar ya ir a una nueva ampliación con la venta -durante el primer semestre de 2017- de activos estratégicos, con los que poder llegar a obtener unos 1.500 millones de euros, tanto por la venta en sí como por el capìtal liberado, de manera paralela a la colocación acelerada de carteras crediticias y de inmuebles.

Entre las desinversiones, entraría todo. La división de seguros o las participaciones en entidades extranjeras como la filial de Portugal, Totalbank, Targobank o BX+, el banco mexicano controlado por el grupo de inversores controlado por Antonio del Valle, a la postre también accionistas del Popular, con el 4,3%, y artífices de provocar, junto a la consejera coordinadora Reyes Calderón, la salida de Ron y la llega de Saracho.

Ampliación de capital ya, ¿sí o no?

A partir de aquí, si  la acción sigue bajo mínimos, la opción de ampliar capital, por un importe de al menos 3.000 millones, se abre como la opción alternativa. La que se veía como inevitable desde que, a principios de diciembre, se decidía el relevo de Ron por Saracho, pero que, ahora, tras los resultados al cierre de 2016 -con esas pérdidas de casi 3.500 millones de euros- ya no lo es tanto.

Y todo porque ese agujero, a instancias ya del propio Saracho, era mucho mayor del inicialmente esperado, al aumentar en 1.000 millones las provisiones que, inicialmente, se habían barajado para cubrir las minusvalías latentes de los activos tóxicos inmobiliarios.

Un incremento de provisiones que ha llevado a los analistas a dudar de que esa presunta ampliación sea necesaria de manera urgente. “No creemos que sea necesaria una ampliación. No es una buena idea”, expresaban con rotundidad el pasado viernes los analista del banco británico HSBC.

Entienden que el camino iniciado de la desinversión sería suficiente para reducir en un 55% sus activos improductivos entre 2017 y 2018, y conseguir que, ya este año, la cobertura de estos activos alcance el 50%. No obstante, no es, ni mucho menos, la posición mayoritaria. Muchos se siguen inclinando por la ampliación de capital inmediata como la única salida.

Entienden que el plan estratégico de Ron no es viable y que, al no reducir en al menos un 45% los 32.000 millones de euros brutos de activos no rentables, no se podrá rebajar la ratio de eficiencia por debajo del 45%, aumentar por encima del 12% el capital y un 9% su valor tangible (ROTE). Y, con todo esto, imposible reportar a los accionistas un aumento del dividendo en efectivo del 40%.

Generar el capital perdido

El Banco Popular, como el resto de bancos españoles, pasó sin problemas el análisis de solvencia realizado el pasado año por el Banco Central Europeo (BCE), pero el hecho de que, como consecuencia de lo aportado por provisiones en el último trimestre de 2016, su capital se viera menguado de casi el 14% que registraba a finales de septiembre del pasado año a poco más del 8% al cierre del ejercicio, ha sembrado de dudas sobre la capacidad del banco para recabar los aproximadamente 1.900 millones necesarios para cumplir con ese umbral del 11% requerido por Basilea III.

En el plan de Ron, el Popular confía en generar un 2,47% de capital por la reducción adicional de activos ponderados por riesgo, la venta de autocartera y la reducción de minusvalías de renta fija, el beneficio retenido o a través de la desinversión en activos no estratégicos.

Aumentar el precio de la acción

Con todo, el gran reto que tendrá Saracho a partir de hoy es aumentar significativamente el precio de la acción del Popular. Con los apenas 80 céntimos que vale cada título, las minusvalías latentes de los accionistas resultan multimillonarias.

Desde el núcleo duro de la Sindicatura de Accionistas (formado mayoritariamente por las aportaciones de los empleados y, en menor medida, por las familias históricas), a la aseguradora Allianz o a Crédit Mutuel, todos saldarían hoy su participación con unas pérdidas inasumibles, aunque ningunas tan abultadas como las de los financieros mexicanos encabezados por Antonio del Valle. Pagaron 450 millones en diciembre de 2013 por el 6% del Popular y hoy el algo más del 4% que le queda capitaliza por apenas 150 millones.

Por eso, el nuevo presidente se ha conjurado para subir la cotización para que, si llegado el caso, la entidad tiene que venderse al mejor postor, que lo haga con una capitalización bursátil de al menos 5.000 millones.