El sector del taxi está convencido de que el Real Decreto que prepara el Gobierno para regular las VTC es su gran oportunidad para poner fin a “los abusos” de empresas como Uber y Cabify. De ahí que esté preparando una extensa lista de peticiones al Ejecutivo que se sumen -o endurezcan- las que ya ha presentado el Ministerio de Fomento.

La principal exigencia que harán al Gobierno será la de elevar -todavía más- el umbral para poder vender una licencia. El borrador de la norma, ahora en fase de consulta pública, contempla dos años; un tiempo que para algunas asociaciones es insuficiente. Según ha podido saber EL ESPAÑOL van a solicitar que se eleve hasta los cinco años. Un tiempo que consideran prudencial para evitar que haya actores con intereses especulativos que se lancen a la compra de VTC.

Este período será determinante, dado que hasta ahora cualquiera que tuviera una licencia podía venderla al día siguiente; de hecho, es un mercado que ha subido exponencialmente en los últimos años. Ya son varias las comunidades y ayuntamientos que han dado la voz de alarma de cara a los próximos meses, dado que se estima que se podrían conceder cerca de 10.000 nuevas licencia. 

La herencia recibida

Una cifra que se debe a los distintos requerimientos judiciales en marcha de empresas solicitaron sus licencias entre 2009 y 2013 pero que fueron denegadas por las Comunidades.

En aquel entonces la limitación histórica de una VTC por cada 30 licencias de taxi desapareció con la llamada Ley Omnibus aprobada por Zapatero. Sin embargo, algunas regiones siguieron limitando el número para evitar un exceso de títulos en la calles.

No sería hasta 2013 cuando se puso fin a la desregulación, y ya en 2015 el Gobierno de Rajoy volvió a la limitación de 1/30. Así que para evitar la picaresca (desarrollada por Uber y Cabify) de que la nueva norma no debe cumplirse si hay sentencia judicial de por medio, el Real Decreto del Gobierno ya contempla medidas para que no haya escapatoria.  

El sector ve con buenos ojos el resto de las medidas planteadas por el departamento que dirige Íñigo de la Serna. Entre ellas se encuentra la imposición de matrículas diferenciadas para taxi y VTC; y la creación de un registro electrónico para los servicios.

Si sale adelante, Uber y Cabify tendrán que exigir mayores requisitos de registro, ya que necesitarán tener -obligatoriamente- el DNI del pasajero y la dirección y el destino de la ruta. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que un coche salga rumbo a un servicio deberá tener todos los datos de contratación. 

Además se quiere evitar que los coches de Uber y Cabify puedan exceder el límite del 20% a la hora de efectuar servicios fuera de su Comunidad de origen. Un punto esencial para el taxi, dado que -denuncian- las VTC se saltan a la torera.

El fin del sector

Desde la patronal que agrupa a este tipo de vehículos, UnautoVTC, lamentan que el Gobierno “ceda al chantaje del Gobierno y le permita mantener su monopolio”. Su presidente, Eduardo Martín, asegura además que “en caso de que las medidas se aprueben, la operativa del sector se verá gravemente restringida, que es lo único que busca el taxi”.

Es sólo una demostración de que la guerra del taxi, por mucho que lo intente el Gobierno, no va a parar aquí. Asociaciones como Fedetaxi anuncian un otoño caliente contra las VTC, para lo que se van a reunir con representantes de taxistas de toda España con un único objetivo: plantear estrategias conjuntas de actuación. Y todo porque una de sus principales preocupaciones no se cumple: la exigencia de que Uber y Cabify paguen sus impuestos en España y no en paraísos fiscales.

Los taxistas han ganado una batalla, pero la guerra todavía no ha terminado. ¿Logrará De la Serna la firma del armisticio por ambas partes? Es la gran pregunta, porque en caso de que no sea así, las cosas se pueden poner todavía más complicadas. Desde Unautovtc ya empiezan a pedir a los ciudadanos “que defiendan sus derechos y digan basta a la coacción de los taxis”.