En concreto, el objetivo de la demanda por parte de la energética española es que se le devuelva Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros).

En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza, entre otros, motivos contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje, señala la compañía.

Asimismo, la multinacional energética subraya que la decisión de toma de posesión y liquidación de Electricaribe, adoptada el pasado 14 de marzo, y las demás acciones estatales contra la compañía, tras activar en julio pasado los mecanismos de resolución amistosa de diferencias, "son contrarias" al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido con las autoridades colombianas, "siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de las especiales condiciones en que ha de prestar su servicio, las cuales han sido obviadas por Colombia".

De esta manera, la compañía presidida por Isidro Fainé considera que la actitud del Gobierno de Colombia "es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión hacia ese país".

Además, destaca que constituye un "claro paso en la dirección opuesta" a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión.

MANTIENE SU VOLUNTAD DE SEGUIR NEGOCIANDO CON COLOMBIA.

A pesar del paso dado con el inicio del procedimiento arbitral, Gas Natural Fenosa mantiene su voluntad de continuar dialogando con Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa de un marco jurídico adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe y "llevar a cabo las inversiones convenientes".

La energética estima que su filial en Colombia arrastra un situación crónica de fraude e impagos desde hace años que le ha llevado a alcanzar una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros, para lo que requiere el establecimiento de un marco jurídico "seguro y razonable y el pago de estas deudas".

La inversión de Electricaribe, que fue adquirida por Unión Fenosa en 2000 -que a su vez fue comprada en 2009 por Gas Natural-, entre 2011 y 2015 ascendió a 255 millones de euros, cifra que, según la energética, podría haber sido tres veces mayor de haber contado con el apoyo del Gobierno colombiano para atajar el "grave problema" de fraude e impago.

Por su parte, el Gobierno colombiano ha defendido su decisión sobre Electricaribe como una medida ante la falta de condiciones de la compañía para prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios y ante la "insuficiencia de las inversiones" requeridas para contrarrestar el deterioro de la infraestructura administrada por la empresa, mejorar su capacidad y mantener sanas sus finanzas.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), al igual que el Ciadi del Banco Mundial, está reconocida como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.

Antes de este proceso, Colombia contaba con tres procedimientos de arbitraje internacional presentados ante el Ciadi. Uno por parte de América Móvil, compañía mexicana de Carlos Slim, y otros dos de las mineras Glencore y Eco Oro.