Las ayudas a la banca van a costar a los españoles un total de 60.613 millones de euros, descontados todos los conceptos. Nada que ver con las afirmaciones vertidas desde el Gobierno de que el rescate europeo a la banca española no tendría un impacto sobre el contribuyente.

De 76.400 millones de euros de ayudas en distintos conceptos, los españoles sólo han recuperado 4.139 millones y sólo espera recuperar en el futuro, y con suerte, 12.198 millones -incluidos en esa cifra lo ya recuperado-. Es la principal conclusión del último informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008 y 2014, elaborado por el Banco de España.

Las ayudas totales entregadas a la banca ascienden a 76.410 millones de euros, de los que 64.098 corresponden a capital e híbridos, 10.390 millones de euros a los esquemas de protección de activos (EPA) y 1.922 millones de euros a garantías. 

Del total devuelto, 3.466 millones de euros corresponden a ayuda recibida del FROB y 673 millones de euros al FGDEC. Así, la diferencia entre las ayudas y los reembolsos equivale a un 5,6% del PIB de 2015.

Estos conceptos no incorporan las pérdidas que han sufrido los antiguos accionistas, ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada ni los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE. Tampoco los intereses obtenidos ni los gastos incurridos. 

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que el Gobierno espera recuperar "lo máximo posible" de las ayudas concedidas a la banca y que es necesario esperar a la privatización de las participaciones que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) para calcular cuánto será. 

"Confío en que vamos a recuperar lo máximo posible y en que Bankia vale muchísimo dinero", ha señalado el titular de Economía en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) en Luxemburgo.

El ministro ha evitado "especular sobre una cifra". "(Los 60.000 millones) Es una cifra que ya se había dado por parte del Tribunal de Cuentas y del FROB. Va a depender del resultado final de Sareb y va a depender a su vez de los ingresos que obtengamos de la venta de Bankia y BMN. Por lo tanto vamos a esperar", ha dicho Guindos, que ha subrayado que no pone en duda el informe elaborado por el Banco de España, pero que es una cifra que está pendiente de los ingresos que se obtengan por la privatización de Bankia y BMN. "Confío en que vamos a recuperar lo máximo posible y que Bankia vale muchísimo dinero". 

Menos deuda pública que ayudas, ¿por qué?

Según el Banco de España, el aumento de la deuda pública provocado por las distintas intervenciones estaba cifrada, a finales de 2015, en 50.312 millones de euros. ¿A qué se debe la diferencia con el importe neto de las ayudas del último informe? A que la deuda pública no incorpora los recursos aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) con anterioridad a 2012, ni las provisiones realizadas para las garantías.

La deuda pública también se ha visto reducida por los ingresos netos de las ayudas vía comisiones de garantías, intereses y dividendos, así como por ventas o reprivatizaciones.

Palancas insuficientes

En su análisis, el Banco de España valora haber logrado el objetivo principal, evitar la quiebra de un buen número de entidades, algo que habría tenido "efectos demoledores" sobre la estabilidad del sistema, sobre el empleo y sobre la economía real. 

El documento señala que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo económico del país era muy vulnerable a la situación de las entidades, principalmente a las cajas de ahorros. Sin abordar las consecuencias de forma crítica, describe las medidas adoptadas para evitar la liquidación de entidades y mantener la confianza sobre el resto del sector con una meta, proteger a los ahorradores o contribuyentes, ya que los fondos de garantía de depósitos habrían necesitado ayudas públicas.

En el informe, el Banco de España reconoce “la falta de instrumentos supervisores” aunque justifica su actuación a casi una década del estallido de la crisis apoyándose en que la situación no se pudo prever pese a las señales que se observaban.

El supervisor recuerda que el sector financiero español resistió "razonablemente bien" los primeros impases de la crisis de las subprime en Estados Unidos, que empezó en 2007, pero un año después, la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers complicó la situación y en 2009 la solvencia de las entidades españolas se vio comprometida. Según el Banco de España, el entorno internacional facilitó que las políticas monetarias adoptadas de forma global resultaran “demasiado laxas”, algo que contribuyó a los desequilibrios.

En particular, en el caso español, la utilización de “otras palancas de política económica interna” que podrían haber ayudado a contrarrestar los desequilibrios “fue claramente insuficiente”. En un primer momento, se optó por buscar soluciones privadas entre las entidades, exigir saneamientos y favorecer integraciones, lo que derivó en las "fusiones frías" o los denominados SIP, un sistema institucional de protección. Pero la necesidad de inyectar fondos públicos hizo necesario crear el FROB, que acabó por ayudar a la mayoría de grupos de cajas por sus limitaciones para captar capital. 

De las 45 cajas que había en 2008, se pasó a 10 grupos de los que 8 se convirtieron en bancos. Se redujeron las oficinas en un 32,2%, hasta menos de 31.000 a finales de 2015, y se redujo la plantilla en un 27%, hasta casi 198.000 empleados. 

Además, el Banco de España apunta a una “escasa implantación” internacional de esquemas de identificación temprana de los riesgos financieros de carácter sistémico y reitera que de no haber sido por la segunda recesión de 2011, situación que “ningún organismo internacional supo prever”, la banca “hubiera salido adelante”.

"La extensión de la crisis de deuda soberana en la zona del euro" y la vuelta a la recesión de la economía española -algo no previsto por los organismos internacionales- exigió nuevos apoyos a la banca en 2011", subraya el informe.

En este contexto, la ayuda que se dio a la banca fue insuficiente para restablecer la estabilidad del sector y con el endurecimiento de los requisitos legales, España acabó pidiendo el rescate financiero a Europa, el FROB inyectó capital a nueve grupos bancarios y suscribió acciones de Sareb, el banco malo que España se vio obligada a crear.