El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, insiste en que la compra del Popular ha sido la medida "más eficaz" para garantizar los intereses de 4 millones de clientes. "La entidad opera con total normalidad y hay tranquilidad entre los empleados y los clientes”, ha apuntado esta mañana en los micrófonos de Herrera en Cope.

Respecto a los accionistas minoritarios, Cendoya ha recordado que la presidenta del Santander, Ana Botín, ha afirmado que desde el banco analizarán "bien qué soluciones se pueden tomar para los pequeños accionistas. Una vez acabado el proceso de análisis, en los próximos días podremos ser más concretos sobre esta cuestión”, ha dicho.

"Ha evitado que perdieran liquidez"

Según el directivo del Santander, la adquisición del Popular por un euro más 7.000 millones por ampliación de capital ha evitado que los “depositantes perdieran liquidez y años y años de pleitos para recuperar parte de su dinero”.

Así, el vicepresidente de la entidad ha insistido en que la operación de compra ha evitado problemas a 4 millones de clientes de los cuales “el 25% son pymes y no ha supuesto ningún coste a las arcas públicas”. La marca del Popular, ha dicho, continuará hasta que finalice la operación de integración.

Cerdoya ha aclarado que en el último test de estrés que se realizó a la entidad se midió la solvencia, la calidad de los activos y el comportamiento de las previsiones pero “aquí hablamos de fuga de depósitos por falta absoluta de confianza, de estampida”.

Los accionistas estudian demandar a la JUR

Los accionistas, minoritarios y no minoritarios, del Popular estudian denunciar por la vía civil, "la más rápida", a la Junta Única de Resolución (JUR) europea y al Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB), además de iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por parte de inversores extranjeros que consideran que sus títulos de valores han sido "confiscados".

Según ha confirmado a Europa Press Bernardo Cremades, abogado de Cremades y Asociados, despacho en negociación con distintas asociaciones de inversores afectados, plantean "demandar y no denunciar" a los mecanismos europeos y al Fondo de Rescate Español porque es la vía "más práctica".

"Planteamos un recurso contencioso administrativo doble. Por un lado, contra la decisión de la JUR ante el Tribunal Europeo de Justicia, y, por otro, contra la decisión del FROB implementando la decisión de la JUR ante la Audiencia Nacional", ha explicado.

Además, Cremades ha confirmado que también están analizando "eventuales reclamaciones por vía civil" contra el Banco Popular y sus administradores, como ya han hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los accionistas minoritarios de la entidad -agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)- mediante el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

"No necesitamos una gran investigación de las cuentas, las puede investigar un perito, pero si ponemos como analogía el caso Bankia, la mayoría de los que reclamaron por su salida a bolsa ya han recuperado su dinero por la vía civil, mientras que por la penal el juicio todavía está abierto. La vía penal va mucho más lenta y no la vemos conveniente", ha aclarado.